23-Nov 06:32 am|Hernán Lugo
La ONG emplaza al Estado a averiguar los embates contra la prensa y
sancionar a los responsables. Sólo 26% de las víctimas denunció ante la
Fiscalía
Al celebrarse hoy 23 de noviembre el primer Día Mundial contra la
Impunidad, Venezuela tiene un registro rojo de agresiones contra
periodistas, la mayoría de las cuales no han sido castigadas por la
justicia. De 75 casos, 26% de las víctimas denunciaron los hechos ante
la Fiscalía y organismos de seguridad.
El Instituto Prensa y Sociedad, que efectuó el estudio Seguimiento de
Casos de Impunidad de Agresiones a Periodistas 2010-2011, encontró que
74% de esos ataques no fueron denunciados, entre otras cosas por la
desconfianza en el sistema de justicia.
"Comunicadores aducen que sienten temor por sus vidas si acuden a un
organismo a indagar sobre su caso", dijo el director ejecutivo de IPYS,
Ewald Scharfenberg, que presentó el informe.
Anunció que en el microsite http://ipys.org.ve/impunidad se publicarán
dos investigaciones de periodistas, con la cooperación de la Embajada de
Canadá, sobre la muerte del reportero Jacinto López, en Barquisimeto, en
2009, y del vicepresidente de Reporte Pierre Gerges, en 2008, aún no
aclaradas.
"En Venezuela prevalece la impunidad porque de 10 ataques contra
periodistas, 7 permanece sin ser investigados o los responsables
sancionados", señaló.
Uno de esos casos es el de la golpiza contra trabajadores de la Cadena
Capriles en el centro de Caracas.
IPYS emplazó al Estado a castigar a los agresores y reparar los daños
causados a los afectados.
"La impunidad en Venezuela es generalizada y son conocidos los efectos
perniciosos de la ineficiencia de la justicia; una agresión sin castigo
puede estimular al agresor a continuar con su conducta y a cometer
hechos más graves que pudieran llegar a atentar contra la vida de los
periodistas", advirtió.
Scharfenberg expresó temor de que en 2012 aumente la violencia contra
los medios de comunicación y los periodistas debido al proceso electoral.
La presidenta del CNP, Silvia Alegrett, informó que la Comisión Nacional
de Protección a Periodistas reportó 25 casos de agresión en 2010, pero
al solicitarle información a la Fiscalía General la mayoría tenía status
de "en fase preparatoria". "El Estado no es diligente", señaló.
Elizabeth Safar, del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público,
dijo: "Las agresiones son una política del Gobierno; no son hechos
aislados y buscan el control de los medios. Hay una red legal que induce
a la censura y que niega el acceso a la información".
La abogada Tamara Bechar, que coincidió con Safar, manifestó: "Es un
terrorismo de Estado que tiene un matiz político; las agresiones pueden
ser afrontadas con la organización social, la denuncia y la
documentación de los casos".
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