Juan Páez Ávila
Viernes, 25 de noviembre de 2011
Las universidades pueden aceptar el reto y derrotar a los mediocres
candidatos del gobierno en elecciones universales, no sólo porque el
autoritarismo y el militarismo son rechazados por la mayoría de la
comunidad universitaria, sino también porque ésta puede elegir a los
mejores o a las más calificadas autoridades, en sus distintos niveles,
desde el Rector hasta los directores de escuelas.
47 agresiones a la Universidad Central de Venezuela registran los
estudiantes miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU),
quienes han presenciado y sufrido directamente el impacto de la
violencia que generalmente protagonizan los grupos paramilitares del
chavismo.
En un país en el que todavía es factible que impere en la mentalidad de
sus gobernantes una concepción autoritaria, caudillista y militarista
para gobernar, la primeras víctimas del autoritarismo, el caudillismo y
el militarismo, generalmente son las universidades, los centros de
discusión y formación crítica del profesorado y en particular del
estudiantado, sin descartar el grado de conciencia ciudadana demostrada
por empleados y obreros, que si bien tienen objetivos distintos a los
del proceso de enseñanza-aprendizaje, han tenido y tienen la oportunidad
de compartir sus luchas por sus legítimas reivindicaciones económicas y
sociales, con la defensa de las libertades públicas y en especial de la
libertad de cátedra y de investigación que requieren las universidades
para cumplir sus fines académicos y científicos.
De allí, tal vez, surge la ambigüedad en la conducta de profesores y
estudiantes, sobre todo con rango de autoridades, frente a la exigencia
del gobierno ¨revolucionario¨ del Presidente Chávez, de extender el voto
a empleados y estudiantes para elegir las autoridades que deben conducir
los destinos de nuestras máximas casas de estudio. No la aceptan, no
sólo porque es ilegal, sino también porque un universo de electores
distinto al Claustro Universitario, pueda distorsionar los objetivos de
formación científica, tecnológica y humanística de los educandos,
propios de toda universidad, a la hora de elegir autoridades.
El objetivo del gobierno no es, desde luego, la transformación de la
universidad en un centro superior del la excelencia, y ni siquiera de
una mayor democratización de esas casas de estudio, al darle
participación a empleados y obreros para elegir autoridades. Algo que
sólo puede plantearse un gobierno formado por los mejores cerebros
políticos del país y de una firme vocación democrática, y no un régimen
mayoritariamente dirigido por mediocres, corruptos y de tendencia represiva.
Las universidades pueden aceptar el reto y derrotar a los mediocres
candidatos del gobierno en elecciones universales, no sólo porque el
autoritarismo y el militarismo son rechazados por la mayoría de la
comunidad universitaria, sino también porque ésta puede elegir a los
mejores o a las más calificadas autoridades, en sus distintos niveles,
desde el Rector hasta los directores de escuelas.
De parte del gobierno ese planteamiento no es científico ni
democrático, sino demagógico, que hábilmente lo coloca al lado de
sectores mayoritarios de la comunidad universitaria. Para enfrentarlo
hay que ser firmemente partidario de la excelencia educativa y
verdaderamente democrático. Si por mandato legal, para ser rector,
vicerrector, secretario, decano o director de escuela e institutos de
investigación, se exige haber alcanzado el más alto rango académico de
Profesor Titular o Asociado, se reduce el riesgo de que una elección
masiva pueda obstaculizar la buena marcha de la universidad en el
cumplimiento de sus fines últimos.
Después de más de cuatro décadas de democracia nacional y en particular
universitaria, de funcionamiento de su autonomía, un gobierno
autoritario es rechazado por la mayoría de los estudiantes, empleados y
obreros de las universidades autónomas e incluso de algunas
experimentales, en las que los profesores –generalmente padres de
familias- soportan la presión de las autoridades, y los estudiantes
tienen condicionada su permanencia en las aulas universitarias si se
mantienen al margen de cualquier conflicto que se presente, por muy
justos que sean sus reclamos en ejercicio de sus derechos constitucionales.
La asfixia presupuestaria a las universidades forma parte de la agresión
a su condición de centro crítico del pensamiento, donde circulan
libremente todas las corrientes o ideologías que el ser humano ha
inventado, para tratar no sólo de vivir en libertad, sino también para
servir de ejemplo de convivencia democrática, civilizada, que resulta
inaceptable para los bárbaros que se han entronizado en el poder.
Afortunadamente las universidades no solo forman parte de un pequeño
universo de libertades y debates por la consolidación de la democracia,
sino que en su seno se reportan diariamente los avances de la ciencia,
de la tecnología y de la cultura humanística que caracterizan al primer
mundo. La globalización de la economía camina paralela con la
mundialización del saber, en particular de las nuevas tecnologías que
nos permiten estar comunicados y en contacto permanente con los vientos
de libertad que recorren el globo. Ninguna agresión podrá impedir que
las universidades y el país en general se integren del mundo civilizado.
Los regímenes autoritarios como el de Hugo Chávez, como las dictaduras
del norte de África y algunas naciones asiáticas, no podrán impedir el
beneficio del progresos de nuestro tiempo, y el destino de los
violadores de los Derechos Humanos, ya es conocido, el más democrático,
por el respeto a sus derechos, es la Corte Internacional de La Haya.
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