entornointeligente.com
Miércoles, 26 de octubre de 2011
"Parece que en Venezuela toda la información está reservada", dijo la
relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, al referir su preocupación por las normas que impiden
el acceso a los datos públi
Ayer se celebró una audiencia en la sede de la CIDH en Washington, en la
que diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas
ejemplificaron las dificultades y los perjuicios del secretismo impuesto
desde el Gobierno.
El 1° de abril de 2010 el presidente Hugo Chávez dictó el Decreto 7454,
mediante el cual se creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación.
El artículo 9 establece que el jefe del Cesna "podrá declarar el
carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier
información, hecho o circunstancia, que en el cumplimiento de sus
funciones tenga conocimiento o sea tramitada".
El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa y las organizaciones no gubernamentales de
promoción y defensa de la libertad de expresión impugnaron la resolución
del Ejecutivo nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia, el 15 de
junio de 2010. Transcurrido más de un año, los demandantes siguen
esperando respuesta.
Los gremios han razonado que la creación del Cesna se suma a las
limitaciones existentes para el acceso a la información y el ejercicio
del periodismo, establecidas en la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación en cuanto a la reserva de divulgación o suministro de datos o
información y el incumplimiento al régimen especial de las zonas de
seguridad, cuya violación establece penas de cárcel de 5 a 10 años.
Puertas cerradas. Carlos Correa, miembro de Espacio Público, presentó
ante la CIDH los resultados de un estudio sobre 65 peticiones de
información pública formuladas este año: 84% fue negada, 4% ni siquiera
se pudo formalizar y 12% fue respondida. También se evaluaron 30 sitios
web de organismos públicos, de los cuales sólo 38,75% en promedio cumple
con los estándares internacionales sobre transparencia de la gestión
pública.
Silvia Alegrett, presidenta del CNP, reportó que entre enero y
septiembre de 2011 se han registrado 21 casos de violación del acceso de
los periodistas a fuentes oficiales. Precisó que hay tres patrones:
limitación de acceso a organismos públicos, entre ellos Miraflores, la
Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y Pdvsa;
discriminación en la convocatoria a conferencias de prensa oficiales; e
impedimento de la cobertura de actos oficiales en sitios públicos, por
ejemplo, operativos de distribución de alimentos.
Alegrett destacó que una de las situaciones más lamentables es que los
periodistas de medios privados acreditados en la Asamblea Nacional no
tienen acceso al hemiciclo donde se realizan las sesiones
parlamentarias. Las autoridades legislativas sólo les ofrecen la
transmisión oficial y parcializada del canal ANTV.
Marino Alvarado, de Provea, denunció la restricción de las garantías
judiciales para el ejercicio del derecho de petición, a pesar de que
tiene rango constitucional. Precisó que el TSJ desechó la acción de
amparo como recurso idóneo ante la violación del derecho de acceso a la
información y ha establecido como criterio vinculante que el solicitante
debe explicar por qué y para qué la requiere.
"La jurisprudencia regresiva del Tribunal Supremo ha llegado el extremo
de exonerar al Presidente de la República de su obligación de responder
a las peticiones que se le formulen, con el argumento de que el jefe del
Estado tiene muchas ocupaciones", refirió Alvarado.
Al final de la audiencia, el presidente de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil,
consideró grave que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya
sentado jurisprudencia que niega el recurso de amparo: "En un Estado de
Derecho constituye una garantía fundamental la posibilidad de amparo,
como medio rápido, expedito y eficaz". Edgar López
Fuente: entornointeligente.com
No comments:
Post a Comment