Colette Capriles
Viernes, 25 de noviembre de 2011
La propiedad es un crimen, y el Estado se realiza en su poder represivo
desertando de su responsabilidad en el calamitoso proyecto económico que
ha puesto en obra.
El objetivo de la ley de costos, y la de alquileres, es uno: construir
el mensaje de que si hay inflación y no hay dónde vivir, es porque hay
criminales actuando.
La propiedad es un crimen, y el Estado se realiza en su poder represivo
desertando de su responsabilidad en el calamitoso proyecto económico que
ha puesto en obra. Los fabricantes de estas leyes saben perfectamente
bien, aunque no quieran reconocerlo ni en su fuero más íntimo, que han
actuado con espíritu iatrogénico: esta medicina terminará de matar al
paciente. Pero importa más el beneficio inmediato, esa alegría de tísico
tan característica: parte de la clientela del chavismo querrá creer que
es por falta de represión que las cosas van tan mal, así como otra parte
buscará la forma de beneficiarse sustituyendo a los que salgan del
(escuálido) mercado.
Lo que importa es la creación de una excepcionalidad que la ley misma
genera por el espíritu arbitrario que las anima. Con estas leyes se
instituye el privilegio, signado por la lealtad más atrabiliaria, la de
la complicidad en el enriquecimiento y el empoderamiento vil de una
oligarquía.
Así, pues, no hay nada en esta historia que tenga que ver con doctrinas
económicas o de ninguna otra índole, sino con una concepción de la
legalidad que desprecia el punto de vista universal y sólo entiende la
ley como la del más fuerte, como aquello que conviene al poder mismo. Es
Calicles hablando en el Gorgias de Platón. Y esa concepción está
presente en discursos y obras de este régimen desde su mismo principio,
desde sus más remotos antecedentes, y no le debe nada a la conversión a
los evangelios del socialismo.
Las reformas raulistas en Cuba son un ejemplo que por vía contraria lo
demuestran: la transición hacia un capitalismo no tan de Estado está
siendo controlada para que no altere el sistema de privilegios
corporativos que se consolidó bajo el fidelismo, como lo explica en un
magnífico artículo publicado en El País el escritor Rafael Rojas. Vía
china de mercado sin democracia, con los mismos resultados: la
corrupción esencial de los mercados, que dejan de ser una institución
para el encuentro de oferta y demanda y se establecen como predios para
la ampliada avaricia de la oligarquía, cansada ya del presunto ascetismo
revolucionario.
De modo que la única diferencia entre capitalismo y comunismo vendría a
ser que el costo de la represión en este último sistema se ha vuelto
demasiado alto. El pensamiento políticamente "correcto" se desmarca de
los regímenes obviamente represivos pero es muy tolerante con la
imperfección de los mercados, viendo con simpatía las intervenciones de
la mano peluda de los estamentos burocráticos en estas economías "chinas".
Ha habido voces de alerta dentro del mismo régimen que anticipan el
mayor estrangulamiento económico que estas dos leyes van a provocar (y
que ningún sistema de subsidio, sea por la vía de la asignación directa
o por la vía del subsidio cambiario, va a aliviar). Están pensando en
las consecuencias electorales, claro. Y en realidad, es en esa dimensión
que hay que explicarlas: en el primitivo esquema con el que el régimen
está intentando construir una campaña, es esencial mantener la división
frente a la unión, como también lo es promover un relato que asigne
culpas y crímenes (además del expediente penal con que se consuma la
represión selectiva). Pero, como pasó en 2007 y en 2010, quedará claro
que esas narrativas en nada divierten del drama cotidiano que nos azota.
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