Cerca de 500 nacionalizaciones decretó Chávez durante el 2011
El 2011 no fue un buen año para la empresa privada. Es el año en que más
expropiaciones ha emprendido el Gobierno nacional, con un
fortalecimiento del cerco a la industria y la amenaza de más controles
para el 2012 que recién empieza.
El presidente de Fedecámaras Carabobo, Antonio Landaeta, citó números de
Conindustria para destacar que cerca de 500 nacionalizaciones decretó el
presidente Chávez durante el 2011. Entre esas están OxiMetal, Sidetur,
Owens Illinois, entre otras.
Las expropiaciones están fuera de la ley, acusa el presidente de la
Cámara de Industriales de Carabobo, Gerardo Barreto. "No hay sentencia,
ni hay pago como lo indica la Constitución de 1999".
A la par, los diversos problemas que enfrentan las empresas han
provocado el cierre de algunas de ellas en Carabobo. El presidente de la
Cámara de Industriales, Gerardo Barreto, nombró tres que debieron
clausurar: Filtrona (una procesadora de plástico y fibra de vidrio en
Castillito), Rhodia (desarrollador de especialidades químicas) y
EuroDrive (fabricante alemana de motorreductores). Además habló de otras
que reportaron problemas para mantener la producción estable en 2011:
Pirelli, Heinz, General Motors, Coca Cola y Chrysler.
Cifras mostradas por Barreto muestran una evolución negativa de la
industria manufacturera nacional. En una década los locales se han
reducido en 36%, mientras que en Carabobo el número se dispara en 44%:
de 1.687 empresas en 1998 a 942 en 2007. "El sector industrial está
fuertemente amenazado".
El empleo cayó en 25% en el ámbito general. Con respecto a Carabobo,
Barreto informó que genera 177 mil 537 puestos de trabajo, lo que
significa 20% de la mano de obra manufacturera del país.
Landaeta afirma que por primera vez el principal problema de la
industria no son el cerco y los ataques desde el Gobierno, sino la falta
de materias primas nacionales y extranjeras.
El cemento, las cabillas y la maquinaria, necesarios sobre todo en el
sector construcción, escasearon durante todo el año. La producción de
las dos primeras está en manos del Estado, a través de confiscaciones y
estatizaciones. "Antes (de las expropiaciones) no había, pero ahora
menos", critica Landaeta, que al tiempo no justifica tal desabastecimiento.
El control de cambio sigue siendo una traba para obtener divisas
oportunamente y comprar insumos en el exterior. Un informe de la Cámara
de Industriales indica que los tiempos para obtener el certificado de no
producción van desde los 31 a los 60 días y para obtener luego la
autorización de liquidación de las divisas de 61 a 120 días. El Sitme,
un sistema paralelo para comprar dólares a través de papeles de manera
legal y a un precio más elevado, no termina de cubrir la demanda nacional.
El colapso en los puertos, sobre todo el de Puerto Cabello, más cercano
a la zona industrial carabobeña y el principal del país, tampoco ayuda a
mejorar las expectativas de las empresas. "Venezuela no ha llegado al
siglo XXI. Tiene los problemas que ya otros países que nos rodean han
superado", reflexionó Barreto.
Landaeta enumeró que los principales sectores industriales en problemas
son las ensambladoras de vehículos y fabricantes de partes automotoras,
elaboradores de envases (de cualquier tipo) y la agroindustria. "Antes
era suficiente, pero hoy en día no da la producción", criticó. Como
ejemplo puso el arroz y el café, cuya producción cayó debido a la
congelación de los precios desde hace cuatro años.
Barreto se preguntó por qué el país no avanza y más bien parece echar
para atrás. Significó que la población es de casi 30 millones de
personas y la producción es la misma de hace 25 años.
Otro de los factores, esgrimido por Barreto, es el entorno laboral, con
una inamovilidad impuesta desde 2003 y prorrogada hasta finales de 2012,
el ausentismo, la fiscalización discrecional, la conflictividad, un
marco legal regulatorio, la anarquía sindical y compleja, y la solvencia
obligatoria para la importación de insumos y materias primas. La mayoría
son problemas intangibles.
Para este 2012, la Ley de Costos y Precios Justos promete más
inconvenientes a los industriales. En diciembre de 2011 ya las empresas
fabricantes y comercializadoras de productos de aseo personal debieron
inscribirse en la Superintendencia de Costos y presentar las estructuras.
Pequeña y mediana industria poco competitiva ante las trabas
La pequeña y mediana industria de Carabobo no puede hacer un balance
positivo de 2011. Por sus características y tamaño, siempre el impacto
que recibe de las medidas económicas es mayor que el recibido por los
grandes fabricantes de productos. William Rojas, primer vicepresidente
de Capemiac, la cámara que agrupa a este sector, aseguró que 2011
comenzó mal, con una revisión por parte de Cadivi a los accesos de las
empresas. Y aunque un cuarto de los pequeños empresarios tienen acceso a
Cadivi, el efecto fue devastador.
Rojas resalta que el sector no tiene la infraestructura para mantener el
ritmo que imprimen Cadivi y el propio Sitme, donde además se ven
diezmados por las grandes corporaciones.
La reforma a la Ley de Alimentación, que obligó a las Pymes a pagar
ticket así tengan un solo empleado fue un efecto de 2011 que aún
resienten los empresarios del ramo. Y lo cumplen, pero la producción
mermó en 30% debido a éste y otros elementos que se impusieron desde el
poder central.
La Ley de Costos y Precios Justos es para Capemiac una gran amenaza. La
consigna para este 2012 es sobrevivir, con la norma que permitirá al
Ejecutivo nacional establecer precios de los productos. Por eso, el
gremio intentará un recurso de nulidad contra la norma, ante el Tribunal
Supremo de Justicia.
Rojas augura una inflación similar a la de 2011, con cierres de empresas
más frecuentes, debido a otras variables que han sido anunciadas, como
la reforma a la Ley del Trabajo, para la que propone consultar a
empleadores y trabajadores. A su criterio, puede haber una crisis mayor
a raíz de imposiciones mediante esa Ley que provoquen el colapso total
del sector productivo.
ALEJANDRO VILLALOBOS
avillalobos@el−carabobeno.com
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