07-Ene 06:19 am|Katiuska Hernández
La Federación de Centros Españoles solicitó a Rajoy mediar para
garantizar el pago de indemnizaciones
Más de 500 productores agropecuarios, comerciantes y empresarios de
origen español o descendientes esperan desde hace unos 5 años que el
Gobierno reconozca el pago de propiedades invadidas, expropiadas y
algunas intervenidas por el Estado.
La Federación de Centros de Españoles solicitó, a través de cartas al
gobierno de Mariano Rajoy y al rey Juan Carlos I de Borbón, que le exija
al Ejecutivo venezolano reconocer el pago de las indemnizaciones y de
las propiedades afectadas. Abogan porque se cumpla el Tratado de
Promoción y Protección de Inversiones que está vigente entre ambos países.
Félix Barbero Martín, presidente de la federación, recordó que en julio
de 2009 el entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel
Ángel Moratinos, visitó Venezuela y acordó con el gobierno de Chávez, a
través del canciller Nicolás Maduro, crear comisiones para la revisión
de estos casos. "Para ese momento se crearon varias mesas de trabajo
junto con las autoridades del Instituto Nacional de Tierras y el
Ministerio de Agricultura y se acordó realizar los avalúos para
indemnizar a los propietarios, pero hasta ahora no se ha pagado la mayoría.
Una excepción fue La Vaca de la familia Solórzano que logró, mediante
huelga de hambre, que se le reconociera lo adeudado y otros casos
puntuales" dijo Barbero Martín.
El resto de los propietarios está en una situación de incertidumbre
jurídica: ni les devuelven las fincas ni se las pagan. "Muchas
propiedades están destruidas. Donde había caña de azúcar sólo queda
monte y hay haciendas que fueron parceladas y vendidas por los propios
invasores", señaló Martín.
Señaló que hasta la fecha se calcula que la deuda por las
indemnizaciones que no se han pagado podría superar los 5 millardos de
euros, equivalentes a 29,1 millardos de bolívares al tipo de cambio oficial.
Sostiene el representante de la federación que el Gobierno no cumple con
la garantía constitucional del respeto a la propiedad privada y que las
expropiaciones se han realizado de manera ilegal y violando los derechos
humanos. "Ante la situación desesperada y complicada que describimos, en
la que se ha arremetido contra las propiedades en muchos casos de
nuestros abuelos, decidimos reunirnos en el Consulado General de España
para presentar la solicitud justa de defensa a los españoles que son
víctimas de apropiaciones indebidas de sus propiedades en Venezuela",
indica la carta enviada tanto al jefe del gobierno español, como al rey
Juan Carlos I de Borbón.
Desde fincas hasta comercios. Entre los afectados están dueños de fincas
que eran ganaderas, de cultivo de caña de azúcar, mataderos industriales
como Fribarsa en Barinas, comercios como los supermercados Friosa y
agroindustrias como Agroisleña. La mayoría fueron intervenidas entre
2005 y 2007, salvo Agroisleña y Friosa que fue en 2010. En el INTI se
evaluaron los casos de 15 fincas situadas en varios estados como
Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa, Vargas, Yaracuy, Guárico, Aragua,
Táchira y Zulia. Entre las haciendas están San Pedro, Tarapio, La
Catalda, San Rafael, La Morita, Las Guacamayas, Mesadora, La Morelia,
San Pedro, Rancho M3, Los Toros, Mama Hilda, Guanayen, La Argentina y La
Vaca, estas dos últimas son las únicas que fueron indemnizadas de ese grupo.
"Las autoridades del INTI en muchos casos no reconocen la propiedad de
la tierra, solo las bienhechurías, pero hay situaciones en las que no
quieren asumir tampoco el pago porque alegan que fueron invasiones",
indicó Félix Barbero.
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