30-Oct 06:35 am|Alejandro Hinds
Hace un año, el presidente Chávez anunció las primeras medidas contra
proyectos en desarrollo
A un año de que el Gobierno comenzó a intervenir conjuntos residenciales
en construcción que eran manejados por empresas acusadas de cobro ilegal
de ajustes por inflación, retrasos en las obras y otras irregularidades,
hay por lo menos 27 urbanismos en los que todavía no se ha entregado ni
una sola vivienda.
El 31 de octubre de 2010, el presidente Hugo Chávez anunció, en su
programa dominical, la expropiación forzosa de 6 proyectos
inmobiliarios, la ocupación temporal de 8 y la fiscalización especial de
19, para un total de 33 desarrollos intervenidos.
Las medidas gubernamentales continuaron en los meses siguientes e
hicieron que la cifra de conjuntos residenciales en construcción bajo
control del Ejecutivo subiera hasta 68, según Augusto Montiel,
presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de
Bienes y Servicios.
Eso quiere decir que en 40% de los urbanismos que han sido intervenidos
por el Gobierno, las familias aún no han empezado a recibir las
viviendas que compraron en preventa a las constructoras y en las que
invirtieron buena parte de sus ahorros.
La lista incluye proyectos cuya construcción terminó total o
parcialmente como Boca de Río (Carabobo), Bosque Alto (Zulia), Bosquemar
(Anzoátegui), Lomas del Cercado (Lara), Los Lirios (Sucre), Monteclaro
Laguna (Miranda) y Prados de Aragua.
Pero en la mayoría de los desarrollos el problema es que no se ha
construido vivienda alguna. Tal es el caso, en el área metropolitana de
Caracas, del conjunto residencial Las Acacias, en Terrazas de Guaicoco,
y de los 8 edificios de las etapas 3 y 4 de El Encantado, en El Hatillo.
En Miranda están en la misma situación los urbanismos Bosque Real
(parcelas 4 y 8) y Vistas de Matalinda (parcelas 1 y 2), mientras en
Carabobo figuran los proyectos Aguamarina, Montemayor (etapas 4, 7 y 8)
y Lomas de la Hacienda (lote 5).
Tampoco se ha terminado ni una sola vivienda en los desarrollos Balcones
de Paraguaná (etapas 3, 4, 5 y 6), en Falcón; Jardín Los Naranjos, en
Zulia; Laguna Llano, en Cojedes; Las Marites (parcelas 8 y 9), en Nueva
Esparta; y Palmarito, en Guárico.
Balance oficial. Montiel considera que la intervención estatal de
conjuntos residenciales en construcción era necesaria ante la presencia
de empresas que se dedicaron a "utilizar modelos planificados de usura y
especulación para elevar el precio de las viviendas".
Aseguró que la intervención estatal ha beneficiado a cerca de 50.000
personas, incluidas más de 32.000 que tienen garantizada la entrega de
sus inmuebles este año o el próximo y más de 12.000 que han sido
indemnizadas por los montos en exceso que tuvieron que pagar a las
constructoras.
Agregó que en la mayoría de los urbanismos intervenidos se han reanudado
las obras y se han comenzado a entregar las viviendas, gracias al
trabajo conjunto de los organismos del Estado y al compromiso firmado
con la Asociación Bancaria de Venezuela.
Las instituciones financieras asumieron la responsabilidad de finalizar
57 proyectos que recibieron préstamos hipotecarios para ser construidos.
"Era su deber porque no habían cumplido con su obligación de
salvaguardar el dinero de los ahorristas", apuntó Montiel.
El estatus publicado mensualmente por la Asociación Bancaria muestra que
los desarrollos que manejaban las entidades privadas al 30 de septiembre
sumaban 15.389 viviendas, de las cuales 6.401 estaban terminadas y 8.951
en construcción.
El documento también precisa que, entre las viviendas terminadas, 3.539
han sido protocolizadas y 2.862 están pendientes por varias razones:
activación de servicios públicos, permisos de habitabilidad y
solicitudes de crédito, entre otras.
José Grasso Vecchio, director ejecutivo de la Asociación Bancaria,
informó que el número de viviendas que han sido entregadas por las
instituciones financieras del sector privado asciende a 5.000, lo que
representa 26% de las 19.000 que tienen a cargo.
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