Denuncian irregularidades en gestión de Carrizález
Revelaron presunta compra de camiones compactadores con sobreprecio de
28%. Empresa estatal Veximca recibió 6 millones de bolívares más de lo
presupuestado. Acusaron a la Fiscalía de archivar expedientes
Dato 1: el 31 de marzo pasado el gobernador designado de Apure, Ramón
Carrizález, solicitó al Consejo Legislativo la autorización para comprar
30 camiones con compactadora de basura de 30 yardas por 21.955.548
bolívares. Una nota publicada por el impreso regional Notisemana informa
que en junio Carrizález entregó a la Alcaldía de San Fernando 10
camiones de 20 yardas.
Dato 2: el 14 de abril, la estatal Venezolana de Exportaciones e
Importaciones recibió una orden de compra por 28.113.017 bolívares, 6
millones de bolívares por encima de lo autorizado en marzo.
Dato 3: ni la exposición de motivos entregada por Carrizález al Consejo
Legislativo para solicitar los fondos, ni la orden de compra de Veximca
precisan el costo de cada camión compactador. Tampoco queda claro por
qué se presupuestó adquirir vehículos de 30 yardas y los entregados son
de 20 yardas.
Mal remedio.
La cadena de inconsistencias levantó las sospechas de los comisionados
populares anticorrupción Wilmer Fernández y Francisco Rodríguez, que
esta semana solicitaron una investigación ante la Fiscalía General, la
Contraloría General y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
"Los apureños pensamos que con Carrizález la cosa iba a mejorar, pero
fue peor el remedio que la enfermedad", señaló Fernández en alusión a
las irregularidades administrativas por las que fue señalado el
predecesor, Jesús Aguilarte.
"Presumimos que se obvió la licitación y tenemos evidencias para pensar
que también hay sobreprecio", agregó.
Aseguró que según lo presupuestado cada camión debió costar 731.851
bolívares, pero Veximca recibió el equivalente de 937.100 bolívares por
cada uno, es decir, un sobreprecio de 28%. "Pero además de todo lo
anterior, no sabemos si se compraron los 30 camiones porque hasta ahora
sólo se han entregado 10", dijo.
Justicia archivada. Fernández pidió que la justicia se imparta de forma
equitativa. "Sabemos que hay gobernadores de izquierda y derecha que han
sido enjuiciados por obviar una licitación; yo denuncié a Luis Lippa y
ahora enfrenta un juicio. Si a Lippa, que es de la derecha, se le abrió
un juicio, yo creo que tanto Jesús Aguilarte como Carrizález también
tienen que ser investigados".
Francisco Rodríguez recordó que desde 2006 han formulado 26 denuncias de
corrupción en el estado, 23 de las cuales fueron en la gestión de
Aguilarte, removido de su cargo en febrero y sustituido mediante un acto
administrativo del Consejo Legislativo por Carrizález.
Hasta la fecha, el Ministerio Público sólo ha presentado 2 actos
conclusivos.
"Nosotros queremos hacer un llamado a la fiscal general para que indague
lo que ocurre en la Fiscalía Décima Anticorrupción de Apure", dijo
Rodríguez. "Parece que las denuncias están archivadas y las veces que
hemos ido a solicitar información hemos sido echados. Ese despacho se ha
convertido en la negación de la lucha anticorrupción", afirmó.
Exigió justicia: "¿Por qué son llevadas a juicio las personas señaladas
por robarse una gallina, pero no los que incurren en corrupción
administrativa?", cuestionó Rodríguez.
Los comisionados populares anticorrupción solicitaron un derecho de
palabra en la Comisión de Contraloría. "Yo creo que Carrizález tiene que
ir y explicar a quién ha dado los contratos y por qué", manifestó Wilmer
Fernández.
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