Expropiaciones irresponsables
Andrés Simón Moreno Arreche
Miércoles, 4 de enero de 2012
Aún cuando la República de Venezuela está obligada constitucionalmente a
aceptar la mediación de CIADI y las decisiones de los tribunales de
arbitraje internacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela ha sostenido en dos fallos (Sentencias. números
1942, de julio,15 del 2003, y 1541, de octubre 17 de 2008).
Mi amigo y colega Carmelo Casale me lo dijo desde el año 99: "Andrés, el
comunismo es un sistema predador: subsiste de lo que le deja el
capitalismo porque es incapaz de producir nada, a excepción de pobreza,
miseria y escasez." Siempre le creí aunque en el fondo de mi corazón
anidaba la esperanza de que se equivocara en relación con el incipiente
gobierno de Hugo Chávez, o de que este no fuera, como efectivamente es,
un régimen totalitario de corte neo-comunista. El tiempo y los
tribunales internacionales le han dado la razón a mi amigo pues la
depredación institucional que se ha ejecutado sistemáticamente desde
Miraflores (sede del Poder Ejecutivo en Venezuela) ha venido acompañada
con la expropiación írrita y el posterior saqueo sistemático a empresas
privadas productivas de cualquier tamaño, rubro o actividad, desde
modestas empresas de tradición familiar hasta los bienes de grandes
empresas trasnacionales, que intentaron hacer valer sus derechos en los
tribunales del país, pero como el Poder Judicial venezolano está
secuestrado por Chávez (82% de los Jueces son 'provisionales' y de libre
remoción por el Tribunal Supremo de Justicia, que está integrado por
miembros activos del PSUV, el partido de gobierno) estas empresas han
tenido que hacer valer sus derechos en instancias internacionales
¿Resultado? Venezuela (que no Chávez) enfrenta más de 20 libelos con
altas probabilidades de perderlos, y ante el Centro Internacional de
Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del
Banco Mundial, hace frente a los más relevantes.
El Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones
(CIADI) es un organismo internacional creado por el Convenio sobre el
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados, también denominado Convenio de Washington o
Convenio CIADI. Este tratado, que data de 1965, cuenta con 146 Estados
parte y fue suscrito por Venezuela el 18 de agosto de 1993 y ratificado
por el entonces Congreso de la República el 2 de mayo de 1995, para
entrar en vigencia el 1º de junio de ese año. El CIADI es por lo tanto,
un centro de resolución de controversias especializado en disputas
relativas a inversiones extranjeras, para lo cual administra
procedimientos de conciliación y arbitraje; no decide las controversias.
Los casos no superados en la etapa de conciliación, como algunos que
enfrenta Venezuela, son sometidos a la decisión de un tribunal arbitral
que puede estar constituido por uno o varios árbitros (siempre en número
impar), designados por las partes y que son responsables de decidir el
fondo de las controversias.
El gobierno de Chávez ha efectuado 1.045 "intervenciones" (popularmente
conocidas como expropiación express) contra compañías u otras
propiedades privadas desde 2002 hasta septiembre de este año, y que 44%
de esas intervenciones estaban vinculadas con el sector de la
construcción. Por ello Venezuela ha sido demandada en 21 arbitrajes en
el Centro CIADI y de estos 21 casos en los que Venezuela ha tenido que
ejercer su defensa, uno fue registrado en 1996, iniciado por Fedax N.
V., mientras que todos los demás han sido registrados a partir del año
2000. En 2000 se registraron las demandas presentadas por GRAD
Associates, P. A. y Aucoven (concesionaria de la autopista Caracas-La
Guaira). En el 2004, la de Vanessa Ventures Ltd. (mina Las Cristinas).
En el 2005, la de I&I Beheer N. V. (instrumentos de deuda pública). En
el 2006, la de Vestey Group Ltd. (hato El Charcote). En el 2007, las de
ENI Dacion B. V. (convenios operativos de la apertura petrolera), Mobil
Corporation y otros (asociaciones de la Faja del Orinoco - apertura
petrolera) y ConocoPhillips Company y otros (asociaciones de la Faja del
Orinoco – apertura petrolera). En el 2008, las de Brandes Investment
Partners, LP (accionista de Cantv) y Cemex Caracas Investments B. V. y
otros (cementera) y, en el 2009, Holcim Ltd. y otros (cementera) y Gold
Reserve Inc. (minería). El año 2010 se presentaron las de Tidewater Inc.
y otros (contratista de Pdvsa), Universal Compression International
Holdings, S. L. U. (contratista de Pdvsa), Opic Karimun Corporation y
Flughafen Zürich A. G. y Gestión e Ingeniería IDC S. A. En el transcurso
de 2011 se han registrado cuatro casos: Highbury International AVV and
Rammstein Trading Inc. (concesión minera), Nova Scotia Power Inc.
(minería), Longreef Investments A. V. V. (Café Fama de América) y
Cristallex International Corporation (mina Las Cristinas). De todos
estos, los casos de Fedax N. V., GRAD Associates P. A., Aucoven, I&I
Beheer N. V. y ENI Dacion B. V. fueron concluidos por diferentes vías.
