Aseguran que cuatro leyes afectan independencia judicial
Informe de académicos indica que 50% de jueces no son titulares.
REYES THEIS | EL UNIVERSAL
viernes 30 de diciembre de 2011 12:00 AM
La aprobación de algunos instrumentos legales ha contribuido a
menoscabar la independencia judicial en Venezuela, de acuerdo con un
informe de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
En el documento, que resume las más importantes violaciones a principios
que afectan tal independencia cometidas en los últimos cuatro años, la
ONG señala que el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos "pone en
peligro la función judicial al someterla a un control disciplinario con
amplios poderes discrecionales y sancionatorios y permitir la
inhabilitación judicial, incluso, sin que estén claras las causales".
Explica que dicho Código prevé el régimen disciplinario de los jueces y
crea un Tribunal Disciplinario y una Corte Disciplinaria Judicial, que
conoce en apelación de las causas de aquel y sus jueces son designados
por un Consejo Electoral Judicial integrado mayoritariamente por
delegados de los consejos comunales, "quienes son apéndices del Poder
Ejecutivo".
También se hace referencia a la Ley de Sistema de Justicia y a la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la primera, señala el
documento que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia
controlada por el Poder Ejecutivo y que tiene competencias muy amplias
para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales,
supervisar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia y revisar y
aprobar su presupuesto.
En cuanto a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el informe
indica que da competencia a la Sala Plena para nombrar a los jueces y no
hace referencia al concurso de oposición público consagrado en la
Constitución.
Además, se establece que los consejos comunales pueden participar en la
formulación de las políticas del TSJ, así como controlar su gestión, con
lo que se "abre la puerta a una gran interferencia del Poder Ejecutivo,
en virtud de su control sobre aquellos".
Cuestiona además que la Ley da competencia a la Sala Constitucional del
máximo Tribunal para cambiar sentencias, de oficio o a petición de
parte, incluso las definitivamente firmes o de otras salas del TSJ.
La ONG añade que el instrumento legal "transforma al juez constitucional
en un legislador" y "al darle potestades para conocer casos de oficio,
da pie a la judicialización de asuntos políticos".
También la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es
cuestionada. Asegura Acceso a la Justicia que la misma da "gran
discrecionalidad al juez contencioso administrativo en materia de
medidas cautelares", cuando por ejemplo, en su artículo 104 señala que
el juez para acordar una medida preventiva debe ponderar "los intereses
público generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego".
El documento destaca que se ha producido la "captura de la profesión de
abogado" y recuerda que la sala Constitucional por una acción de amparo
dictó sentencia en 2008 en la que designó la representación gremial del
Colegio de Abogados de Caracas, sin que ello fuera solicitado.
Añade que el Gobierno creó en la Universidad Bolivariana la carrera de
Derecho, con un pénsum relacionado con el conflicto y la sociedad,
mientras los estudios jurídicos son materias electivas.
Indica que en 2010 el presidente Chávez declaró que los puestos públicos
serían ocupados solo por "abogados bolivarianos" y cuando el primer
grupo se graduó ingresaron al Poder Judicial, por orden del mandatario,
más de 700 abogados.
Además, el informe señala la falta de estabilidad de los jueces como uno
de los principales asuntos que atenta contra la independencia del Poder
Judicial en Venezuela
Dice el documento que producto de las cuatro reestructuraciones que ha
impulsado el Gobierno de Hugo Chávez al Poder Judicial, actualmente
aproximadamente el 50% de los jueces no son titulares.
La ONG autora del informe está constituida por investigadores y
profesores de la Universidad Metropolitana en el área de Estudios
Jurídicos y Políticos. El grupo está dirigido por Laura Louza
Scognamiglio y actúan como asesores Rogelio Pérez Perdomo, Carmen Luisa
Roche, Roberto Briceño y Humberto Njaim.
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