Derribar la OEA es el objetivo

Derribar la OEA es el objetivo
Emilio Nouel V
Jueves, 7 de junio de 2012

La tirria que Chávez tiene contra esa instancia no lo es tanto, creo,
porque haya dictaminado de manera desfavorable en su contra, sino más
bien porque esa vigilancia supraestatal, que por lo demás hemos aceptado
y reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, es inaceptable para su
concepto particular del poder, de las relaciones con organismos
internacionales y de la noción de soberanía absoluta que defiende.

Acaba de finalizar la reunión que ha tenido lugar en Cochabamba,
Bolivia, con ocasión de la 42ª Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos.

Allí se llevó a discusión el funcionamiento de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, y a propósito de tal tema se
presentó un informe del Grupo de Reflexión pedido por el señor
Secretario General Insulza, el cual proponía algunos cambios que no
dejan de ser turbadores.

Según declaración de Insulza, dicho Informe fue acogido mediante
Resolución y se encargó al Consejo Permanente para que en diálogo con
todas las partes involucradas, formule propuestas para su aplicación.

El tema nos concierne directamente, habida cuenta que el presidente
Chávez en días pasados pidió a un Consejo de Estado recién nombrado, un
estudio sobre la forma de sacarnos de aquel ente hemisférico, al que se
acusa de estar contra el gobierno de Venezuela.

La tirria que éste tiene contra esa instancia no lo es tanto, creo,
porque haya dictaminado de manera desfavorable en su contra, sino más
bien porque esa vigilancia supraestatal, que por lo demás hemos aceptado
y reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, es inaceptable para su
concepto particular del poder, de las relaciones con organismos
internacionales y de la noción de soberanía absoluta que defiende.

Porque el gobierno sabe muy bien que muchos países del continente han
recibido los mismos o mayores cuestionamientos de parte de la CIDH, y
que, en consecuencia, es falso que haya una particular animadversión de
los funcionarios de ese organismo hacia el gobierno chavista.
Obviamente, reconocer esto no es conveniente para sus propósitos
últimos, que, a mi juicio, son otros.

El problema de fondo que subyace a este rechazo a la CIDH es, y esto
tiene que ver con su noción anacrónica de soberanía, apartar o minimizar
todo dispositivo internacional que signifique una vigilancia eficaz
del uso arbitrario del poder y una garantía de la vigencia de los
derechos humanos de los ciudadanos.

Para el gobierno venezolano las organizaciones internacionales de
cualquier naturaleza son camisas de fuerza, a menos que sus decisiones
no comporten una obligación jurídica vinculante y exigible, que no
tengan poderes realmente coercitivos o que respondan a intereses
político-ideológicos que comparta. En cierta oportunidad, Chávez utilizó
la palabra monstruo para referirse a una de ellas; de allí su
demonización permanente, que las colocaría al servicio de los grandes y
más oscuros poderes mundiales.

Para la ideología de Chávez, el Estado venezolano no debería estar
sometido a los tratados que suscribe ni al derecho que generan las
organizaciones internacionales a las que pertenecemos voluntariamente
(excepción: la subordinación al gobierno cubano). De acuerdo con esta
visión demodé el territorio de una nación es una suerte de coto cerrado
en el que nadie ni nada que no sea nacional puede inmiscuirse,
intervenir u opinar, incluso en la materia de derechos humanos.

Si un gobernante machaca a su pueblo o a sus opositores, si persigue,
tortura y asesina, como en la actualidad sucede, por ejemplo, en Siria,
ningún extranjero tiene el derecho de decir una palabra de condena,
ninguna organización internacional puede intentar corregir tal matanza
despiadada. La sacrosanta soberanía está por encima de los derechos
fundamentales del ser humano y punto.

Así, como lo hemos dicho cientos de veces, la soberanía se convierte en
el argumento y escudo preferido de los tiranos para evitar que la mano
de la justicia los alcance.

El principio de la universalidad de los derechos o el de la persecución
penal de los delitos de lesa humanidad, no tienen cabida en tal
concepción de soberanía absoluta.

La CIDH, por tanto, es una piedra en el zapato para muchos, incluso para
algunos gobiernos que se dicen demócratas.

Plantear, como parece ser la propuesta que llevaron a la Asamblea de la
OEA, que la CIDH no tenga autonomía e independencia para decidir abrir
investigaciones, es un duro golpe al principio de protección de los
derechos humanos en el hemisferio. Es mediatizar el papel que debe jugar
esa instancia; es, más bien, volverla inútil, aniquilarla. La CIDH y la
Corte no pueden ser apéndices de los gobiernos, como pretende el
canciller de Venezuela al decir que los integrantes de estos órganos son
empleados nombrados por los Estados parte.

El canciller Maduro, obviamente, desconoce la necesidad de que estos
órganos sean independientes de los gobiernos, así como en su país no
admite el imperativo de la división y los contrapesos de los poderes
públicos.

Soy de los convencidos de que el ataque a la CIDH es por mampuesto a la
OEA. Ésta ciertamente precisa de reformas. Pero para mejorarla en su
funcionamiento, hacerla más eficaz, no para fragilizar uno de los
mecanismos más importantes en defensa de los ciudadanos.

"Estamos transformando Estados burgueses, estamos cambiando esos Estados
aparentes en Estados que velen por el interés general, Estados de
plastilina por Estados reales", ha señalado el pupilo de Chávez, Correa,
al arremeter contra la OEA y presentarse como representante de un
supuesto proceso revolucionario en marcha en el continente.

Chávez, por su parte, dictó la línea a sus lacayos de ALBA: "¿Para qué
la Organización de Estados Americanos? ¿Para qué la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a crear nuestros mecanismos en
estos espacios geopolíticos de unidad y de integración que están naciendo".

Éste es el verdadero objetivo, el que camuflaron cuando apoyaron la
creación de CELAC o UNASUR: dinamitar a la OEA desde adentro. Es la
prioridad. Creen que con tal acción debilitarán a un supuesto imperio
opresor. Aunque sabemos que el fin último es mantenerse en el poder.

Si se salen con la suya los que buscan destruir abiertamente el sistema
hemisférico, secundados desde la sombra por algunos gobiernos, no sólo
la causa de los derechos humanos sufrirá uno de sus reveses más
importantes, también la estabilidad de la región.

Twitter: @ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/4814146.asp