Nobel Medrano
Viernes, 28 de octubre de 2011
El monopolio gubernamental del oro causa graves efectos económicos y
sociales
Abre una gran brecha a la subsistencia de la pequeña minería y a la
inversión en proyectos de exploración y explotación, aseguró el ex
diputado nacional por el estado Bolívar, Rafael Rodríguez Acosta
La Ley que le reserva al Estado las actividades de exploración,
explotación y comercialización del oro, crea un monopolio gubernamental
que causa graves efectos en la vida social y económica del estado
Bolívar, aseguró aquí el ex diputado nacional por esta entidad Rafael
Rodríguez Acosta.
Aduce el ex parlamentario, quien presidió por varios años la sub
comisión especial de minería del parlamento nacional, que el efecto en
la pequeña minería de este "instrumento excluyente" del Estado, "es
catastrófico" pues la reduce a un elemento bajo el control riguroso del
gobierno, vale decir de los militares y sometido a una suerte de cobro
de peaje permanente, porque impone una "sociedad" en la que el pequeño
minero es el sujeto débil que trabaja y produce y el fuerte es el
gobierno, el que usa el garrote y se lleva la mayor parte sin derecho a
reclamo por parte del débil so pena de ser acusado de violar la Ley.
Estima Rodríguez Acosta que esta "ley monopólica", impacta la vida y la
forma de subsistencia de unos 500 mil mineros de Guayana y sus
familiares, así como a comercios, talleres de orfebrería,
transportistas, empresas de servicio y en líneas generales a toda una
región, desde Caicara del Orinoco hasta Santa Elena de Uairén, cuya
subsistencia económica gira en torno a la actividad aurífera y diamantífera.
Dijo que la ley abre una gran brecha a la subsistencia de la pequeña
minería y a la inversión en proyectos de exploración y explotación, pues
legaliza la ya excesiva discrecionalidad del Estado sobre la actividad
minera y al propio tiempo, se apropia de manera exclusiva de su
comercialización y de su rentabilidad, e introduce más severidad a la
modalidad perversa de agresiones a las comunidades mineras de Guayana,
bajo el argumento de frenar la explotación y el contrabando de la
minería ilegal, precisamente una consecuencia directa de la ausencia de
una verdadera política minera, que garantice la subsistencia de la
actividad y la apertura de fuentes de trabajo para decenas de miles de
padres y madres de familia.
Anunció que como siempre lo ha hecho a lo largo de más de 40 años de
vinculación directa con los pueblos mineros de Guayana, se coloca al
lado de sus luchas por una rectificación en este nuevo instrumento legal
que introduce el gobierno nacional a través de la Ley Habilitante y que
representa la muerte de la minería artesanal e inclusive industrial,
pues deja de ser un buen negocio para los particulares, para convertirse
en un excelente negocio para el gobierno y en una nutritiva fuente para
la corrupción.
Cree Rodríguez Acosta que el reciente anuncio de la creación de
Comisiones de Transición y Negociación para la conformación de empresas
mixtas, formulado por el Ministerio de Industrias Básicas y Minería
(Mibam) con mayoría accionaria del gobierno venezolano, constituye otro
parapeto burocrático condenado al fracaso, que atenta contra la
estabilidad laboral de los trabajadores de la minería industrial y
artesanal y al que debemos rechazar categóricamente porque está cargado
de malas intenciones.
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