Pedro A. Palma
Viernes, 25 de noviembre de 2011
Durante los últimos años hemos sido testigos del saqueo al que ha sido
sometido PDVSA. El gobierno, de forma irresponsable, ha obligado a esa
empresa a financiar cualquier proyecto que se le ocurra, aun cuando no
tenga relación alguna con el negocio petrolero, o le ha endosado unas
obligaciones que implican un alto costo para esa empresa, generándole
esto una carga muy onerosa que ha comprometido su solvencia financiera.
En el punto de cuenta del ministro Ramírez al presidente Chávez del 15
de abril pasado, recientemente revelado, se reconoce que lo que
realmente se está produciendo es algo menos de 2,7 millones de barriles
de crudo por día (MMBD); si a esto le sumamos la producción de líquidos
del gas natural y le restamos el consumo interno, que lo estimamos en
unos 0,750 MMBD, quedarían unos 2,1 MMBD para exportación. Sin embargo,
no todas esas ventas externas generan caja, ya que los 100.000 barriles
diarios que se envían a Cuba se pagan, según voceros gubernamentales,
con médicos de Barrio Adentro y otros servicios que nos provee ese país.
Adicionalmente, el 50% de lo que se vende a través de los convenios de
Petrocaribe, Petrosur y Alba se financian a 25 años plazo con un 1% de
interés, y de los 430.000 barriles diarios que se envían a China
relacionados con los préstamos multibillonarios que nos ha otorgado ese
país sólo la mitad generan caja, pues el resto se destina al pago de
capital, intereses y otras obligaciones, y los fondos excedentes no
entran a PDVSA sino a la República. De esta forma, estimamos que de los
volúmenes que se exportan sólo algo más de 1,4 MMBD genera caja a la
industria petrolera venezolana. Si tomamos el precio promedio de
exportación de 2011 de US$ 100 por barril, el verdadero ingreso anual
por exportación de hidrocarburos esperado para este año estaría en el
orden de los 52 millardos de dólares, monto que en gran parte percibe
PDVSA, pero que también tiene que compartirlo con sus socios en las
empresas mixtas.
De lo que le ingresa a PDVSA hay que descontar sus gastos operativos, de
depreciación, de venta y administración, desembolsos que en 2010 ya
superaron los 21 millardos de dólares, además de las regalías, impuesto
de extracción, impuesto sobre la renta y otras obligaciones tributarias,
que en 2011, debido a los mayores precios, serán mucho mayores que el
año precedente, cuando se pagaron 15 millardos de dólares.
Adicionalmente, PDVSA tiene que hacer enormes erogaciones para financiar
las misiones o programas sociales gubernamentales, las cuales han sido
incrementadas notablemente, ya que esta empresa tiene que financiar
buena parte de costosa Gran Misión Vivienda de reciente creación.
También tiene que hacer elevadas transferencias al Fonden, fondo
manejado por el poder ejecutivo para financiar gasto público, y pagar
el llamado impuesto a las ganancias súbitas generadas por el reciente
aumento de los precios petroleros. Como si ello fuera poco,
recientemente se anunció que el pago de las obligaciones a ex-empleados
de la administración pública y los compromisos que genere la reforma de
la Ley del Trabajo, recientemente anunciada por el presidente Chávez,
también recaerán sobre PDVSA a través de la emisión de nuevos bonos y de
un pago adicional de regalía.
De todo lo anterior es fácil inferir que las cargas financieras de PDVSA
son desproporcionadas y le generan un severo problema de caja, que tiene
que ser cubierto con endeudamiento, pasivos que están creciendo a un
ritmo muy intenso y que comprometen las finanzas futuras de esa empresa.
Insólitamente, el BCV se ha transformado en uno de los principales
financiadores de PDVSA, teniendo a esta fecha unas acreencias netas
contra esa empresa que superan los Bs 58 millardos.
Es lógico entonces que nos preguntemos cómo se piensan financiar las
cuantiosas inversiones que se tienen que hacer para aumentar la
capacidad de producción petrolera, de continuar el irresponsable saqueo
al que se ha sometido a PDVSA.
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