Rafael González
Martes, 3 de enero de 2012
Resulta falaz que el control de la inflación sea "decretable" –tal
hipótesis resulta banal y sin microfundamentos-. La insistencia en este
desatino de política pública y regulatoria, generará distorsiones como
la escasez y el desabastecimiento de productos, por el simple hecho de
perseguir un congelamiento momentáneo de los rubros.
En el preciso consejo de ministros cuando se aprobó y refrendó la Ley de
Costos y Precios Justos se transfirieron 1.500 millones de dólares de
las reservas internacionales al FONDEN y se cancelaron 109 millones de
bolívares por ganancias cambiarias del BCV al Tesoro Nacional.
Adicionalmente, el ente emisor ha realizado préstamos a entes públicos
que terminan significando emisión de dinero inorgánico. Ante estos
graves episodios, podríamos afirmar que las declaraciones del presidente
del BCV sobre la supuesta pertinencia de la aplicación de la Ley de
Costos y Precios Justos, constituye un claro ejemplo de captura del ente
emisor por parte del Ejecutivo Nacional y la pérdida de su autonomía
–para no asomar la posibilidad de desconocimiento económico por parte de
quienes están administrando responsabilidades de orden público que
requieren conocimiento técnico y académico-.
Sin embargo, el BCV ha sugerido aplicar la Ley a 50 productos por
considerarlos "los ítems más dinámicos de la inflación" (El Mundo,
22-12-2011). De nuevo, se norma y se instrumenta sobre los efectos y no
sobre las causas. Sin embargo, más adelante en las declaraciones del
responsable del BCV se reconoce el desatino al asegurar que "la Ley es
una herramienta, pero la inflación es un problema complicado" (El
Universal, 26-12-2011).
Resulta falaz que el control de la inflación sea "decretable" –tal
hipótesis resulta banal y sin microfundamentos-. La insistencia en este
desatino de política pública y regulatoria, generará distorsiones como
la escasez y el desabastecimiento de productos, por el simple hecho de
perseguir un congelamiento momentáneo de los rubros que poseen mayor
peso relativo y variabilidad sobre el índice o la cesta referencial para
calcular la inflación. Esta miopía regulatoria y su interés
estrictamente electoral, generará distorsiones que si bien no se
reflejarán necesariamente en la variación del índice ponderado de
precios, implicará desabastecimiento, escasez y destrucción de
eficiencia económica, de excedente del consumidor, de alternativas de
productos y del bienestar social.
Más allá, mientras se congelen los precios creando pinzamientos de
márgenes, generando reducción en la variedad y el abastecimiento de los
productos regulados, continuarán las presiones inflacionarias sobre los
productos no regulados, así como la formación de mercados paralelos y
negros donde se arbitre entre precios y disponibilidades de pago –sobre
aquellos productos regulados-. Paralelamente, el Ejecutivo Nacional
continuará con su política de importaciones y desarrollo de una red
oficial de distribución y comercialización de productos importados,
profundizándose la destrucción del aparato productivo nacional y
financiando la actividad privada capitalista en el extranjero. Por lo
general, los controles de precios constituyen un problema político
producto de querer dar solución política a un problema económico. Hay
quienes reformulan la idea anterior afirmando que el problema de la
inflación es un problema estrictamente político por constituir la
ausencia de políticas de estabilización y de responsabilidad fiscal,
condenando a la sociedad al más perverso de los impuestos, el
inflacionario. En otras palabras, un divorcio entre del "deber ser" o lo
normativo y lo que realmente termina articulándose por medio de una
deficiente administración de las instituciones públicas y regulatorias.
Así las cosas, los controles de precios suelen venir acompañados de una
política de racionamiento, dependiente del poder político de turno
–Mercal, Pdval, etc.-. Una vez que se sabe sobre los efectos perniciosos
de los controles de precios –desabastecimiento y escasez- se requiere
intentar aminorar el impacto, estricta y exclusivamente negativo de los
controles de precios, por medio de la administración gubernamental de
entrega de alimentos.
En la medida que la política de control de precios –ergo la Ley de
Costos y Precios Justos y su administración- destruya actividad
económica nacional, no expanda la demanda al crear desabastecimiento y
escasez; y no garantice la concreción de un mayor excedente del
consumidor; se estará destruyendo valor y bienestar social. Una política
de esta naturaleza y con estos resultados, no podría sino ser
considerada un crimen a la sociedad y al país.
Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en
Regulación de Competencia y Regulación de Mercado. Profesor de
Regulación Económica y Regulación de Competencia.
No comments:
Post a Comment