Defensores de tres países afirman que fallos del organismo deben cumplirse
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 4 de octubre de 2011 12:00 AM
Si los Estados latinoamericanos que están bajo la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos formaran una orquesta, pues
Venezuela, con sus desacatos y constantes ataques a ese organismo, sería
un violín, un clarinete o un piano desafinado.
Mientras los máximos voceros de los poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Ciudadano casi al unísono se escudan en la soberanía,
independencia y autodeterminación para justificar su incumplimiento a la
más reciente decisión del tribunal internacional, en la cual le ordenó
al Estado que le permita al exalcalde de Chacao, Leopoldo López,
presentarse a las elecciones previstas para 2012, en el resto de la
región la tonada es distinta.
El Universal conversó con los defensores del Pueblo de Panamá, Perú y de
Bolivia para conocer sus posturas y las de sus Estados frente a los
pronunciamientos del juzgado con sede en San José (Costa Rica).
¿Los Estados deben cumplir las sentencias de la Corte Interamericana o
pueden decidir cuál acatan y cuál no? A esta pregunta la defensora
panameña, Patria Portugal, respondió sin dudar: "Los fallos de la Corte
son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes de la Convención
Americana de Derechos Humanos y ningún los Estados puede seleccionar qué
cumplir y qué no".
Aunque reconoció que el sistema interamericano tiene fallas y que
requiere cambios, la funcionaria centroamericana salió en su defensa y
cuestionó, aunque sin mencionar a nadie, a aquellos que lo atacan.
"Si usted es parte de una organización y ha firmado convenios
internacionales que le establecen obligaciones, pues tienes que cumplir
con esas obligaciones, sino para qué firmas nada", afirmó Portugal,
quien años atrás llevó a Panamá ante el tribunal regional para que
respondiera por la muerte y desaparición de su padre durante la
dictadura del general Omar Torrijos (1969-1981).
En similares términos se pronunció el defensor del Pueblo de Bolivia,
Rolando Villena Villegas, quien descartó que su país en algún momento
pueda desacatar abiertamente una decisión de la Corte por el sencillo
hecho de que él aceptó someterse a la jurisdicción de ese organismo y de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando firmó la
Convención Americana.
"Todos aquellos convenios suscritos por el Estado estamos obligados a
cumplirlos", sentenció, al tiempo que reconoció la labor del sistema
interamericano en la recuperación o conquista de derechos fundamantales
a sus compatriotas.
La posición boliviana, cuyo presidente (Evo Morales) es uno de los
aliados más estrechos del presidente Hugo Chávez, contrasta con la
asumida por funcionarios venezolanos.
Para las autoridades políticas, administrativas y judiciales peruanas
las decisiones provenientes de San José también son mandatos que se
deben acatar sin chistar. Así lo dejó en claro el defensor adjunto para
Conflictos Sociales, Rodolfo Duque.
El funcionario aseguró que los tribunales del país andino revisan los
fallos del juzgado regional, pero no para ver si los cumplen o no, sino
"para ver cómo adecuarlos a las condiciones peruanas, sobretodo en lo
que tiene que ver con el ámbito económico".
De las 25 sentencias que la Corte ha dictado contra Perú, en 14 de ellas
las autoridades habían cumplido al menos con la parte de las
reparaciones materiales a las víctimas. En contraposición de los 12
fallos contra Venezuela, los funcionarios nacionales apenas han
ejecutado parcialmente dos y lo que cumplieron fue precisamente lo
referido con las indemnizaciones, aunque hay otros casos, como las
desapariciones forzadas de Vargas, que ni siquiera eso se ha materializado.
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