La continua escasez de productos siempre trae consigo la creación de un
mercado negro
LUIS IZQUIEL | EL UNIVERSAL
sábado 26 de noviembre de 2011 12:00 AM
La plena vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos representa una
segura profundización de la escasez y el desempleo en nuestro país. Se
trata de un instrumento demagógico elaborado con una clara finalidad
política: intentar deslastrar al Gobierno, ante la opinión pública, de
su inmensa responsabilidad en el alto costo de la vida.
Los verdaderos perjudicados con la aplicación de este nuevo texto legal
serán los consumidores y los trabajadores. Si continúan los ataques en
contra de la actividad productiva privada en Venezuela, seguirán
disminuyendo las ya menguadas posibilidades de conseguir un empleo de
calidad. Igualmente, la reducción de la oferta de bienes y servicios
traerá más inflación y desabastecimiento. Los controles sobre la
economía han resultado un rotundo fracaso histórico.
La continua escasez de productos siempre trae consigo la creación de un
mercado negro. Los bienes regulados que no se ofertan en los comercios
formales, terminan vendiéndose a precios muy superiores en el sector
informal. En eso tenemos suficiente experiencia los venezolanos. Los
economistas siempre señalan que "el bien más caro es aquel que no se
consigue".
Estamos en presencia de una ley de imposible ejecución. Ningún gobierno
puede controlar todos los costos y precios de una economía. En el caso
venezolano, según los expertos, estaríamos hablando de más de 500.000
productos. Por lo tanto, la aplicación discrecional de las duras
disposiciones que contempla este texto jurídico, seguramente se
traducirá en más corrupción.
La LCPJ establece sanciones desproporcionadas. Algunas de ellas son:
multas que pueden llegar a los 250 salarios mínimos urbanos, cierre
temporal del establecimiento hasta por 90 días y la inhabilitación para
ejercer la profesión o el comercio por un máximo de 10 años. Igualmente
se prevé la posibilidad de la ocupación previa y el comiso y posterior
venta de la mercancía en cuestión. En los procedimientos que se realicen
pudieran estar presentes funcionarios de la Fuerza Armada y de la
Policía Nacional.
La aplicación de la LCPJ puede resultar un peligroso bumerán para los
burócratas en el poder. Provocar mayor escasez en vísperas de un año de
elecciones presidenciales, no luce buena idea. El Gobierno parece estar
jugando con candela.
Twitter: @luisizquiel
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