Manuel Felipe Sierra
Sábado, 27 de agosto de 2011
El caso podría interpretarse como el inicio de una operación represiva
del régimen que tendría que ver con el propósito de generar
conflictividad de cara al proceso electoral del 2012. ¿Por qué? La
estrategia chavista para controlar los medios se ha cumplido en varias
fases. En un comienzo, se apeló a la agresión contra medios y
periodistas por los "círculos bolivarianos". Luego, con la modificación
del Código Penal se recurrió a la justicia ordinaria para criminalizar
la crítica.
El cierre por vía judicial del semanario Sexto Poder y las órdenes de
detención contra su editor, Leocenis García, y su directora, Dinorah
Girón, constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión. El
caso podría interpretarse como el inicio de una operación represiva del
régimen que tendría que ver con el propósito de generar conflictividad
de cara al proceso electoral del 2012. ¿Por qué? La estrategia chavista
para controlar los medios se ha cumplido en varias fases. En un
comienzo, se apeló a la agresión contra medios y periodistas por los
"círculos bolivarianos". Luego, con la modificación del Código Penal se
recurrió a la justicia ordinaria para criminalizar la crítica. Numerosos
periodistas han sido llevados a juicios por delitos comunes, cuando en
verdad se trataba de penalizar su posición política.
La aprobación de la "Ley Mordaza" y sus reglamentaciones la han
convertido en un instrumento para neutralizar los medios
radioeléctricos. Las frecuentes sanciones contra Globovisión, el cierre
de RCTV, la salida del aire de 34 emisoras y 2 televisoras, la
reprogramación de frecuencias y un injustificado suspenso para la
renovación de concesiones son, entre otros, recursos dirigidos a generar
miedo en empresas de radio y televisión. Mientras tanto, cada día se
fortalece la estructura mediática oficialista. Por ese camino se
consolida la "hegemonía comunicacional" que, de acuerdo con la lógica
totalitaria, es utilizada en función de un mensaje propagandístico e
ideologizante.
Ahora la situación planteada con Sexto Poder va más allá, porque se
trata de la prensa escrita que opera sin vinculación alguna con el
Estado. Las damas que componen el Poder Moral y que se consideraron
lesionadas por una publicación del semanario tienen todo derecho a
recurrir a las instancias correspondientes. El mismo derecho que asiste
a los familiares de María Teresa Castillo para actuar contra la
podredumbre televisiva acumulada en el canal estatal.
Pero en este caso se han violado los más elementales pasos del debido
proceso. García y Girón fueron buscados por la policía sin que ellos se
hubieran enterado del juicio en su contra. Es más, en una medida
insólita un juez ordena el cese de la circulación del periódico; es
decir, se ejerce de manera brutal la censura previa por decisión de un
tribunal. Acaso, ¿se ha determinado la culpabilidad de los indiciados?
De resultar ellos culpables, ¿podría extenderse la sanción contra un
producto de naturaleza comercial? Si la liquidación de la libertad de
expresión se venía dando mediante métodos seudo-legales y presiones
sutiles, ahora parece que ha llegado el momento de la confrontación
directa y brutal contra editores y periodistas. De esta manera, la
defensa de la libertad de expresión es un deber inexcusable de la
sociedad democrática.
@manuelfsierra
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