Carolina Barros /Ámbito Financiero
Jueves, 17 de noviembre de 2011
Podría pensarse que un ataque a Irán, una crisis interna en Arabia
Saudita y la eventualidad del cierre del estrecho de Ormuz (por donde a
diario pasan 16 millones de barriles de petróleo provenientes de Medio
Oriente y Asia) beneficiarían a Venezuela
Venezuela se desliza hacia más incertidumbre. Con la salud del
presidente por un lado, las cuentas estatales que no cierran y con
PDVSA, la gallina de los huevos de oro, desplumada con una deuda
estimada en u$s 30.000 millones y financiando el 70% del gasto estatal.
En el medio, la campaña electoral, en la que Hugo Chávez hace esfuerzos
físicos para aparecer «normal» en la búsqueda de ser reelecto por
tercera vez en las presidenciales del 7 de octubre del año que viene.
Con rumores crecientes de un autogolpe de las FF.AA. para preservar por
anticipado a un Chávez debilitado, el panorama mundial tampoco ayuda:
crisis económica y la perspectiva de un conflicto armado contra Irán, el
país del que la Venezuela de Chávez es amiga incondicional -y mayor
beneficiada en Latinoamérica-. Este escenario podría tocarle en suerte
tanto al bolivariano como a un sucesor, fuera de una «transición
chavista» o el candidato de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad.
Podría pensarse que un ataque a Irán, una crisis interna en Arabia
Saudita y la eventualidad del cierre del estrecho de Ormuz (por donde a
diario pasan 16 millones de barriles de petróleo provenientes de Medio
Oriente y Asia) beneficiarían a Venezuela. Los especialistas calculan
que, de desatarse el conflic-to, el precio del barril treparía de los
casi u$s 100 actuales hasta máximos de u$s 290.
Pero también indican, como hace el economista venezolano Ángel García
Banchs, que el Estado maquilla el volumen de producción petrolera.
Mientras que PDVSA acusa una producción de 2,4 millones de barriles por
día (esto daría, con un promedio de u$s 90 el barril, un ingreso de u$s
88.000 millones al año, como quiere asentar, parece, el Banco Central de
Venezuela), «todos sabemos, dice García Banchs, que según la EIA (Energy
Information Administration, de EE.UU.), Venezuela está en 1,7 millón de
b/d», lo que da un ingreso anual de u$s 62.000 millones.
«Por otra parte, la deuda pública acumulada por el Estado (la república
y PDVSA) deberá afrontar en los años 2013 y 2014 un mínimo de u$s 17.000
millones al año, es decir, un 27% de las exportaciones petroleras a u$s
100 el barril, o un 54% si el precio, por cualquier motivo, llegase a la
mitad -a u$s 50 el barril-», agrega ese economista.
Proyecciones
Se estima, asimismo, que por la escasa y casi nula inversión en
producción, la exportación en barriles no variará mucho hacia los años
2013 y 2014, y que tampoco el Gobierno podrá, en ese lapso, reducir la
tasa de interés contraída en tres grandes préstamos (fondos) con los
chinos. Bajo tales condiciones, un cóctel de eventual alza en las tasas
de interés en EE.UU. en 2013-2014, precios petroleros no suficientemente
altos, y una devaluación del bolívar (vaticinada, a su vez, para 2012)
podrían conducir a una situación en la cual el servicio de la deuda
alcanzase cifras superiores al 35% del ingreso fiscal.
Es que el préstamo pedido a los chinos (en tres etapas) está teniendo un
efecto bumerán. Para el diputado Miguel Ángel Rodríguez, durante 2011 el
mecanismo financiero del Fondo Chino constituyó «un fuerte impacto
financiero para PDVSA», y llevó a que la petrolera le pidiese a
Miraflores (sede de la presidencia) acceso a u$s 1.381 millones
adicionales, depositados en el BANDES (Banco de Desarrollo) a fin de
cubrir «pagos de regalía e impuestos, costos de producción y refinación
de los volúmenes de crudo y productos derivados despachados». Es decir,
para hacer frente a sus compromisos con los chinos, PDVSA tuvo que
pedirle al Estado dinero adicional del BANDES (que, junto con el FONDEN,
son dos entidades financieras donde ingresan los excedentes de
exportación de PDVSA). En otras palabras, para cumplir con China,
Venezuela se mordió su propia cola.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien a su vez es
presidente de PDVSA (todo queda en familia), afirmó que «el impacto
financiero de los despachos de crudo a China (a razón de 430.000 b/d
durante 2011, a un promedio de u$s 90 por barril) sobre el flujo de caja
de PDVSA asciende a u$s 18.430 millones, compuesto por los costos de
producción y refinación (del petróleo entregado), el pago de regalías e
impuesto de extracción, y los despachos (ventas) que no ingresan a caja».
Lo del préstamo o Fondo Chino tiene varias etapas. La primera, con el
Fondo Pesado I, creado a fines de 2007 y por el que Venezuela entregó
100.000 b/d durante tres años, a un promedio de u$s 50 por barril a
cambio de un préstamo por u$s 4.000 millones. A fines de 2008, el
Gobierno de Chávez pasó otra vez la gorra y negoció con el estatal Banco
de Desarrollo de China el Fondo Pesado II: otros u$s 4.000 millones a
cambio de 130.000 b/d.
Compromiso
La tercera (no quiere decir que sea la vencida) se acordó en 2010. Los
chinos lo llamaron Fondo de Gran Volumen y fue por u$s 20.000 millones,
a 10 años, con un compromiso de suministrar 200.000 b/d., además de
renovar los fondos I y II. En resumen, de 1,7 millón de b/d que produce
Venezuela, 430.000 están comprometidos para China. Los expertos aducen
que esto «representa una carga muy pesada, que requiere una solución
estructural». Mientras tanto, la desinversión en exploración y up-stream
está a la orden del día.
Como si este panorama (de desinversión y una deuda acumulada de PDVSA
estimada en u$s 30.000 millones) no bastase, el Gobierno de Chávez,
lanzado a la campaña electoral y preocupado como nunca por asegurarse
los votos, acaba de anunciar este lunes el Nuevo Bono PDVSA 2021, con
una primera emisión por u$s 2.394 millones. ¿El motivo? Para hacer
frente a un último embeleco electoral pedido por el mandatario a la
Asamblea Nacional (AN) el viernes pasado: que antes del 1 de mayo, la AN
promulgue una nueva Ley Orgánica de Trabajo y con ella un «nuevo»
régimen de prestaciones sociales retroactivas. Traducido: se calcula que
la deuda previsional de Estado con los trabajadores supera los u$s
24.000 millones. Es lo que se estima saldará, con las pocas plumas que
le quedan, la emisión futura de bonos 2021 de PDVSA.
Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS), el pasado octubre con 489 protestas fue el
mes que más protestas sociales tuvo Venezuela durante los trece años del
chavismo en el poder, no es tan descabellado el embeleco «salvavidas»
del bono pedido a la hasta ahora siempre bien generosa PDVSA.
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