Patty Fuentes Gimón/Tal Cual
Domingo, 2 de octubre de 2011
Lo cuestionable es el doble estándar que hace el Estado de la
cooperación internacional, pues criminaliza la que existe hacia ONG
mientras lo hace descaradamente en el proceso de EPU para la ONU",
destaca San Miguel
Pareciera que poner las cifras de inseguridad ante los ojos del mundo le
aterra. En el informe que presentó ante las Naciones Unidas de cara al
Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido Venezuela el
próximo 7 de octubre, el Estado no se atrevió a revelar la cantidad de
delitos que se cometen anualmente en el país, sino que utilizó los
números de otro país y los asumió como propios.
En el párrafo 37 del documento que entregó el Gobierno de Venezuela al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU se incluyó una mención a "la VII
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana", según la cual, "para
2010 los hogares que fueron víctimas de algún delito se redujeron en
15,9%, con respecto a 2009, mientras que la proporción de personas que
percibe un aumento de la delincuencia en el país disminuyó 18,5%".
Sin embargo, los datos de la supuesta "encuesta" no corresponden a
Venezuela, sino a la Oficina Nacional de Estadísticas de Chile, de donde
se extrajo la información. Ante las repetidas críticas que hicieron las
ONG venezolanas sobre la manipulación de cifras, el Gobierno envió una
enmienda en la cual solicitó sustituir el mencionado párrafo por otro
referido a un estudio verdadero efectuado en el país.
El texto quedó así: "según la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, la investigación pretende
analizar las víctimas de un hecho delictivo, caracterizando la
ocurrencia del hecho, a fin de implementar políticas públicas para
garantizar la seguridad ciudadana, prevención del delito y control de la
criminalidad".
El Estado no se atrevió a revelar las cifras verdaderas acerca de la
inseguridad ciudadana en Venezuela, que entre agosto de 2008 y noviembre
de 2009 registraron 19.133 asesinatos en el país, lo que ubica la tasa
de homicidios en 75 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con dicha
encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas.
ANEXOS MISTERIOSOS Otra de las irregularidades que se cometió en dicho
informe es que el Estado en apoyo a su argumentación para algunos temas
indicó que complementaba la información con un anexo descriptivo, pero
casi ninguno de esos fue consignado.
Por ejemplo, en lo relativo a la erradicación de la pobreza, se hace
énfasis en el aumento de la inversión social: de más de 12 millones de
dólares en 1999 a casi 400 millones de dólares acumulados entre 2000 y
2010 a través de Pdvsa y Fonden. En una cita que se le adjunta a ese
párrafo, se indica que referente a este tópico, habrá un anexo que no
fue consignado.
Algo similar ocurre cuando se trata el tema de la participación, donde
el Estado sostiene que entre 1999 y 2010 hubo 15 procesos electorales y
propone en las citas 21 y 23 anexos que no publica. En materia de
justicia y de ambiente sano tampoco se añaden los datos prometidos.
"¿Por qué no consignan los anexos? ¿Se trata de un falseamiento de
cifras, de mecanismos de opacidad del Estado o de confundir a la ONU?",
se pregunta la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel,
quien además asegura que "es muy fácil decir que todo está bien, pero no
se puede hablar de cifras sin consignar los anexos, por lo que
exhortamos al Estado a que ofrezca esta información, pues todavía está a
tiempo".
Venezuela forma parte de las 193 naciones que cada cuatro años son
evaluadas respecto a sus DDHH por la ONU. En este examen se asegura la
participación de todos los actores. Por eso, se apoya en los informes
presentados por el Estado examinado, la Oficina del Alto Comisionado de
la ONU y las ONG.
El EPU no es contencioso: se trata de un proceso de negociación donde
los Estados miembros de la ONU llegan a un acuerdo para plantear
recomendaciones al país evaluado, que puede aceptarlas o no.
DOBLE ESTÁNDAR En la página del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU
se han auditado 575 informes: 383 de organizaciones venezolanas (de las
cuales, 276 son de consejos comunales, 14 de unidades de batalla, 45 de
organizaciones no autónomas y aproximadamente 40 de ONG independientes).
Además, "países como Bolivia, que envió 91 informes, y Cuba, que mandó
12, usaron a las ONG bolivarianas para apoyar la situación de DDHH en
Venezuela.
Es claro que aquí ha habido un dispendioso ejercicio de la cooperación
internacional para producir comentarios favorables al Gobierno. Lo
cuestionable es el doble estándar que hace el Estado de la cooperación
internacional, pues criminaliza la que existe hacia ONG mientras lo hace
descaradamente en el proceso de EPU para la ONU", destaca San Miguel."
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