Humberto García Larralde
Domingo, 13 de noviembre de 2011
Las misiones, como los Médicos Integrales Comunitarios, han sido
articuladas para aparecer como obra directa de Chávez. Su legitimidad
emana más del nexo afectivo, personal, que se desprende de esta
percepción –"Chávez sí se preocupa por nosotros"-, que de una
justificación fundamentada en la calidad o cobertura del servicio.
El Gobierno no deja de jactarse de su amor por los pobres. Con ello
presume de una "superioridad moral" frente a las fuerzas políticas
democráticas, supuestamente carentes de empatía para con los
desasistidos. Emblemáticas, en este empeño, han sido las misiones. Sin
duda, las necesidades esgrimidas para su creación son reales y reclaman
atención. Desafortunadamente, las misiones surgieron como operativos
provisionales para enfrentar situaciones de emergencia, muchas veces
"bypasseando" mecanismos institucionales existentes. De hecho, forman un
tinglado estatal paralelo a la estructura formal del Estado, que
rivaliza con ésta. No existen relaciones de complementación o de
coordinación con ella por aquello de representar un "Estado burgués" que
debe ser desplazado.
Tómese el ejemplo de la misión "Barrio Adentro", muy loable en cuanto a
su intención de prestar atención médica primaria a los habitantes de
barrios y caseríos. Es de lamentar que hayan privado criterios políticos
para su institución por lo que, en vez de integrarse con la red de
ambulatorios en manos de gobernaciones y alcaldías y con la red
hospitalaria del Estado para conformar un sistema de salud pública que
pudiera complementarse en sus niveles de atención, nacieron con la
intención de desplazar a éstas. Barrio Adentro responde, además, a una
estructura paralela al Ministerio de Salud, controlada por los cubanos,
como lo evidencia la creación de los Centros de Diagnóstico Integral
(CDI), paralelos a los hospitales públicos y atendidos por personal
cubano. ¿Cuánto le cuesta al país esta dispendiosa duplicidad? ¿Cuánta
calidad se sacrifica en la atención de salud al privilegiar estos
dispositivos, en desmedro de la institucionalidad existente?
Argumentos parecidos pueden esgrimirse con relación a las misiones
educativas: Robinson, Rivas y Sucre. En vez de fortalecer y mejorar la
dirección de Educación de Adultos y al llamado Parasistema del
Ministerio de Educación, así como a las universidades autónomas, se opta
por dispositivos paralelos de precaria institucionalidad para enfrentar
el problema educativo: al depender de PdVSA, su financiamiento es
vulnerable a los altibajos en la cotización internacional del petróleo.
¿Puede concebirse crimen mayor para el desarrollo científico y
tecnológico nacional –y, con ello, para el desarrollo del país- que el
acoso y estrangulamiento presupuestario de las universidades autónomas
por el actual gobierno, mientras se privilegia a universidades como la
Bolivariana, la UNEFA, bajo su control directo? ¿No constituye una
estafa a miles de jóvenes "graduarlos" en carreras improvisadas de baja
calidad?
Así arribamos a la primera promoción de los "Médicos Integrales
Comunitarios" (MICs), cuya aspiración a ser homologados profesionalmente
con los egresados de las escuelas de medicina de las universidades
autónomas encontró respuesta positiva al aprobarse la ley respectiva por
la mayoría chavista que controla la Asamblea Nacional. Como señalaba
Teodoro Petkoff en un editorial reciente del diario Tal Cual, su
concepción parece inspirada en los "médicos descalzos" de la China de
Mao, formados masiva y rudimentariamente para atender las vastas zonas
rurales de aquel país a las que no llegaba la medicina tradicional. Así,
se suponía que los MICs se formaban para ejercer en Barrio Adentro; pero
ahora tendrán licencia para ejercer en cualquier hospital público, a
pesar de las graves observaciones de escuelas de medicina acreditadas,
de la Federación de Colegios Médicos y de la Academia Nacional de
Medicina sobre su deficiente formación. Mientras, se estimula el éxodo
de médicos bien preparados en búsqueda de mejores condiciones para
ejercer su profesión, debido a las deplorables circunstancias en que
prestan sus servicios en los hospitales públicos. Lo que está en juego
no es ya solo diferencias en la calidad con que se presta un servicio,
sino la vida misma de los pacientes.
¿Qué explicación tiene esto?
Las misiones, como los MICs, han sido articuladas para aparecer como
obra directa de Chávez. Su legitimidad emana más del nexo afectivo,
personal, que se desprende de esta percepción –"Chávez sí se preocupa
por nosotros"-, que de una justificación fundamentada en la calidad o
cobertura del servicio. Ya no son las frías instituciones "impersonales
y distantes" sino el "amigo Chávez" quien garantiza su prestación. De
perder Chávez las elecciones -se dice- desparecerían estos servicios.
Los señalamientos referentes a su baja calidad no son centrales al
problema: "a caballo regalado no se le miran los dientes".
El asunto es que estos servicios no son "regalos" de Chávez; representan
derechos de todos los venezolanos, consagrados en la Constitución, y
constituyen un deber del Estado prestarlos en condiciones de calidad y
accesibilidad universal. Pero es ésta la concepción de un Estado social
de derecho, cuya misión es dotar a sus ciudadanos más humildes de las
herramientas requeridas para superarse social y económicamente. La
igualdad de oportunidades que consagra el ordenamiento jurídico demanda
nivelar las condiciones de partida de manera de hacer su provecho
posible para todos. A diferencia, la misión de la Revolución Bolivariana
es la de perpetuar la dependencia de la población de menores recursos de
la "magnanimidad" del "comandante-presidente" y, con ello, asegurar su
permanencia en el poder: un cordón umbilical entre pueblo y
"revolución". Si los pobres superan su situación y logran defenderse por
sí mismos, la "revolución" pierde sustento. Se vanagloria al pueblo para
negar al individuo que lo conforma, al ciudadano con deberes y derechos.
El pueblo se identifica por su adscripción acrítica a Chávez, una
abstracción informe y uniforme, "casada" con la prédica oficialista.
Siguiendo al neofascista argentino, Norberto Ceresole, quien fuera
asesor de Chávez, se destruyen las instituciones del Estado social de
derecho para que no haya intermediación entre Chávez y "su" pueblo.
Y así se logra justificar un terrible apartheid que discrimina a quienes
no tienen acceso a centros de calidad en la prestación de servicios.
Lejos de fortalecer y ampliar estos centros, inyectándole recursos y
dotándolos de equipos y personal calificado, la "revolución" opta por
desarrollar misiones paralelas que aseguren la lealtad y obsecuencia de
su "feligresía". Y así, queda develada la naturaleza de este "amor" por
el pueblo: la solución para los pobres es una pobre solución. Cual
venezolanos de segunda les toca conformarse con dádivas: su función no
es "salir de abajo" sino eternizarse como razón de ser de su amado
"comandante-presidente".
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