Oficiales venezolanos acusados de violar embargo de armas

Publicado el miércoles, 06.27.12

Oficiales venezolanos acusados de violar embargo de armas
Antonio Maria Delgado
adelgado@elnuevoherald.com

La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó cargos contra dos
oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana y otros dos residentes del sur
de Florida por sus presuntos esfuerzos de adquirir material bélico para
el régimen de Caracas pese a la prohibición a las ventas de armas
impuesta contra el país sudamericano.

La acusación, introducida ante la Corte del Distrito Sur de Florida,
alega que los oficiales Alberto Pichardo y Freddy Argüelles participaron
en la operación junto con Victor Brown y Kirk Drellich, residentes de
Hialeah y Davie, respectivamente.

Según el documento de la fiscalía, los acusados pretendían adquirir
componentes para aviones F-16, VF-5, OV-10 Broncos, Tucanos, y
helicópteros Super Puma.

Pichardo, de 40 años, Argüelles, de 37, y Brown, de 55, comparecieron el
martes por la tarde ante el juez federal Otazo Reyes, mientras que
Drellich, de 49, tiene previsto presentarse el 3 de julio.

La fiscalía federal dijio en un comunicado que Pichardo -quien reside en
Weston- enfrenta dos cargos de conspirar para violar la ley de Control
de las Exportaciones de Armamento y dos cargos de haber violado la misma
ley.

De ser encontrado culpable, Pichardo enfrenta una pena máxima de hasta
cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cada uno de los
cargos de conspiración y hasta 10 años de prisión y multas de hasta $1
millón por cada cargo de violación de la ley.

Drellich y Argüelles, quien reside en Pembroke Pines, enfrentan un cargo
de conspiración cada uno, una pena máxima de cinco años de cárcel y una
multa de $250,000 de ser encontrados culpables.

Brown, por su parte, es acusado de conspirar para violar la ley Control
de las Exportaciones de Armamento y de 18 cargos adicionales de haber
violado la misma ley.

De ser encontrado culpable, Brown enfrenta una pena máxima de hasta
cinco años y una multa de $250,000 por el cargo de conspiración y una
pena de 10 años y una multa de $1 millón por cada cargo de violación de
la ley.

Según los documentos del tribunal, Pichardo y Argüelles habrían
participado en varias reuniones e intercambiaron correos electrónicos
para adquirir componentes de aviones y otros equipos sin poseer una
licencia para hacerlo y en violación al embargo impuesto por Estado
Unidos a las ventas de armas a Venezuela.

La disposición, que entró en vigencia en el 2006, prohíbe a todo
fabricante de armamentos en el mundo que venda equipos militares a
Venezuela si éstos tienen componentes con tecnología estadounidense. La
medida fue impuesta por el gobierno del entonces presidente George W.
Bush por la negativa de Caracas de participar en la lucha contra el
terrorismo.

Según los documentos del tribunal, Pichardo era el oficial responsable
de la supervisión y el control de la oficina de adquisiciones militares
que Venezuela tenía en Doral y que el 23 de enero del 2009 contactó por
correo electrónico a un proveedor identificado solo como "S-1" para
adquirir asientos de eyección y municiones para aviones F-16.

El pedido fue seguido tres semanas después por otro correo electrónico
solicitando una lista de componentes buscados por la Fuerza Aérea
Venezolana para otros aviones.

Meses después, el 4 de agosto de ese mismo año, Pichardo envió una nueva
lista de componentes que incluían máscaras de oxígeno, antenas para
radares y transmisores de para radares, entre otros componentes.

En septiembre, Pichardo, Argüelles y otra persona identificada como
"K.L." se reunieron con "S-1" para conversar sobre la venta de los
componentes solicitados por la Fuerza Aérea Venezolana.

Esa reunión fue seguida por varias otras más entre los acusados y S-1, y
por el intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

En otro de los documentos de la corte, la fiscalía alega que Brown y
Pichardo realizaron arreglos para el envío de material militar a Venezuela.

En una de las operaciones, Brown participó en los esfuerzos por adquirir
dos motores T56 a nombre de la compañía española indentificada como
"Spanish Company #1", que luego debían ser enviados a Venezuela.

Drellich, por su parte, es acusado de venderle a Brown distintos
componentes, que también tenían a Venezuela como destino.

La prohibición a la venta de armamentos a Venezuela -que se dio en medio
del marcado deterioro de las relaciones entre los dos países bajo el
gobierno de Hugo Chávez- dejó al gobierno de Caracas sin manera de
conseguir los insumos y los repuestos de gran parte de su parque bélico,
que previamente había sido adquirido a Estados Unidos.

La medida fue tomada por la administración Bush luego de que Venezuela
fuese incluida en la lista de "países de preocupación" en el marco de
sus estrechas relaciones con Cuba e Irán y afectó no sólo la venta de
unidades estadounidenses, sino también de equipos de otros países que
tuviesen algún tipo de componente del país norteamericano.

El reportero Michael McGuire contribuyó a la elaboración de esta historia.

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http://www.elnuevoherald.com/2012/06/27/v-fullstory/1238214/acusan-a-oficiales-venezolanos.html