23-Oct 07:06 am|Edgar López
Rafael Chavero, Marcelino Bisbal, Miguel Ángel Latouche y Andrés Linares
Benzo coinciden en que se pretende silenciar a los medios de
comunicación críticos en la coyuntura preelectoral del país
"Contra Globovisión el Gobierno ha utilizado diversos y numerosos
mecanismos de censura", afirma el abogado Rafael Chavero. En verdad, la
lista es larga: ataques físicos y verbales a sus propietarios y
periodistas, atentados contra las instalaciones, persecución judicial,
procedimientos administrativos tendientes al cierre del canal y a la
revocatoria de su concesión para usar el espacio radioeléctrico,
presencia accionaria estatal en la empresa, allanamientos y
confiscaciones a compañías relacionadas, discriminación en la asignación
de publicidad oficial y sanciones tributarias.
El martes Conatel impuso una multa de 9,3 millones de bolívares por la
presunta violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, mediante la cobertura periodística de los sucesos violentos
ocurridos en las cárceles de El Rodeo, del 16 al 19 de junio. No parece
simple casualidad que, precisamente, contra Globovisión se hayan
estrenado las sanciones establecidas en la reforma a la ley, que entró
en vigencia el 7 de febrero de este año.
El artículo 27 de la ley reformada prohíbe la difusión de mensajes que
inciten o promuevan el odio, la intolerancia y el incumplimiento del
ordenamiento jurídico vigente, así como los que hagan apología del
delito. Todo eso le imputaron a Globovisión para aplicarle una multa de
10% de los ingresos brutos obtenidos en 2010.
En un comunicado emitido ayer, Globovisión insistió en señalar que la
multa es impagable y anunció que solicitará su suspensión. El miércoles,
el consultor jurídico Ricardo Antela había informado que pagarían antes
del 31 de diciembre.
Chavero, al igual que el director de posgrado en Comunicación Social de
la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal; el director de
la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de
Venezuela, Miguel Angel Latouche; y el abogado especialista en
legislación de las telecomunicaciones Andrés Linares Benzo coinciden en
señalar que la multa a Globovisión tiene una motivación esencialmente
política y vinculada a la coyuntura preelectoral del país: silenciar las
críticas a la gestión gubernamental.
El alicate. Pedro Maldonado, director de Conatel, argumentó que la
sanción obedecía al tratamiento editorial de los sucesos de El Rodeo por
parte de Globovisión. Repudió que se hubieran utilizado y reiterado los
testimonios "más sentidos", "más desesperados".
Marcelino Bisbal pregunta: ¿Es que acaso Maldonado desconoce a tal
extremo la función periodística para no darse cuenta del valor noticioso
de un testimonio sentido o desesperado? "Yo creo que todo obedece a una
estrategia política en la víspera de un proceso electoral. El Gobierno
está lanzando un mensaje, como quien dice: `Cuidado, si hemos hecho esto
con Globovisión, lo podemos hacer con cualquiera'. El propósito es
generar autocensura".
Bisbal explica que en El Rodeo no fueron los periodistas los que
causaron alarma, sino la noticia que estaba ocurriendo en las cárceles
mirandinas.
Miguel Ángel Latouche agrega: "Es como si castigara la transmisión
reiterada de las imágenes sobre el atentado a las Torres Gemelas de
Nueva York". En su opinión, el Gobierno pretende imponer a los
periodistas de los medios privados el modo de hacer el trabajo en los
canales oficiales, a propósito de la obvia evaluación de la gestión
gubernamental que implica la proximidad de las elecciones presidenciales.
Latouche considera inaceptable que el Gobierno presente a Venezolana de
Televisión como paradigma de buen periodismo, "a pesar de que en el
canal del Estado se transmiten mensajes de intolerancia y odio", recordó.
Conatel no aplica la Ley Resorte con imparcialidad, concluyen Bisbal y
Latoche, mientras que Andrés Linares Benzo recuerda que el Directorio de
Responsabilidad Social está integrado por 11 personas, 8 de las cuales
son funcionarios dependientes del Gobierno. "Esa es una falla de origen
insalvable", expresó Linares Benzo, que también considera que la sanción
a Globovisión tiene un trasfondo político electoral.
Rafael Chavero resume la tesis: "El Gobierno va a utilizar todos sus
alicates -símil utilizado por el Presidente- para evitar denuncias
comprometedoras. Por su estado de salud, Chávez va a hacer buena parte
de su campaña a través de los medios. Son previsibles centenares de
cadenas presidenciales, mucha publicidad para los medios oficiales y
mucha presión para los privados".
"La desinformación es lo que alarma"
A Sandra Guerrero, la más experimentada reportera de sucesos de
Venezuela, le correspondió tranquilizar y ayudar a una mujer procedente
de Caucagua que buscaba a su sobrino desesperadamente en la morgue de
Bello Monte, en medio del caos que imperaba en las cárceles de El Rodeo.
"Muchas madres nos decían que se enteraron de lo que estaba pasando por
los medios privados. Una contó que nunca había utilizado Internet, pero
tuvo que aprender a hacerlo para proseguir la búsqueda de su familiar.
El Gobierno nunca publicó una lista de muertos y heridos, y demoró en
precisar los trasladados a otros penales.
La violencia en las cárceles es alarmante, pero no por culpa de los
periodistas, sino por la desidia del Estado. La desinformación es lo que
alarma y eso fue lo que ocurrió en El Rodeo", concluye Guerrero.
Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, razona
que el Estado no informa sobre lo que ocurre en las prisiones, por lo
cual los mismos reclusos y sus familiares se convierten en fuente de
información.
"Es insultante señalar, como lo ha hecho Conatel, que las mujeres que se
agolparon en El Rodeo eran presuntos familiares de los presos. Nadie se
expone, por gusto, a tragar bombas lacrimógenas".
Nieto asegura que la desinformación persiste como regla: "Del secuestro
en Tocuyito y de los más recientes muertos en La Planta nos enteramos
por los presos y sus familiares". Asegura que muchos episodios de
violencia carcelaria nunca trascienden a la opinión pública.
"Pensemos en los llamados fritos, en los presos que no tienen o no
cuentan con su familia. Muchos mueren y nadie los llora".
¿Cómo medir la zozobra?
El penalista Alberto Arteaga Sánchez explica que las infracciones
imputadas a Globovisión también son delitos penales: "Pareciera que
ahora el Gobierno utiliza los procedimientos administrativos porque son
mucho más expeditos y contundentes que los penales.
Una multa impuesta por Conatel debe pagarse en corto plazo, a menos que
un juez diga lo contrario; lo cual es poco probable".
El fondo de la controversia en el caso de El Rodeo es el impacto de las
noticias derivadas de la violencia carcelaria. "Es imposible que lo que
ocurre en nuestras cárceles no cause conmoción", afirma Arteaga.
El problema, en su opinión, es que se han creado faltas y delitos
asociados al llamado terrorismo mediático, sin el rigor imprescindible
para evitar la aplicación arbitraria de las normas. "Por ejemplo,
pregunta Arteagacómo Conatel o un juez pueden medir la zozobra? ¿Cómo
proscribir las noticias sobre la crisis penitenciaria sin incurrir en
censura?".
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