09-Ene 05:59 am|Alejandro Hinds
Es necesario que el Ministerio de Vivienda determine el valor del metro
cuadrado de construcción
La venta obligatoria de los edificios para alquiler con 20 años o más de
antigüedad no se hará en los 60 días establecidos en la disposición
transitoria quinta de la Ley para Regularización y Control de los
Arrendamientos de Viviendas, promulgada el 12 de noviembre de 2011.
A pesar de que el plazo vence el 12 de enero, la Superintendencia
Nacional de Arrendamientos todavía no ha hecho los avalúos para
determinar el precio de venta, que es lo primero que deben especificar
los propietarios al ofrecer el inmueble a los inquilinos.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos,
Roberto Orta, asegura que el problema está en que el Ministerio de
Vivienda no ha fijado el valor del metro cuadrado de construcción, que
es el punto de partida de la fórmula indicada en la ley para calcular el
precio.
El valor del metro cuadrado debe multiplicarse por el tamaño de la
vivienda para obtener el precio de reposición.
Éste, a su vez, debe multiplicarse por el valor de depreciación, la
vulnerabilidad sísmica y la región geográfica. Los tres son índices
fijados en el reglamento de la ley.
Orta considera que sin los avalúos no se puede exigir a los propietarios
que cumplan con el plazo establecido en la ley para hacer la oferta. El
presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini,
piensa que el lapso será prorrogado porque es imposible acatarlo.
"Cómo ofreces en venta los apartamentos de un edificio si no sabes el
precio. La Superintendencia no estaba lista para hacer lo que debía
hacer (fijar el valor de los inmuebles). Ni siquiera tenía oficinas
porque se mudaron de Chacao, donde estaba la Dirección de Inquilinato",
agrega Martini.
El organismo cuya sede está ahora en la avenida principal de Las
Mercedes adelanta un "registro para ofrecimiento en venta", en el cual
deben inscribirse todos los propietarios que están obligados a vender.
Los inquilinos que ocupan los inmuebles también pueden solicitar la
incorporación en el registro.
Entre los requisitos para que los dueños se inscriban están la copia
certificada del documento de propiedad del inmueble, la cédula catastral
y la fotocopia de la cédula de identidad. En caso de hacerlo a través de
una tercera persona, ésta necesitará el poder notariado y la fe de vida.
Procedimiento no avanza. La imposibilidad de aplicar la fórmula
establecida en la ley para calcular el valor de los inmuebles también
incide en la negociación de 100 edificios para alquiler en Caracas que
se realiza desde mayo de 2011 en la Vicepresidencia Ejecutiva de la
República.
Aunque 70 de los 100 propietarios presentaron los documentos exigidos
por la instancia gubernamental, según la Red Metropolitana de
Inquilinos, dueños y arrendatarios reconocieron que el procedimiento se
paralizó mientras se aprobaba la ley con el método para calcular el
valor de los inmuebles.
Martini asegura que la Superintendencia, que asumió la negociación, hizo
una reunión en diciembre para aclarar que el Gobierno no compraría los
edificios y que propietarios e inquilinos tendrían que ponerse de
acuerdo. La falta de avalúos, sin embargo, impide avanzar.
Orta advierte que la definición del precio no será el único obstáculo
para completar la venta. Añade que 95% de los edificios no tiene
documento de condominio y, por tanto, los apartamentos no pueden ser
vendidos de manera individual.
Muchos de los edificios incluidos en la negociación forman parte del
grupo expropiado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y
2007, por lo que se necesitará que revoquen los decretos o que
participen en el procedimiento, agrega.
Señala que los inmuebles expropiados muestran lo negativo que puede
resultar la intervención gubernamental.
"Cinco años después ni dueños ni inquilinos han tenido solución, porque
los primeros no han recibido el pago y los segundos no han obtenido el
título de propiedad".
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