2 años de impunidad
El pasado 26 de noviembre se cumplieron 2 años del asesinato del joven
defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, ocurrido en Barquisimeto.
Ese día tres sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la
mañana y le realizaron varios disparos en el pecho, los cuales le
quitaron la vida
MARINO ALVARADO
El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años de impunidad en el
asesinato del joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho
ocurrido en Barquisimeto en 2009. Como se recordará, ese día tres
sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le
realizaron varios disparos en el pecho, los cuales le quitaron la vida.
El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del
estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un
documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad
contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Diferentes
organizaciones populares de la región, incluyendo al propio Covicil, han
denunciado la existencia en la ciudad de escuadrones parapoliciales que
actuaron bajo el presunto amparo de altos ex funcionarios en la región.
Mijaíl era hijo de un ex diputado de la asamblea legislativa del estado
Lara, quien fiel a su activismo por las causas populares continuó, bajo
su rol parlamentario y dentro del MVR, la denuncia de las
irregularidades cometidas por uniformados contra los sectores humildes.
En estos dos años, a pesar de estar apresados dos de los presuntos
autores materiales del homicidio por otras causas, no ha sido posible
una sentencia en el caso. El 15 de marzo de 2011 fue detenido en un
operativo policial Carlos Alberto Zavarce Carucí, por tener presunta
responsabilidad en el asesinato. Zavarce, luego de una audiencia de
presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, fue recluido
en el recinto penitenciario de Uribana, mientras se realizan las
investigaciones correspondientes.
Posteriormente, el 9 de junio de 2011 se detuvo a Jean Carlos Pérez,
presunto autor material señalado en una prueba anticipada; fue detenido
por orden de aprehensión del juez de Control Nº 3, cuando estaba siendo
atendido en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, y se ordenó su
traslado a la penitenciaría de Uribana, donde hasta la fecha se
encuentra detenido.
La familia Martínez acusa al ex gobernador Luis Reyes Reyes y al antiguo
jefe policial comandante Luis Rodríguez Figueras, quien después de un
quinquenio al frente de los uniformados larenses dejó una estela de
violaciones a los derechos humanos que solicitan ser investigadas por
diferentes organizaciones populares del estado. Corresponde a los
organismos competentes, luego de una investigación imparcial, expedita y
transparente, corroborar si estos señalamientos tienen asidero.
La indefensión de las personas que realizan actividades de promoción y
defensa de los derechos humanos no es exclusiva de los activistas
radicados en el estado Lara. Según datos recopilados por la
investigadora Mariengracia Chirinos, en el último año se registraron al
menos 20 casos de ataques a defensores, arrojando un total de 31
violaciones de DDHH.
Hay que recordar que el Estado venezolano no aceptó las diferentes
recomendaciones que solicitaban tomar medidas para proteger a los
activistas en el Examen Periódico Universal.
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