Rafael González
Sábado, 26 de noviembre de 2011
Se inicia mal la vigencia y la "administración" de la Ley de Costos y
Precios Justos. Se congela hasta el 15 de diciembre los precios de 18
productos, sin justificación ni motivación aparente, hasta que
supuestamente se haya adelantado los estudios económicos sobre sus
costos y precios –recordemos que en adelante ni siquiera se tendrá la
decencia de intentar justificar la limitación de las libertades
económicas con una declaratoria de bien de primera necesidad-.
Aun cuando la Superintendente había anunciado que revisarían
experiencias externas, como por ejemplo la Argentina, apenas entró en
vigencia la Ley de Costos y Precios Justos, se congelaron precios de
cuando menos 18 productos. La experiencia internacional, entre otras en
Argentina e Inglaterra, muestra que los controles de precios se
instrumentaron entre dos y tres años después del inicio del
levantamiento de información para el análisis económico. En Venezuela,
contra el mínimo sentido común, se regula y luego se realizarán los
supuestos análisis –aun cuando ni siquiera existe el marco referencial
de análisis-.
Así las cosas, la carga económica, los pinzamientos de márgenes y el
congelamiento de precios, los sufrirán los oferentes de estos bienes y
servicios. Obviamente que en una economía inflacionaria, donde los
congelamientos de precios implican pinzamientos de márgenes, se
producirá una destrucción de incentivos hacia la oferta. Lo perverso de
estos mecanismos regulatorios basados en el anacrónico enfoque de
costos, es que deliberadamente se genera desabastecimiento para en
paralelo desarrollar canales oficiales destinados a grupos políticos de
interés. El resultado es que el bienestar social se lesiona, se
incrementa los costos de las estructuras de distribución e importación,
se lesiona la producción nacional y no se asegura generar el máximo
excedente del consumidor.
Los controles de precios que generan pinzamientos de márgenes
constituyen una parte de este obsoleto mecanismo regulatorio, el otro
mecanismo lo constituye el racionamiento; como en el caso de Venezuela
lo ha sido las importaciones oficiales –con el consecuente daño a la
producción y el empleo nacional-, Mercal, PDVAL, etc.
Como este tipo de regulación lesiona al bienestar social, es de esperar
que su instrumentación no esté necesariamente motivada por el interés
público, sino persiguiendo fines políticos, por lo general electoreros
en países populistas. Sin embargo, esta visión económico-fascista,
lesiona la eficiencia dinámica y por tanto condena a los sectores
económicos al estancamiento.
Si otorgamos el beneficio de la duda de quienes han instrumentado esta
regulación tres motivaciones podrían encontrarse detrás de este desatino
normativo. Primero desconocimiento de la materia económica y
regulatoria. Segundo, una tozuda posición de que los objetivos de
equidad y eficiencia son excluyentes. Tercero, que la relación libre y
voluntaria entre un oferente y un demandante constituye un juego suma
cero. Lo anterior resulta rotundamente falso, porque para que una
relación o contrato se perfeccione voluntariamente, significa que el
precio de la transacción supera al precio de reserva del oferente y por
otra parte no supera a la disponibilidad de pago del demandante.
Por otra parte, la instrumentación de la Ley de Costos y Precios Justos
creará incentivos perversos por extraer rentas de escasez. Lo anterior
implica que proliferarán los mercados negros y productos regulados en
manos de informales por su difícil fiscalización. Esto significa que
incluso parte del excedente del consumidor irá a financiar estructuras
adicionales, que no añaden valor, por el simple hecho de controlar
precios, crear desabastecimiento y racionar los bienes y servicios
regulados.
En ningún momento la Ley de Costos y Precios Justos se motivó. Destaca
el hecho que en su exposición de motivos se señaló que existían algunas
empresas que abusaban de posición de dominio, cartelizaban y
especulaban. Sin embargo, ninguna empresa ha sido señalada, aun así,
sobre todo el universo de agentes económicos –incluso los consumidores-,
se abolió las libertades y derechos económicos, imponiéndose un control
generalizado de precios.
Las políticas públicas sin asidero normativo, en detrimento del interés
público, motivadas exclusivamente por el interés político de querer
hacer ver que algo se instrumenta en contra del flagelo inflacionario,
terminarán lesionando al bienes social, especialmente a los consumidores
finales.
Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en
Competencia y Regulación de Mercado. Profesor universitario de las
asignaturas Regulación Económica y Regulación de Competencia.
No comments:
Post a Comment