JORDY ENRIQUE MONCADA CARTAYA | EL UNIVERSAL
viernes 18 de noviembre de 2011 12:00 AM
En Venezuela a partir de esta semana el que arriende una vivienda se
expone a no poder disponer de su propiedad como mínimo en 3 años y si se
le ocurre tener un arrendamiento a largo plazo, sencillamente estaría
entregando su propiedad, pues esta semana también se inventaron una
nueva forma de adquirir la propiedad, ya que luego de 20 años de
arrendamiento, la ley establece que ellos tendrán el derecho a ser
titulares de la vivienda. Será una nueva Superintendencia la que
determine los precios de venta.
En un país en donde existe un déficit de vivienda abismal, el Gobierno
propone una gran misión vivienda que desde su creación está incumpliendo
(hasta ahora 58 mil viviendas de 260 mil correspondientes a 2011) y
ahora las pocas viviendas que se ofrecen en alquiler seguramente
desaparecerán luego de la aprobación de la nueva ley de arrendamiento.
Los venezolanos tenemos dos opciones para acceder a una vivienda,
adquirirla a través de un crédito hipotecario o arrendarla. Los créditos
hipotecarios son prácticamente inaccesibles debido a la inestabilidad
del empleo venezolano que imposibilita a cumplir los requisitos para
lograr la aprobación de un crédito y ahora arrendar será imposible, pues
nadie arriesgará a entregar su propiedad a un inquilino que difícilmente
podrá sacar.
Sin duda alguna los más afectados serán los jóvenes, quienes por razones
obvias su primera opción de emancipación y vaya que ya es difícil es
alquilar una vivienda, ya sea con su pareja con sus amigos o solo. Pero
ante una ley que limitará la oferta menos podrán los jóvenes acceder a
una vivienda.
Si una persona quería invertir en un inmueble y arrendarlo para
recuperar la inversión, ahora tardará entre 20 y 30 años en recuperar la
inversión, en el supuesto en que los cánones se ajusten debidamente, de
lo contrario será imposible recuperar esa inversión.
Si un propietario lograra la proeza de obtener que por vía
administrativa y luego judicial se ordene el desalojo del inquilino,
éste no desalojará el inmueble hasta que la Superintendencia o el
Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o un
destino habitacional definitivo.
Cabe destacar que, en el caso de la morosidad, si el inquilino presenta
una causa justificada, el propietario no podrá pedir el desalojo.
Quienes celebran esta ley son personas que actualmente están
beneficiadas por el mercado arrendaticio, pero no se enteran que gracias
a esta ley cada vez serán menos las personas que puedan encontrar una
vivienda en alquiler.
Este Gobierno pretende transformar todo en una confrontación, el
arrendado y el arrendatario se necesitan el uno al otro para poder existir.
http://www.eluniversal.com/opinion/111118/el-que-alquila-pierde
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