Únicamente se emitieron laudos condenatorios en los casos de Fedax N. V.
y Aucoven. Esto quiere decir que el país tiene 16 casos pendientes de
resolución por tribunales arbitrales CIADI.
Aún cuando la República de Venezuela está obligada constitucionalmente a
aceptar la mediación de CIADI y las decisiones de los tribunales de
arbitraje internacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela ha sostenido en dos fallos (Sentencias. números
1942, de julio,15 del 2003, y 1541, de octubre 17 de 2008), que la
ejecución de ambos dictámenes, emitidos por las cortes de arbitraje
internacional, está sujeta al cumplimiento del orden constitucional
venezolano, dejando abierta la posibilidad para que un tribunal local
revise el contenido de esas sentencias y hasta pueda dictaminar como
insustancial su ejecución. Lo que sigue es el resumen de los costos que
enfrenta el país en los tribunales arbitrales internacionales donde se
ventilan estos 16 casos direccionados por el CIADI que se encuentran en
diferentes etapas:
En espera de la emisión de laudo final: Vanessa Ventures Ltd. y
ConocoPhillips Company y otros:
ü Vanessa Ventures: (U.S. $ 1.000 millones) La canadiense Vanessa
Ventures tiene un reclamo por un proyecto de más de 1.000 millones de
dólares por la revocatoria de sus proyectos auríferos da manera
unilateral por parte de la Nación y fuera de los términos acordados en
contrato.
ü ConocoPhillips: (U.S. $ 31.000 millones) Este juicio, el más oneroso
que enfrenta Venezuela por la metodología chavista de
nacionalización-express, involucra dos proyectos petroleros en la
vertiente Norte de la Faja del Orinoco y dos convenios de exploración.
En octubre de 2010 el tribunal arbitral internacional recibió una
petición de descalificación de uno de los árbitros, pero en un prospecto
de deuda, PDVSA dijo hace pocos meses que espera asistir a una audiencia
determinante entre el 10 y el 14 de enero venideros, lo que podría
conducir a un veredicto este año.
Juicio suspendido: Vestey Group Ltd.
En etapa de sustanciación: Mobil Corporation y otros, Cemex Caracas
Investments B. V. y otros y Gold Reserve Inc.;
ü Exxon Mobil: (U.S.$ 7.000 millones) La empresa introdujo en octubre
del 2007 una solicitud de arbitraje a las pocas semanas que el Gobierno
de Chávez irrumpiera con sus milicianos en Cerro Negro (Faja del
Orinoco) y en La Ceiba (al Occidente del país) para incautar los activos
de la petrolera que operaba ambos proyectos, sin los formalismos que
señala la Constitución del país y a principios del 2008 Exxon acompañó
sus peticiones de arbitraje con un recurso de congelación de hasta
12.000 millones de dólares en activos externos de Petróleos de Venezuela
(PDVSA). Aunque esta medida fue descartada por un tribunal británico,
Exxon aspiraba a recibir hasta 15.000 millones de dólares, pero en 2010
la estatal PDVSA informó que la firma había restringido su reclamo a
unos 7.000 millones de dólares. Venezuela ofrecía pagar hasta 1.000
millones de dólares, un ofrecimiento que nunca ha honrado.
Al momento de redactar este informe, un organismo de arbitraje
internacional concedió a Exxon Mobil Corp. cerca de 908 millones de
dólares como compensación por el litigio que mantiene la firma
estadounidense con Venezuela por la nacionalización de sus activos en
2007. La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en
inglés) confirmó que la corporación estatal Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA) "tiene una responsabilidad contractual con Exxon Mobil". La
información proviene del portavoz de la compañía, Patrick McGinn, vía
correo electrónico. El vocero indicó que la compensación exacta es por
907,588 millones de dólares.
ü Cemex: (U.S. $ 1.000 millones), Entre 2008 y 2009 la mexicana Cemex
no alcanzó ninguno de los acuerdos con Venezuela para la compensación
por la nacionalización de su filial local. Entonces solicitó arbitraje
ante el CIADI por la expropiación de la industria cementera. Sus
reclamos involucran unos 1.000 millones de dólares y aunque dijeron que
llegaron a un arreglo amistoso, el caso no ha sido retirado de la Corte.
A inicios de diciembre 2011, Venezuela dijo que pagará un adelanto de
600 millones de dólares a la mexicana Cemex, en un acuerdo que se
alcanza luego de tres largos e infructuosos años después de que la
cementera solicitara arbitraje a un tribunal internacional.
ü Gold Reserve (U.S. $ 2.100 millones) En el 2009 la minera canadiense
solicitó arbitraje por la revocatoria de dos proyectos auríferos. Su
solicitud de compensación se elevó en agosto a 2.100 millones de
dólares. Aún prosigue el arbitraje en los tribunales de CIADI.
Pendiente por decisión sobre jurisdicción: Brandes Investment Partners, LP.
