Froilan Alejandro Barrios Nieves
Miércoles, 28 de diciembre de 2011
Si se le preguntara a un sindicalista foráneo por mantener inamovilidad
en el puesto de trabajo, evidentemente la respuesta será positiva y es
lógico es el acceso probable a niveles de vida decente si la calidad de
trabajo así lo indicara. En el caso venezolano el asunto hay que tomarlo
con pinzas ante un gobierno vendedor de ilusiones, te da un tercio con
una mano y con la otra te pulveriza el resto. Desde mayo de 2002 se
mantiene la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2012, ello
no ha impedido que se hayan perdido en ese lapso más de 1.000.000 de
puestos de trabajo y hayan cerrado más de 20.000 empresas.
Se decreta la inamovilidad como medida para defender a los trabajadores
y al mismo tiempo nos retiramos de la CAN, del G-3 dejando fuera de
combate a 500.000 empleos entre directos e indirectos, al mismo tiempo
se desarrolla una economía de puertos destructora de miles de empleos
en el agro y en el sector manufacturero industrial, aniquilando a
centenas de Pymes.
Mediante la inamovilidad el Gobierno se plantea defender los puestos de
trabajo y arrecia con la política de expropiaciones contra fuentes de
trabajo estables, en la misma dirección con la Ley de Costos y Precios,
cumpliendo un cometido final precarizar los puestos de trabajo en el
todopoderoso sector público. De 2.500.000 empleos públicos, 1.000.000 se
encuentran precarizados sin protección legal y al resto 1.500.000 no le
discuten los contratos colectivos y cuando los negocian los desmantelan,
como es el caso de las empresas básicas estatizadas de telefonía,
electricidad, petróleo, alimentos, sin excepción han sido desmejorados.
¿Si me preguntaran a quienes protege el decreto de inamovilidad?.
Efectivamente el ámbito de la norma implica a 4.500.000, ya que los
funcionarios públicos están excluidos por encontrarse en el marco del
Estatuto de la Función Pública y quien responde por los 7.000.000 de
trabajadores que se encuentran en la Economía Informal o Desempleados,
quienes no encuentran rendija alguna en un mercado laboral rígido, que
permita incorporar con fluidez también a los 250.000 jóvenes que se
incorporan anualmente en busca de empleo.
Es cierto hay patronos privados inescrupulosos que se valen de la
debilidad del trabajador para hostigarlo y despedirlo, ello no quiere
decir que toda norma laboral por muy buena intención que tenga cumpla su
cometido. El método perverso como el Gobierno Nacional la implanta, ha
envilecido el objetivo de la inamovilidad y la ha convertido en mampara
para robos, sabotajes, agresiones físicas de desadaptados protegidos por
inspectores de trabajo sin ética alguna.
Mas que Inamovilidad debiera haber es Estabilidad como lo indica el art.
93 de la CRBV, para obtenerla es necesario una economía sana, de diálogo
social, como la de Brasil administrada en los últimos 10 años por
gobiernos socialistas hoy la 6ta. Economía mundial, generadora de
millones de empleos. Entre tanto aquí tenemos es un Atila mata empleos.
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