Milagros Socorro/El Nacional
Lunes, 29 de agosto de 2011
Cuando el semanario Sexto Poder hizo un fotomontaje en el que ponía su
retrato y el de otras altas funcionarias del régimen en los cuerpos de
bailarinas, la fiscal Ortega Díaz se encrespó: en la igualdad que ella
postula hay unas más iguales que otras
En reciente artículo de prensa, la fiscal general de república, Luisa
Ortega Díaz, pontificó acerca de la igualdad. Dijo que los paradigmas de
división y dominación "requieren de una transformación humanista que, en
esencia, conlleve la igualdad de los seres humanos [...]. Una
aproximación a tan deseado cambio cultural significa asumir plenamente
la defensa de la mujer".
Sin embargo, cuando el semanario Sexto Poder hizo un fotomontaje en el
que ponía su retrato y el de otras altas funcionarias del régimen en los
cuerpos de bailarinas, la fiscal Ortega Díaz se encrespó: en la igualdad
que ella postula hay unas más iguales que otras. Las doñas que cumplen
las órdenes de Chávez son iguales entre sí, pero no admiten ser
emparejadas con cabareteras.
Y no porque la caricatura aludía evidentemente a la alcahuetería que
unas y otras practican, sino porque a las encopetadas de la revolución
las ofende ser comparadas con trabajadoras cuyos tacones hollan
alfombras con lamparones. El intenso cacareo de las vestales
bolivarianas dejó claro su desprecio por las asalariadas del cabaret.
Esas no son suficientemente iguales.
El episodio sirvió para demostrar el repelús que las obreras del
burlesque despiertan en las madamas de la mancebía política. Y, por unos
días, se empleó también para distraer la atención de la masacre de
mujeres que se ha perpetrado en Venezuela los últimos años, y que en los
días del escándalo tuvo un escalofriante repunte.
Un reportaje publicado en Últimas Noticias dio cuenta de la sangrienta
cosecha de agosto, en las mismas fechas en que las jerarcas se sacudían
horrorizadas algún parecido con las fulanas del varieté.
El 5 de agosto, una banda de robacarros asesinó a Nilda García, de 49
años de edad, propietaria de un transporte escolar en Guatire. El 14 de
agosto, los pasajeros de un Jeep que cubría la ruta Las Delicias de
Carapita fueron secuestrados por un grupo hamponil; en el tiroteo, una
niña de 14 años de edad cayó muerta de un balazo en el pecho. El 22 de
agosto, Elialberth Uzcátegui Mendoza, estudiante de Medicina de 24 años
de edad, fue asesinada al ser interceptada por criminales cuando salía
de una guardia en el Hospital Universitario Ángel Larralde, en Carabobo.
Ofelia Álvarez, presidente de la Fundación para la Prevención de la
Violencia contra la Mujer (Fundamujer), reveló que en Caracas mueren
aproximadamente 4 mujeres a la semana a manos de su pareja o ex pareja.
Y agregó que en estos casos de violencia existe 96% de impunidad.
El reportaje de Efraín Castillo, "Golpes a mi puerta", que esta semana
que termina fue distinguido con el Premio Arturo Uslar Pietri, señala:
"Cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex
pareja", según datos aportados por el informe Erradicar la Violencia
doméstica en Venezuela, de la ONG Amnistía Internacional, en el que
queda demostrado que en este país casi 100 mujeres son vejadas
diariamente por sus parejas.
"Por si fuera poco", escribió Castillo en su nota publicada en El
Universal, "el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres
presentó estimaciones según las cuales 90% de los 1.604 feminicidios
registrados en 2009 tuvo como causa la violencia de género. Sin embargo,
en Venezuela sólo funcionan 3 albergues para atender esos casos".
Qué distinta sería la situación si las mujeres en la cima del Gobierno
se ocuparan de esta acuciante realidad, porque lo cierto es que aunque
las leyes han evolucionado, persiste la debilidad institucional, lo que
prácticamente imposibilita la prevención y la asistencia a las víctimas.
La especialista María Cristina Parra expuso hace pocas semanas que la
Constitución del 99 representa un avance en los derechos humanos en
general y de los derechos de la mujer en particular, lo mismo que la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero inmediatamente precisó que los inconvenientes de esta ley no
residen en su contenido sino en su inadecuada aplicación. Destacó, entre
muchos otros, dificultades para enjuiciar y sancionar a los agresores,
debido a interpretaciones erradas de la ley por los jueces; y
persistencia en solicitar a las víctima la presentación de un informe
psicológico y social como requisito para dar curso a las denuncias y
dictar medidas de protección y seguridad.
Esto es lo importante. No un fotomontaje que, por lo demás, expresa lo
que buena parte del país piensa de la alegre complicidad con un gobierno
pervertido por la corrupción y el autoritarismo.
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