Pendiente terminación por acuerdo entre las partes: Holcim Ltd. y otros.
ü Holcim: (U.S. $ 1.000 millones) La empresa suiza Holcim tampoco logró
acuerdos con Venezuela para la compensación por la nacionalización de su
filial local y aunque dijeron que, al igual que CEMEX llegaron a un
arreglo amistoso, el caso no lo han retirado de la Corte hasta que la
Nación no de finiquito satisfactorio al arreglo.
En primera sesión del tribunal: Tidewater Inc. y otros.
ü Tidewater: (U.S. $ 45 millones) Luego de una exasperante espera de
meses para que Venezuela compensara a las 76 empresas de servicios
petroleros que expropió en mayo del 2009, la estadounidense Tidewater
solicitó arbitraje para recuperar el valor de sus embarcaciones,
estimado en unos 45 millones de dólares.
Pendiente por resolver recusación de un árbitro: Universal Compression
International Holdings, S. L. U. y Opic Karimun Corporation:
ü Universal Compression Internacional Holdings: (U.S. $ 400 millones)
La firma, adquirida por la estadounidense Exterran, fue otra afectada
por las expropiaciones express del 2009. Introdujo arbitraje en el 2010
por sus activos, valorados en 400 millones de dólares. Se pidió la
descalificación de uno de los árbitros.
ü OPIC Karimum: Introducido en el 2010 por una filial de la estatal
taiwanesa CPC Corp , que tenía una porción minoritaria en los proyectos
petroleros Golfo de Paria Este y Oeste. Se discute una petición de
descalificación de árbitro.
Tribunal recientemente constituido: Flughafen Zürich A. G. y Gestión
Ingeniería IDC S. A.
En la etapa de registro de demandas: Highbury International AVV and
Rammstein Trading Inc., Nova Scotia Power Inc., Longreef Investments A.
V. V. y Cristallex International Corporation.
ü Highbury International y Rammstein Trading: (U.S. $ 3.800 millones)
En enero 2011 las firmas Highbury International y Rammstein Trading
introdujeron otro caso relacionado con minería y el último caso minero
en ventilarse mediante arbitraje corresponde a la canadiense Cristallex,
que solicita 3.800 millones de dólares por el proyecto Las Cristinas.
ü Crystallex: (U.S. $ 3.800 millones) La minera canadiense Crystallex
anunció el viernes 7 de octubre de 2011 que en un tribunal arbitral
comenzó el proceso formal que solicitó contra Venezuela por la
cancelación unilateral del contrato para operar el proyecto de oro Las
Cristinas y está solicitando una compensación completa de 3.800 millones
de dólares.
ü Nova Scotia Power Inc: El 22 de abril de 2010, Nova Scotia Power
Incorporated con sede en el 1930 Barrington Street Halifax, Nova Scotia
B3J 3E5 Canadá, demandó a la República Bolivariana de Venezuela para un
Laudo sobre Jurisdicción
ü Longreef Investments A.V.V: En noviembre de 2009 el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela realiza una expropiación forzosa de
las instalaciones cafetaleras de la empresa Fama de América,
representada por Longreef Investments AVV. Fama de América estuvo
intervenida desde agosto 2009 por supuestos incumplimientos de la
legislación local, El gobierno inicialmente informó que había tomado las
instalaciones de las compañías (Fama de América y de otras dos empresas
similares) para investigar supuestas "prácticas monopólicas" y el
"contrabando de extracción" del café hacia Colombia, señalamientos que
fueron rechazados por las empresas.
Otros casos que enfrenta el país en los tribunales arbitrales
internacionales:
ü Tenaris y Talsa: (U.S. $ 2.000 millones) Las siderúrgicas Tenaris y
Talsa, controladas por el argentino Techint, solicitaron arbitraje
contra Venezuela por la nacionalización en 2009 de una de sus filiales,
Matesi. Un año antes el Gobierno había estatizado la Siderúrgica del
Orinoco (Sidor), en donde participaba el grupo argentino, por la que
acordó pagar 2.000 millones de dólares.
ü Owen Illinois: La fabricante estadounidense de envases de vidrio
solicitó arbitraje en septiembre por la expropiación de sus dos plantas
en Venezuela el año 2010, que representaban 5 por ciento de sus
operaciones mundiales.
ü Koch Industries: La empresa estadounidense Koch Industries introdujo
un caso similar al de Owen Illinois ante el Ciadi por la toma de
Fertinitro, una empresa mixta para la producción de fertilizantes que
compartía con la estatal Pequiven y la italiana Snamprogetti.
La irresponsabilidad chavista de estas y muchas otras expropiaciones
express costará a los venezolanos mucho más que la sumatoria de los
montos demandados: Costará un incalculable tiempo y esfuerzo diplomático
internacional para que retornen al país, junto con un nuevo gobierno
sólidamente democrático, la credibilidad y la confianza de las empresas
e inversionistas extranjeros que han visto -y padecido algunos- cómo
Chávez destruye a Venezuela a pesar de ser el país más rico y de mayores
potencialidades de la sub-región.
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