Ni el petróleo se salva
La producción de crudo en las áreas de más antigua explotación petrolera
en Venezuela se estancó y en algunos casos cayó, debido a los problemas
que tuvieron las empresas para conseguir financiamiento, dijeron fuentes
de los proyectos
El Gobierno de Hugo Chávez volvió a amenazar recientemente a las
empresas mixtas que operan campos maduros, conformadas por la estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y firmas privadas, con retirarles los
permisos si no cumplen las metas de bombeo que se fijaron cuando fueron
estatizadas en 2006.
Pero directivos de algunas compañías se quejan de que en abril el
Ministerio de Energía endureció los impuestos que rigen en el país socio
de la Opep, lo que habría afectado créditos que habían sido negociados
con bancos extranjeros para financiar los proyectos. "Algunas empresas
ya tenían créditos amarrados e incluso preaprobados, pero el ajuste del
impuesto derrumbó los planes", dijo un director de una compañía privada,
que prefirió el anonimato por no estar autorizado para declarar.
Por acumular hasta un siglo de explotación ininterrumpida, estas áreas
requieren de elevadas inversiones para detener o revertir la declinación
natural de los yacimientos.
Estas empresas mixtas reúnen una capacidad de producción de 400.000
barriles por día -alrededor de 15 por ciento del total del país- y,
aunque desde el Gobierno no ha dado cifras detalladas de extracción de
este año, muchas firmas participantes aseguran que el bombeo va en
caída. "Para revertir la declinación de los campos se requiere aplicar
técnicas de recuperación secundaria y en la gran mayoría de los casos el
horizonte de recuperación de las inversiones no da", agregó la fuente.
Cálculos de las propias compañías apuntan a que se requieren al menos
unos 1.000 millones de dólares para sacar a un puñado de empresas del
estancamiento y elevar la extracción en otras para alcanzar las metas
fijadas por el Ministerio.
Mientras algunas recurren a sus casas matrices en busca de capital, el
ministro de Energía, Rafael Ramírez, ha advertido que las más pequeñas
tendrán que fusionarse para sobrevivir, pues Pdvsa tiene enfocadas sus
inversiones en áreas de más reciente explotación, como la exigente Faja
del Orinoco.
ENTORNO DESFAVORABLE
Las firmas comenzaron a presentar planes de alza de producción, basados
en la ejecución de inversiones extraordinarias, tras una carta enviada
por el ministro Ramírez a finales del2010 a las empresas que operan
campos maduros.
El Gobierno aceptó los planes, pero meses después anunció un
considerable incremento en el impuesto a los "precios exorbitantes del
crudo" que, aunque excluye la producción incremental de los campos
maduros, grava la extracción actual, poniendo en jaque su rentabilidad.
Una fuente de una firma extranjera con varios activos en Venezuela dijo
a Reuters que ante un entorno económico difícil, el ajuste tributario
minimizó las oportunidades de obtener crédito privado en el exterior.
Estos financiamientos son cada vez más imprescindibles para elevar el
bombeo pues, desde que fueron estatizadas, las empresas mixtas sufren de
constantes problemas de flujo de caja por el tardío pago de dividendos
de la estatal.
A esto se suman los recortes de presupuesto ejecutados por Pdvsa en
2009, en medio de la debacle de precios del crudo. La falta de inversión
estaría afectando particularmente al occidental estado Zulia, que desde
hace dos años sufre una caída apreciable de producción, con pocas
excepciones como campo Boscán, en donde participa Chevron , y Urdaneta,
en donde interviene Shell. "Las empresas mixtas de Occidente tienen una
declinación acelerada difícil de revertir. Sólo los campos más grandes
pueden realizar inversiones recuperables, a los medianos y pequeños no
les dan los números", dijo un directivo de una empresa asentada en el
estado Zulia.
Pero el Gobierno no abandona la idea de forzar un incremento de
producción en los campos maduros. "Creemos que el sector privado puede
hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora", dijo Ramírez el mes
pasado en un congreso petrolero, tras insistir en que las licencias
podrían ser retiradas si las metas de bombeo no se cumplen.
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