RICARDO TROTTI | EL UNIVERSAL
domingo 30 de octubre de 2011 12:00 AM
La batalla contra la corrupción jamás será ganada si los ciudadanos se
mantienen indiferentes ante el secretismo y la cultura del silencio que
estimulan e impulsan algunos gobiernos y no pocas entidades privadas.
Esta pelea por exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso
a la información pública no es suficiente si solo la dan las
organizaciones no gubernamentales, como esta semana pidió la Alianza
Regional por la Libre Expresión durante las sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia, los protagonistas de
la "Primavera Árabe" y los del movimiento Ocupemos Wall Street en
Estados Unidos, están demostrando que cuando los ciudadanos se expresan
y organizan en torno a objetivos comunes, los gobiernos escuchan; y se
producen cambios.
La mayor exigencia debe ser para los gobiernos ya que pocos son
transparentes y muchos no cuentan con leyes de acceso a la información
que los obliguen a rendir cuentas o permitir que se les audite, como
Venezuela. En ese país, el grupo Espacio Público denunció que de 65
peticiones de información hechas al gobierno en el último trimestre, un
84% quedó sin respuestas.
Pero aún con esas leyes de acceso, tampoco existen garantías de gobierno
abierto y transparencia. En Guatemala, Jamaica y República Dominicana
hasta los partidos políticos las incumplen, mientras que en Canadá, una
auditoría hecha por periódicos, reveló que solo un 61% de agencias
gubernamentales entregó información dentro de los 30 días estipulados
por una legislación vigente desde hace dos décadas.
En materia de corrupción, los gobiernos tienen doble responsabilidad,
porque primero deben probar su honestidad para después exigirla. Un
estudio del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra el
Delito, demostró cómo los funcionarios corruptos aprovechan vacíos
legales y subterfugios jurídicos para malversar fondos estatales y
aceptar sobornos. En cuanto a la reducción de delitos que se cometen a
través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, el estudio
exigió información pública más accesible y legislación para mejorar
auditorías.
Esta semana el Congreso de Brasil pareciera haber escuchado. Aprobó la
Ley de Acceso y Transparencia después de ocho años de trabas, en
especial de los senadores y ex presidentes José Sarney y Fernando Collor
de Melo, que no se destacaron por ser gobiernos de manos limpias. La
nueva ley, que obligará al gobierno federal, a 26 estados y más de cinco
mil municipios a contestar peticiones, revelar datos en Internet y
promover la participación ciudadana en audiencias públicas, será una
herramienta que bien aprovechada, permitirá a la presidenta Dilma
Rousseff profundizar su ataque contra la corrupción.
Lo destacable, es que Rousseff no tendría la determinación para luchar
contra la corrupción -acaba de deshacerse de su quinto ministro esta
semana- de no ser por las muestras públicas de indignación en Brasilia
contra los escándalos impunes. No es para menos, en Brasil la corrupción
es cultural. La Federación de Industrias calculó que en la última
década, el desfalco a las arcas del Estado -es decir al bolsillo de
todos- alcanzó a la vergonzante cifra de 406 mil millones de dólares,
similar a la deuda externa conjunta de varios países latinoamericanos.
Existen todavía gobiernos muy renuentes a tener leyes de acceso a la
información. Ojalá que la actitud de Brasil contagie a otros, como al de
Cristina de Kirchner, para que no crea que el 54% de votos en su
reelección, es un cheque en blanco para mantener el silencio y no
investigar la corrupción propia y ajena. Ojalá también sacuda al
presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien de ser reelecto el 16 de
noviembre, querrá mantener el hermetismo de su función, criticada hasta
por los periodistas de medios oficiales.
La experiencia indica que si bien estas leyes no son la panacea, son el
primer paso ideal para cambiar la cultura del silencio por una
mentalidad más abierta y responsable, en la que los gobiernos tomen
conciencia que los ciudadanos son los verdaderos propietarios del Estado
y a quienes deben sus servicios.
Pero exigir esa cambio de mentalidad, no es tarea de las organizaciones,
sino responsabilidad directa de los ciudadanos.
http://www.eluniversal.com/opinion/111030/como-derrotar-la-corrupcion
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