Gobierno ignora peticiones para fortalecer autonomía judicial
Gobierno aceptó 20 sugerencias formuladas en la ONU
JUAN FRANCISCO ALONSO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
miércoles 12 de octubre de 2011 12:00 AM
Ginebra.- En saco roto. Allí fueron a parar las expresiones de
preocupación sobre la independencia del Poder Judicial y las
recomendaciones que al menos una docena de Estados miembros de las
Naciones Unidas formularon a las autoridades venezolanas para revertir
la situación durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos,
que ayer concluyó en la ciudad suiza de Ginebra.
De las 38 sugerencias que figuraban en el informe final, aprobado este
martes por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que
las autoridades venezolanas rechazaron, bajo los argumentos de que
"violan la Constitución", "representan una injerencia en los asuntos
internos" y/o "son irrespetuosas", once buscaban precisamente asegurarse
que jueces y fiscales pudieran realizar su labor con la mayor autonomía
posible.
La delegación encabezada por el vicecanciller para Europa, Temir Porras,
se negó a aceptar las peticiones que las delegaciones de Australia,
Alemania y Reino Unido, por ejemplo, formularon el viernes pasado para
que cesen los nombramientos provisorios de jueces y fiscales y para que
las designaciones se realicen de acuerdo a méritos.
Llama la atención que las autoridades no hayan aceptado esta
recomendación, la cual parece calcada del artículo 255 de la
Constitución, el cual reza: "El ingreso a la carrera judicial y el
ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición
públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y
serán seleccionados por los jurados".
En la actualidad más del 50% de los 1.920 jueces que hay en Venezuela
son provisorios y accedieron a sus puestos porque fueron designados por
la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y hasta septiembre
pasado, cuando se instalaron el Tribunal y la Corte Disciplinaria
Judicial, esa misma instancia podía removerlos sin ningún tipo de
procedimiento.
Desde que en 2005 se puso en marcha el proceso para la regularización de
la titularidad de los jueces, el TSJ no ha vuelto a convocar ningún
concurso. En contraposición la fiscal general de la República, Luisa
Ortega Díaz, anunció la semana pasada ante el Consejo de Derechos
Humanos que su despacho iniciará este mes el proceso para combatir la
provisionalidad, que en su despacho llega al 100%.
La ONU ha dictaminado que una de las formas para garantizar a los jueces
y fiscales su autonomía es que gocen de estabilidad en sus cargos y que
sus ascensos sean por méritos.
La única recomendación sobre la independencia del Poder Judicial que las
autoridades dijeron que estudiarían, y que en marzo próximo dirían su
aceptan, fue la planteada por la delegación belga, la cual propuso que
se incrementarán los medios materiales y humanos para reducir el retardo
procesal.
Ni de broma
Posibilidad de reformar leyes como el Código Penal y el Código Orgánico
de Justicia Militar, para suprimir los delitos de vilipendio, difamación
e injuria; la Ley de Partidos Políticos, la cual obliga a los diputados
votar lo que su tolda les ordena so pena de inhabilitación, y/o desechar
definitivamente el proyecto de Ley de Cooperación Internacional,
instrumento que busca controlar el financiamiento que las ONG reciben
del exterior, fueron rechazadas también por el Gobierno.
Igualmente el Ejecutivo desatendió la petición hecha por delegaciones
como Japón o Bélgica para que las decisiones que adopten organismos
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean
aplicadas en Venezuela, tal y como lo ordena el artículo 23 de la Carta
Magna.
Tampoco quiso comprometerse a castigar a los responsables de los ataques
contra periodistas ni activistas de Derechos Humanos ni a tomar medidas
para garantizarle a los ciudadanos que puedan acceder a la información
que manejan los organismos públicos.
En veremos
La delegación venezolana analizará otras 15 recomendaciones, entre las
cuales resaltan permitirle a los relatores de las Naciones Unidas y de
la Organización de Estados Americanos que puedan visitar el país para
verificar la situación de las garantías fundamentales.
Desde 2002 el Gobierno se ha negado insistentemente a autorizar que
organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
puedan ingresar al territorio nacional, bajo el argumento de que los
mismos están parcializados y que respaldaron su intento de derrocamiento
en abril de ese año.
Este hecho fue destacado por la directora del Comité de Familiares de
Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana
Ortega, quien viajó a Ginebra para presenciar el desarrollo del Examen
Periódico Universal, pues "Venezuela ha mantenido una actitud de abierto
desacato a sus obligaciones internacionales".
Por último, no desechó de plano la posibilidad de abrir un diálogo con
las organizaciones pro Derechos Humanos ni con las de la sociedad civil
para diseñar un plan nacional de Derechos Humanos, tal y como se lo
solicitó la representación de Brasil.
No comments:
Post a Comment