Pedro Luis Echeverria
Jueves, 20 de octubre de 2011
Por el bien del país, por su contribución con el sistema democrático y
por su propio interés de no perder respetabilidad, las empresas de
sondeo de la opinión del público tienen ante sí un acuciante reto que
atender
En Venezuela, a diferencia de otros países, las empresas dedicadas a
investigar tendencias de la opinión pública y particularmente aquellas
que realizan encuestas sobre la percepción política de la gente,
gozan de una altísima credibilidad y por tanto de una no desestimable
capacidad de influencia para determinar la formación de matrices de
opinión. Desafortunadamente y también a diferencia de otros países, las
encuestadoras venezolanas no han definido para autorregularse unas
premisas básicas acordadas consensualmente y cónsonas con las prácticas
internacionales sobre la materia, que constituyan el "Código de Ética
para la Elaboración y Difusión de las Encuestas a la Opinión Pública"
para que le confiera credibilidad a las empresas investigadoras y evite
presentar al país pronósticos electorales con visiones erróneas, sin
base científica válida o arteramente manipuladas de lo que opina el
"hombre de a pie", consultado.
Deben ser, entonces, las propias empresas dedicadas a la actividad de
sondear a la opinión pública las primeras interesadas en no afectar su
credibilidad, mediante el seguimiento de metodologías, prácticas
operativas transparentes y métodos y procedimientos adecuados para
establecer cabalmente las opiniones y percepciones de los ciudadanos
sobre el asunto que les es consultado. La actividad económica de
investigación de la opinión pública éticamente está obligada a proveer a
los usuarios resultados precisos, confiables y consistentes. Las
empresas que operan en este ramo tienen una enorme responsabilidad
pública y cívica con sus clientes, sus encuestados y con los
recipiendarios de los resultados de la investigación, así como, con el
uso que se le dé a los resultados generados, habida cuenta de su
innegable influencia en la colectividad venezolana.
Todos estos principios, que debieran ser constatados y certificados por
una auditoría independiente, constituyen el fundamento mínimo que
deberían observar y aplicar las empresas investigadoras de la opinión
pública. Adicionalmente, cuando se trate de encuestas para medir las
preferencias políticas de las personas, las referidas empresas deberían
suministrar toda la información pertinente sobre las instituciones o
personas naturales y jurídicas que las contraten y los términos
acordados entre ambas partes para la difusión de las cifras del estudio.
Así se minimizaría el riesgo del eventual sesgo de los resultados en
favor de los contratantes de las encuestas, el país contaría con unas
mediciones de opinión más creíbles y confiables y, el valor relativo de
los resultados y sus implicaciones tendrían un fundamento mas objetivo
sin que ninguna de las partes pudiera manipularlos a su favor.
Por otra parte y para perfeccionar el sistema que regule las
investigaciones sobre preferencias electorales, habría que establecer
mecanismos para sancionar los usos indebidos de los sondeos de opinión.
Esa dolosa práctica constituye una irregularidad electoral como las
tantas que aparecen cuando hay un proceso electoral abierto. En tal
sentido, la irregularidad que se cometa bien sea en la presentación de
los datos obtenidos o en la forma en que sean publicados, debería ser
sancionada por la autoridad correspondiente, en este caso, el CNE, si
éste fuese una institución autónoma e independiente.
En el país en forma creciente ha venido conformándose una desfavorable
la visión de la actitud ética de las empresas investigadoras de la
opinión política de las personas. Las permanentes denuncias de
inconsistencias, contradicciones, presunciones de manejos dolosos y
falta de credibilidad en la objetividad de los resultados de las
encuestas electorales, formulados por expertos, estudiosos y en general
por los usuarios de las investigaciones realizadas por las firmas
venezolanas, testimonian la necesidad que tienen éstas de realizar
ajustes en sus concepciones del rol que les corresponde jugar dentro de
la colectividad venezolana y en sus políticas operativas para que se
adecuen, al tenor de todo lo aquí expuesto, a lo que el país requiere y
merece. Esa es y debería ser su ineludible responsabilidad empresarial y
su responsabilidad ética y principista como operadores privilegiados del
conocimiento anticipado de las preferencias electorales de la opinión
ciudadana.
Por el bien del país, por su contribución con el sistema democrático y
por su propio interés de no perder respetabilidad, las empresas de
sondeo de la opinión del público tienen ante sí un acuciante reto que
atender; esperemos y confiemos que lo hagan.
Al releer lo aquí escrito, debo concluir que soñar con la Venezuela
transparente que quiero, no cuesta nada.
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