ALEXANDER GUERRERO E. | EL UNIVERSAL
miércoles 16 de noviembre de 2011 12:00 AM
Las cosas comenzaron: expropiaciones de desarrollos inmobiliarios, la
violencia política contra la propiedad privada inmobiliaria se ejecutaba
a través de invasiones inducidas por un discurso político clasista
dirigido a envilecer los precios de viviendas y el ahorro de la familia
de clase media. Un proceso político similar al que ocurre con la toma,
expropiación de tierras de uso agropecuario que ha producido ruina en el
agro. Así llegó la Habilitante, el proceso de afectación de valores
inmobiliarios de viviendas ahora tiene un marco jurídico inconstitucional.
El paso siguiente, la AN aprobó la Ley de Arrendamiento, un marco legal
que descapitaliza la familia de sectores medios, pervierte el marco
jurídico mutilando los derechos de propiedad sobre la vivienda; el
impacto de esa ley envilece los precios de las viviendas, destruye el
ahorro familiar; no es consecuencia no intencionada, todo lo contrario,
el objetivo político es arruinar la clase media. La Ley de
Arrendamientos penaliza a la familia que ahorró, invirtió en viviendas
para protegerse de la inflación y la devaluación. Las familias de los
sectores medios partían de un principio básico: en el largo plazo, los
precios de las viviendas cubren la depredación fiscal del bolívar y
capitaliza el ahorro. La Ley de Arrendamiento vuelve añicos esas economías.
En el hecho y en el derecho esa ley depreda la propiedad de la vivienda
en alquiler -la renta del ahorro a través de un proceso que en los
extremos expropiar por intervención del gobierno y de terceros- la
vivienda en alquiler. Sus efectos se sienten ya en la industria de
construcción de viviendas, disminuirá la calidad de las viviendas, y se
envilecerán los precios de parcelas de tierras urbanas, profundizando el
deterioro urbanístico de ciudades.
En Venezuela poseer una vivienda, además de satisfacer una necesidad,
constituía inversión familiar, un ahorro previsional; la vivienda como
inversión protegía de patrimonio familiar, un activo "real", para
proteger el ahorro del efecto depredador de la inflación y la
devaluación. Esa ha sido la lógica de la inversión en viviendas por
parte de los sectores medios. La familia venezolana disponía así de un
capital en un activo real en su balance que le permitía apalancarse
financieramente; la vivienda es el activo de mayor valor en el balance
familiar.
El mercado respondía rápidamente a esas preferencias de las familias
que se organizaba en autopromoción programada urbanizando y
construyendo, autoconstrucción y masivamente a la producción de
viviendas por promotores y urbanizadores privados y cuya obligación
social y económica comenzaba con la adquisición de tierras urbanas para
construir la oferta habitacional privada. El sector privado construía en
promedio más de cien mil viviendas por año, cuyo destino eran los
sectores medios y bajos consolidados de un amplio espectro social, con
la condición económica fundamental que podía financieramente con el peso
de una hipoteca de largo plazo.
Toda esa historia termina con la Ley de Arrendamiento. La improvisación
y el acoso político de los sectores medios desdicen de la intención y
calidad intelectual -que no sea la destrucción- del oficio de legislador
en las circunstancias políticas.
Economista, PhD
www.alexanderguerrero.com
@AlexGuerreroE
http://www.eluniversal.com/opinion/111116/ley-de-arrendamiento-muerte-de-la-clase-media
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