La corrupción penetra la gestión de los consejos comunales

La corrupción penetra la gestión de los consejos comunales
Contraloría, Fiscalía y AN investigan ilícitos cometidos por el "poder
popular"
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
lunes 18 de junio de 2012 12:00 AM

Al consejo comunal Chaparral Los Pinos, del estado Vargas, le asignaron
3 millones 950 mil 580 bolívares para dos obras: ejecución del proyecto
de sustitución y rehabilitación de viviendas, y la adquisición y
reparación de la casa comunal.

De ese monto, Bs 1 millón 750 mil 359 se giró a través de 305 cheques
que no cuentan con los soportes que justifiquen los desembolsos. Además,
26 cheques, por Bs 179 mil 800, fueron emitidos a nombre de un miembro
de la Unidad de Gestión Financiera, para que realizara pagos en
efectivo. Luego, erogaron Bs 23 mil 100 para la redacción de documentos
de contratación de obra, aunque los convenios en cuestión no están
suscritos por los integrantes del consejo comunal y la empresa.

Las facturas reflejan que otros Bs 20 mil 148,77 se fueron en conceptos
como "restaurantes, donaciones y mantenimiento de vehículos", que no
guardarían relación con los planes originales. Conclusión: "los
comprobantes presentados no son suficientes para formarse un criterio
acerca de la idoneidad en el manejo y aplicación de los recursos, así
como de la legalidad y sinceridad de las operaciones realizadas por
dicho consejo comunal".

Este caso aparece en el informe de gestión de 2011 de la Contraloría
General de la República, que dedica un capítulo a evaluar "la gestión en
las instancias del poder popular".

El despacho de Adelina González midió el desempeño de cuatro consejos
comunales el año pasado y detectó cosas como estas: "no se evidenció
documentación relacionada con la verificación técnica de proyectos
comunitarios, que debe emanar la Coordinación de Proyecto de la
Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Popular, tal
situación no permite determinar si los proyectos cumplen con los
requerimientos técnicos necesarios para su financiamiento (...)
debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que
respalda las operaciones financieras (...) y deficiencias en cuanto a
los procedimientos de seguimiento y supervisión de los proyectos".

Mucha preocupación

El "poder popular", que en el discurso oficial es ensalzado como ejemplo
de transparencia y honestidad, ya está salpicado por infinidad de denuncias.

En abril de 2011, el abogado Nelson Mejías, responsable de la Dirección
contra la Corrupción del Ministerio Público, declaró que investigaban 1
mil 500 irregularidades supuestamente cometidas por voceros de los
consejos comunales.

En los primeros cuatro meses de 2011, refirió el propio Mejías, habían
imputado a 76 personas y acusado a otras 58 por ilícitos registrados en
estas expresiones del "poder popular".

Los casos de corrupción dispararon las alarmas de la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional. El jefe de esa instancia, Pedro
Carreño (PSUV-Lara), anunció en marzo que conversaría con la contralora
general de la República, la fiscal Luisa Ortega Díaz y la Consultoría
Jurídica del Parlamento "para articular esfuerzos en procura de
establecer mecanismos de control de los fondos públicos manejados por el
poder popular".

La inquietud es válida. En 2011, el Gobierno nacional destinó unos Bs 5
millardos a más de 46 mil consejos comunales. El diputado Carlos Ramos
(UNT-Mérida), miembro de la Comisión de Contraloría, destacó que "en
muchos casos los consejos comunales manejan fondos superiores a los
asignados a las alcaldías, por tanto es importante implementar los
mecanismos que permitan que sean sujetos de control".

Buscando validar su tesis de que la AN puede vigilar y establecer
sanciones a los consejos comunales, Carreño solicitó la opinión de la
Consultoría Jurídica del Poder Legislativo.

No obtuvo la respuesta deseada. "La Comisión de Contraloría puede
ejercer control parlamentario sobre aquellos recursos públicos que son
administrados por los voceros que conforman los consejos comunales",
admitió el órgano asesor, pero luego advirtió: "no podrá declararse la
responsabilidad política de los voceros de los consejos comunales
involucrados en las presuntas irregularidades detectadas, por cuento
estos no ostentan la cualidad de funcionario público".

En sus manos

El razonamiento de la Consultoría Jurídica no complació a los diputados,
que tendrían un arma en sus manos para cambiar el rumbo de esta
historia: la reforma a la Ley contra la Corrupción, hoy paralizada y
bajo estudio en la Procuraduría General de la República.

En ese instrumento legal califican a los voceros de los consejos
comunales como funcionarios públicos, "a efecto de las regulaciones y
sanciones previstas en la ley".

La propuesta tiene entre sus objetivos reforzar los controles sobre el
dinero que se otorga a los consejos comunales, aumentando las
competencias de la Contraloría y exigiendo rendición de cuentas. Así
buscan evitar que la corrupción derrumbe el Estado comunal.

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