26-Oct 05:40 am|Alejandro Hinds
Factores como la región geográfica y la vulnerabilidad sísmica serán
tomados en cuenta por la Superintendencia de Arrendamiento
La Asamblea Nacional aprobó los factores que se tomarán en cuenta para
calcular el valor del inmueble y el canon de alquiler, durante la
continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la
regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La propuesta original, que estaba diferida, incluía el valor de
reposición, el tamaño del inmueble y el porcentaje de depreciación. El
artículo aprobado incorpora la región geográfica, la vulnerabilidad
sísmica y otros criterios que establezca la Superintendencia de
Arrendamiento.
La bancada de oposición criticó la propuesta por considerar que debe
quedar suficientemente claro el peso de cada factor.
"El valor del inmueble se deja a discrecionalidad de un funcionario
público y eso se prestará para corrupción", dijo el diputado Juan Carlos
Caldera, de Primero Justicia.
La parlamentaria María Corina Machado calificó de comunista la idea de
que el Gobierno sea el que defina cuánto vale una vivienda. "Se
destruirá el ahorro de la sociedad, se acabará la oferta de alquiler y
se generará conflictividad social", advirtió.
El diputado Leomagno Flores, de Acción Democrática, aseguró que el
método para fijar los cánones descapitalizará a todos los venezolanos
que invirtieron en inmuebles como un mecanismo para ahorrar, protegerse
de la inflación o complementar la seguridad social.
Ampliación. Los parlamentarios también aprobaron los artículos que crean
la defensa pública en materia civil y administrativa especial
inquilinaria y del derecho a la vivienda.
La propuesta original fue ampliada por el oficialismo para crear un
sistema nacional que incorpora al Ministerio de Vivienda, la
Superintendencia de Arrendamiento, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo
y los tribunales.
La bancada de oposición criticó las atribuciones otorgadas a la
instancia. "En realidad se está creando una fiscalía inquilinaria porque
se confunden las funciones de un defensor público con las de un fiscal",
dijo Flores.
El parlamentario oficialista Elio Serrano justificó la defensa pública
especial y sus facultades: "Es necesario proteger al débil jurídico en
la relación arrendaticia e involucrar a todos los organismos".
Los artículos sobre las residencias estudiantiles indican que las
habitaciones tengan un tamaño mínimo de 9 metros cuadrados y cuenten con
los espacios "necesarios para estudio, desarrollo integral y esparcimiento".
También que los contratos tomen en consideración el programa de estudio
y que los propietarios de las viviendas se registren ante la
Superintendencia de Arrendamiento, que homologará las normas de convivencia.
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