Empleados de Globovisión exigieron nulidad de multa
"Somos víctimas de una persecución política por parte del Gobierno de
Chávez"
CON INFORMACIÓN DE JULIANA BAUTISTA. | EL UNIVERSAL
viernes 2 de diciembre de 2011 12:00 AM
Caracas.- Trabajadores del canal Globovisión manifestaron frente a las
instalaciones de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo del
TSJ, para exigir la anulación de la multa impuesta por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por la cobertura de la crisis
de los centros penitenciarios del Rodeo I y II.
En el diecisieteavo aniversario del canal, periodistas, camarógrafos y
otros empleados indicaron ser víctimas de una "persecución política" por
parte del Gobierno de Hugo Chávez, por lo que solicitaron a las
autoridades judiciales la anulación de la multa "impagable" y el respeto
del derecho a libertad de expresión.
Ricardo Antela, abogado del canal, introdujo un recurso de amparo
constitucional cautelar por los cargos imputados de: apología del
delito, alteración del orden público, creación o fomento de zozobra en
la colectividad e incitación al odio y a la intolerancia política, con
la finalidad de que se admita la acción de nulidad y que se les sea
otorgado el mandamiento de amparo por violación a los derechos
constitucionales.
"Los medios de comunicación del país han cambiado su línea editorial
para no tener problemas con el Gobierno. La línea editorial de
Globovisión es clara y transparente, estas sanciones no nos atemorizan,
nuestra línea no es opuesta al Gobierno, más bien es crítica y
comprometida con los valores previstos en la Constitución nacional; no
permitiremos la autocensura, esperamos justicia y no impunidad", aseveró
el abogado Antela.
En la manifestación estuvo presente Leocenis García, editor del diario
6to.Poder quien indicó que "el Gobierno con estas medidas busca
"asfixiar" a los medios desde el punto de vista económico, por lo que
estos son víctimas de un régimen que no cree en la libertad de expresión
y en la propiedad privada".
Globovisión destacó la imparcialidad y la independencia que la
Constitución impone al Poder Judicial, por lo que estarán atentos a
cualquier operación política que intimide a los magistrados para impedir
la suspensión de la multa.
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