Masacres bajo Chávez
Persiste la impunidad y se acumulan las ejecuciones extrajudiciales en
Falcón, Aragua y Apure. Denuncian que Polifalcón asesinó a 260 personas
entre 2000 y 2005. Ni siquiera diez años han sido suficientes para
resolver este tipo de casos en los cuales se responsabiliza a funcionarios
PATTY FUENTES GIMÓN
A falta de respuesta por parte de la justicia venezolana, Cofavic y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó el lunes ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Néstor José
Uzcátegui, quien fue asesinado el 1º de enero de 2001 presuntamente por
funcionarios de la Policía de Falcón.
De acuerdo con las ONG denunciantes, los uniformados irrumpieron en casa
de Uzcátegui, golpearon a los demás miembros de la familia y detuvieron
de forma arbitraria a Luis Uzcátegui, hermano de la víctima y principal
testigo del homicidio, quien también asegura que frecuentemente es
amenazado y agredido por querer conseguir justicia.
"Han sido diez años muy duros. Tal vez mi familia y yo podríamos
cambiarle el semblante a esta Navidad. Tengo la plena convicción de que
son imparciales y que darán un veredicto razonable", manifestó Luis
Uzcátegui, durante su declaración en la audiencia ante la CorteIDH que
emitirá su sentencia en el segundo semestre de 2012.
Pese a los años que han transcurrido desde entonces, el caso todavía no
ha pasado de la etapa de investigación. El Estado no ha negado que
fueron policías quienes protagonizaron la ejecución extrajudicial, ni ha
contradicho que los funcionarios ingresaran al domicilio de los
Uzcátegui sin orden de un juez competente.
El asesinato de Néstor José Uzcátegui representa a más de 260 episodios
de este tipo, ocurridos entre los años 2000 y 2005. Así lo dio a conocer
ante la CorteIDH Giancarlo Guerrero, director del Comité Pro Defensa de
los Derechos Humanos de Familiares del Estado Falcón, quien además
destacó que la mayoría de estas muertes permanece impune.
ACUSAN A LA GN
Seis años no han sido suficientes para hacer justicia en las ejecuciones
de Mario Buroz, Edgar Soterán y Francisco Mora, funcionarios de la
Policía de Aragua que presuntamente fueron asesinados por efectivos de
la Guardia Nacional el 3 de junio de 2005 cuando realizaban un trabajo
de inteligencia encomendado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público.
El juicio de la llamada "Masacre de Santa Rosa" inició el 22 de abril de
2009, pero se interrumpió en septiembre de ese mismo año porque la jueza
Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5º de Juicio del Circuito
Judicial Penal de Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite
máximo que permite la ley.
El segundo juicio oral y público seguido en contra de César Omar Peña,
Andrés Aguilera, Antonio José Galea y Adonai Rafael Díaz Molina, comenzó
el 20 de mayo de 2010 y se interrumpió el pasado 24 de noviembre, es
decir, deberá ser realizado desde su inicio por no haberse reanudado el
debate en el undécimo día desde la última suspensión, según informó el
juez Nelson García, del Tribunal 5º de Juicio Mixto de Aragua.
"La interrupción del juicio fue, a todas luces, una estrategia de los
abogados de la defensa para entorpecer la administración de justicia. Lo
que es aún más grave es que el juez Nelson García tomó y avaló la
táctica dilatoria de interrumpir el juicio, quien pudiendo tomar medidas
para evitar la interrupción, se abstuvo de hacerlo, vulnerando el debido
proceso y los derechos de las víctimas", sostiene Rafael Garrido,
abogado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Y LA FAN TAMBIÉN
El martes 22 de noviembre al menos cuatro campesinos fueron asesinados
presuntamente por efectivos de la FAN en la reserva forestal de San
Camilo, en el Alto Apure. El Ministerio de Defensa dijo que fue un
enfrentamiento. Sin embargo, el Frente Nacional Campesino Ezequiel
Zamora y diversos vecinos denuncian que lo que hubo fue una masacre en
contra de "trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona".
Ayer, el diputado por Táchira Leomagno Flores, detalló que aún hay
varios heridos incomunicados en el hospital de San Cristóbal, que los
cadáveres presentaron señales de tortura, que hubo demora en entregar
los cadáveres, que resulta sospechoso el silencio del gobernador de
Apure y que este hecho fue para beneficiar al Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Por esto, propuso que la Comisión de Defensa y Seguridad
investigue el caso que, según su información, dejó cuatro muertos, tres
heridos, dos detenidos y dos desaparecidos.
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