Marco Negrón
Viernes, 21 de octubre de 2011
Es inconveniente y a veces imposible mantener el subsidio de manera
indefinida en el tiempo: si por una parte genera comportamientos
clientelares, por la otra puede sustraer recursos indispensables para
sostener el progreso del conjunto
El subsidio es un descuento sobre el precio real de un bien o servicio
determinado que otorga por lo común el sector público a sectores de la
población incapacitados por una u otra razón para pagar dicho precio.
Con la excepción de, por ejemplo, áreas socialmente estratégicas como la
educación obligatoria o de personas con discapacidades irreversibles que
les impiden el pleno desempeño en el mercado laboral, ese beneficio
suele ser temporal y se lo concibe como una ayuda para superar
dificultades transitorias. En ese sentido el subsidio es,
inobjetablemente, un estímulo al progreso de esas personas y comunidades
que, gracias a él, deberían poder volver a una situación de normalidad,
colocándose a la par de sus conciudadanos. Lógicamente, él no se aplica
indiscriminadamente sino que se dirige de manera específica a
poblaciones o comunidades pobres o afectadas por alguna contingencia.
Por supuesto, él es pagado por los demás ciudadanos, sea a través de
impuestos, sea a través de asignaciones presupuestarias directas del
Estado, pero partiendo siempre del principio de que han de ser los más
ricos quienes subsidien a los más pobres.
Excepto casos como los mencionados, es inconveniente y
a veces imposible mantener el subsidio de manera indefinida en el
tiempo: si por una parte genera comportamientos clientelares, por la
otra puede sustraer recursos indispensables para sostener el progreso
del conjunto de la sociedad. Esto es lo que ocurre en nuestro caso con
el subsidio a la gasolina, que viene creciendo sostenidamente desde 1999
hasta alcanzar el año pasado, de acuerdo a la Agencia Internacional de
Energía, la astronómica cifra de 15.700 millones de dólares,
equivalentes al 17% del presupuesto nacional aprobado para ese mismo
año. Pero lo más escandaloso del caso es que a quien él beneficia es a
los propietarios de automóviles privados, una minoría privilegiada que
en nuestras principales ciudades efectúa menos del 30% de los viajes.
Mientras tanto la modernización de todos los sistemas de transporte
público del país ‑desde el TrolMérida al Metro de Valencia, cuya
conclusión, según voceros oficiales, requiere apenas de 1.000 millones
de bolívares- sigue estancada o en deterioro, las carreteras y vías
urbanas existentes se caen a pedazos mientras que la inversión en nueva
vialidad es prácticamente inexistente y al transporte público
superficial lo dominan cada vez más la anarquía y la informalidad.
Lamentablemente, en nuestro país este no es el único pero sí el más
vistoso subsidio al atraso y probablemente el que genera más
desigualdades. Aunque dos lustros largos de indolencia oficial
probablemente hagan imposible su erradicación inmediata, ningún nuevo
gobierno (inútil pedírselo a este que no lo ha hecho en casi 13 años)
podrá llamarse así si no presenta un plan integral de transporte y
energía para solventar tan descomunal despropósito. Así sea en el
mediano plazo.
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