A días del fallo de Corte IDH otro miembro de familia Barrios fue detenido
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 27 de diciembre de 2011 12:00 AM
Venezuela insiste en mantener una posición contumaz frente a los
organismos internacionales de Derechos Humanos y prueba de ello es el
caso de la familia aragüeña Barrios.
Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que condenaba al Estado por su
incapacidad, o desinterés, para llevar ante los tribunales a los agentes
de la Policía de Aragua presuntamente responsables de asesinar a Benito
Barrios en 1998 y a seis parientes más en los años posteriores,
representantes de ese clan denuncian que otro miembro del mismo ha sido
detenido ilegalmente.
El pasado 16 de diciembre tres uniformados del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron, sin orden
judicial, la residencia de la señora Eloísa Barrios, quien han
denunciado los abusos sufridos por sus familiares, y se llevaron a su
hijo Víctor Daniel.
El joven, de unos 30 años de edad, fue llevado ante el Tribunal 8 de
Control de Maracay, el cual lo decretó su prisión preventiva y lo envió
a la cárcel de Tocorón (Aragua). ¿El argumento? El acta presentada por
los efectivos, en la cual se aseguraba que le incautaron 7 gramos de
cocaína, versión que fue rechazada por sus vecinos de Cagua.
La información la suministró Guillermo Sira, directivo de la Comisión de
Derechos Humanos de Justicia y Paz de Aragua, una de las organizaciones
que llevó este caso ante el sistema interamericano, quien denunció que
Víctor Daniel fue torturado por los agentes "para conseguir que
reconociera que la droga era suya, cosa que no lograron".
Una vendetta
El activista lamentó este nuevo abuso y no dudó en calificarlo como una
"retaliación" por la actitud mantenida por esta familia.
En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz
demandó de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que
abra una investigación contra el director nacional de la policía
científica, comisario José Ramírez, para determinar si él fue el
responsable de esta aprehensión, tal y como lo aseguraron los agentes
que acudieron a la residencia de la señora Barrios.
Asimismo la organización reclamó de la presidenta del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, que investigue a la
titular del juzgado 8 de Control de Maracay, por considerar que erró al
enviar al joven a la cárcel sin tomar en cuenta otros elementos más que
los aportados por los policías.
Igualmente responsabilizó a las autoridades de lo que le pueda ocurrir
al joven.
Por último, desde el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de
febrero y marzo de 1989 (Cofavic), una de las tres organizaciones que
presentaron este caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, informó que ya denunciaron este nuevo hecho ante el
tribunal con sede en San José (Costa Rica).
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