Eliécer Calzadilla/Correo del Caroní
Martes, 30 de agosto de 2011
Los anuncios del Presidente de esta semana, relacionados con el oro de
Guayana y la Faja Petrolífera del Orinoco para lo que parece, entre
otras cosas, una sociedad entre Pdvesa y la estatal minera Minerven (que
se traduce en que el petróleo subsidiará también a la quebrada minería
aurífera), hay que inscribirlos en la trama de un gobierno fatigado.
Luego de trece años, al gobierno se le abultan las incapacidades, las
promesas incumplidas, los derroches de los dineros públicos, la
corrupción y la falta de imaginación. La faja petrolífera y el
desarrollo del eje Orinoco-Apure han sido pomposamente anunciados e
"inaugurados" por el régimen unas doscientas veces, más o menos, y lo
único que puede exhibir en ese campo son las expropiaciones que le
hicieron a las operadoras transnacionales, que no se han pagado, que
están en litigio y que es probable que le cuesten a la República unas
sentencias condenatorias que perjudicarán las finanzas públicas.
Esta nacionalización del oro es un acto incomprensible, esencialmente
falso, que solo se explica si entendemos que es para el engaño y el
encubrimiento. Es engañoso porque el oro es de la nación y su
explotación está reservada al Estado venezolano desde tiempos en que los
chavistas ni habían nacido. El acto es también para encubrir una
monumental corrupción con el oro, porque al Palacio de Miraflores llegó
el olor a podrido de la estatal Minerven que, saqueada, no produce oro
sino balances en rojo; está quebrada cuando el metal bate récords de
precios y no puede pagar la nómina luego de trece años de propaganda
revolucionaria. Y el gobierno, en vez de mandar al Ministerio Público
con policías y unos cuarenta pares de esposas para detener y enjuiciar a
los integrantes de la mafia del oro de Minerven, envía un decreto de
nacionalización a la Gaceta Oficial de la República para que se publique.
Más allá de lo que he señalado y de la atmósfera teatral y "estratégica"
con la que Chávez sabe cubrir cualquiera de sus anuncios, las
entrelíneas del discurso presidencial merecen unas consideraciones. Hay
temor de que en el afán de controlar la explotación minera, y sobre todo
de manejar el oro que se extrae en los municipios auríferos del sur del
estado Bolívar, se desate una inmensa e incontrolada represión en contra
de los pequeños mineros, que son miles y de cuya actividad dependen,
directa e indirectamente, unas doscientas mil personas en esta región.
No exagero.
Tengo fundamentos para temer que un muy complejo asunto como el de la
pequeña minería quiera resolverse militarmente. La explotación aurífera
de pequeña minería tiene aspectos ambientales, económicos y sociales que
no pueden despacharse olímpicamente con una orden de operaciones
militares de desalojo y represión. Eso es lo fácil pero sería un
desatino. Ninguno de los gobiernos nacionales ha encarado la tarea de
ordenar el territorio del estado Bolívar.
Cuando Andrés Velásquez era gobernador propuso un plan de ordenamiento,
luego un magnífico trabajo profesional interdisciplinario, que fue
saboteado por quienes siempre han vivido de la ilegalidad minera. La
explicación, simple, devela una inveterada práctica mafiosa: si no se
ordena y legaliza la pequeña minería el minero es siempre un ilegal al
que la autoridad extorsiona, "martilla" y pide contribuciones forzosas
(cuotas) para dejarlo trabajar. La mina entonces no es la piedra ni la
tierra ni el socavón, es el sudor del minero que es despojado
compulsivamente del oro que obtiene en las peores condiciones de trabajo
que se puedan imaginar. Alrededor de la fomentada ilegalidad hay un
mundo de injusticias, trampas y robos contra el pequeño minero. Esto lo
sabe y conoce todo el mundo, si el alto gobierno no lo sabe es porque
son idiotas.
Por eso, entre otras razones que no caben en estas notas, la salida al
problema ambiental, que lo hay y grave, no es la represión militar que
flota en el ambiente. No hay otro camino que el del ordenamiento
territorial, con áreas ricas asignadas a los pequeños mineros, con
asistencia técnica, control de delincuentes y extranjeros ilegales, sin
extorsión y sin "matraca". Como dice en sus discursos el diputado
Américo De Grazia, "no es justo que el gobierno le otorgue ricos
yacimientos de oro a los rusos y a los chinos y no se les asignen a los
pequeños mineros venezolanos sus áreas productivas, sin persecuciones ni
malos tratos, sin matraca".
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