20-Oct 05:37 am|Ángel Zambrano Cobo
Obreros, sindicalistas y consejos comunales cuestionan las condiciones
en las que se adelanta un proyecto bandera de la cooperación entre Irán
y Venezuela
No saben nada sobre ellos. A pesar de que han estado bajo su mando
durante meses, los obreros venezolanos conocen poco a sus jefes iraníes.
No sabrían decir ni cómo se llaman, ni de qué parte de Irán provienen.
Sólo afirman con certeza que a sus patronos les gusta el silencio.
Tanto les gusta que han amenazado a los trabajadores venezolanos con
multas de Bs. 100.000 si hablan más de la cuenta. Un monto millonario
como castigo para cualquier cabillero, albañil o herrero que viole la
cláusula de confidencialidad del contrato para laborar con Sout Machine.
Así se llama la empresa iraní que llegó a Guanare, estado Portuguesa,
para construir la primera planta de equipos para el procesamiento de
alimentos del país. Es decir, una fábrica de fábricas bautizada como la
Fábrica Madre que la firma extranjera lleva a cabo junto a la
corporación estatal Corpivensa.
A pesar de que el presidente Hugo Chávez mencionó por primera vez el
proyecto en 2007 y la primera piedra de la construcción se colocó en
2008, no fue sino hasta 2010 cuando Sout Machine se inscribió en el
Registro Mercantil V de Caracas, donde su expediente todavía no se
encuentra disponible para la consulta pública.
Los representantes de la compañía se mantienen al margen.
Los encargados de la obra en Guanare -tanto venezolanos como foráneos-
se niegan a dar declaraciones; la página web de la empresa
(www.soutmachine.ir) está en permanente construcción y la única
dirección física de la compañía que aparece en los documentos de la
Inspectoría de Trabajo de Guanare es la oficina caraqueña del bufete
Monasterio Villamizar & Asociados. El abogado Iván Villamizar también se
niega a responder preguntas: "No estoy autorizado por el cliente".
El dirigente sindical local Franklin Fernández, quien ya ha solicitado
la apertura de dos procedimientos administrativos contra de Sout Machine
en la Inspectoría del Trabajo, saca de su maletín una copia del contrato
firmado el primero de marzo de 2011 por uno de los obreros y señala la
decimotercera cláusula, la del silencio.
Allí, parado frente al portón de la construcción, lee en voz alta: "El
trabajador se obliga a mantener confidencialidad sobre todos los asuntos
sobre los cuales haya podido tener conocimiento durante la ejecución del
presente acuerdo en virtud del mismo o que guarden alguna relación con
la actividad de el patrono o personas jurídicas o naturales relaciones
(sic). En caso de infringir lo estipulado en la presente cláusula el
trabajador deberá pagar a el patrono una cantidad equivalente a
bolívares cien mil (Bs. 100.000) por concepto de indemnización por daños
y perjuicios".
Fernández guarda la copia del contrato, se ríe y calcula que cualquier
trabajador tendría que "vender su casa y a sus hijos" para poder pagar
cien millones de los viejos. Afirma, después de terminada la broma, que
la cláusula es írrita y que el contrato fue firmado con el aval de una
corporación estatal.
Froilán Barrios, vocero nacional del Frente Autónomo en Defensa del
Empleo, el Salario y el Sindicato, coincide en la nulidad de la cláusula
y dice que en ninguna parte de la Ley Orgánica del Trabajo se establece
que la confidencialidad puede ser sustituida por una indemnización del
trabajador al patrono.
Consultada al respecto, una fuente cercana a la empresa iraní que pidió
no ser identificada aseguró que esta cláusula se incluyó únicamente en
los primeros contratos y que "hace algún tiempo" fue eliminada para
evitar controversias. Fernández lo niega rotundamente y asegura que la
aplicación de la cláusula está vigente.
Pero esta no es la única irregularidad, de acuerdo con los trabajadores.
José Mendoza, obrero que fue despedido después de dos meses y medio de
trabajo, cuenta que dentro de la construcción hay una presencia excesiva
de obreros iraníes. "Son tantos que pareciera que estuviésemos
trabajando en su país". Calcula que hay 17 iraníes y 18 venezolanos.
Según Barrios, esto representa una violación a la LOT. "De acuerdo con
el artículo 27, en cualquier nómina de 10 empleados o más debe haber por
lo menos 90% de venezolanos".
Sin derecho a la antigüedad.
Otros artículos que los iraníes y Corpivensa ignoran son los que se
refieren a la duración del contrato. Allí mismo, bajo un sol de mediodía
de Guanare y sobre unos caminos de tierra que ya deberían estar
asfaltados según el proyecto de la construcción, el obrero Freddy
Fuenmayor lo explica: "Uno firma contratos de un mes y medio, dos meses
y medio máximo", dice el trabajador, quien suscribió el suyo por seis
semanas. "Si uno se faja y trabaja duro, de nada vale porque igualito va
para fuera cuando cumpla dos meses y medio".
"Ahí vemos -dice Barrios- que hay una intención manifiesta del patrono
de interrumpir la relación laboral para que el trabajador no acumule
tres meses y los derechos de antigüedad correspondientes, incluyendo la
inamovilidad laboral. Eso es otro claro desacato de la LOT".
Un comunicado emitido por Corpivensa el 2 de mayo de 2011 explica que en
las reuniones entre la corporación, Sout Machine y los consejos
comunales aledaños a la obra "se estableció que el método de ingreso
será a través de la postulación que sea emitida por los consejos
comunales" y que "el porcentaje de participación durante el período de
obra civil será de 75% por parte de las comunidades y 25% por parte de
la empresa". Henry Castillo, vocero principal del Consejo Comunal
Bolivariano, afirma que la empresa viola ese acuerdo e incorpora a la
nómina, con el aval de Corpivensa, a trabajadores que no están en las
listas de los 14 consejos comunales que rodean la obra.
En el acta de la Inspectoría del Trabajo de Guanare donde están
transcritas las negociaciones que tuvieron lugar el 10 de mayo de 2011
entre el sindicato, Corpivensa y Sout Machine, Lauribel Perdomo y
Marcelino Polo, representantes de la corporación, aparecen declarando
que "como representantes del gobierno no estamos en contra de los
sindicatos sino de las malas praxis cuarta republicanas de algunos
miembros de los mismos".
En el comunicado de Corpivensa del 2 de mayo se señala que "los comités
de trabajo y ocupación productiva velarán por el cumplimiento de lo
establecido en la contratación colectiva de la construcción.
Por lo que ellos manifiestan no se hace necesaria la presencia sindical
en la obra". José Mendoza, el obrero despedido tras dos meses y medio en
la construcción, opina lo contrario: "Ni los de Corpivensa ni los
consejos comunales saben defender nuestros derechos".
Barrios considera que este desplazamiento del sindicato es
anticonstitucional. Cita el artículo 95 de la carta magna y el convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan el
principio de libertad sindical y el derecho que tienen los sindicatos de
representar a los trabajadores.
"Otra irregularidad laboral, cortesía de los iraníes y el Estado
venezolano", concluye.
Perfil comercial
En páginas web como www.tradekey.com se señala que Sout Machine fue
fundada en 1989 y se especializa en el diseño, manufactura e instalación
de maquinarias para elaborar bebidas y alimentos.
Según datos oficiales, ha estado involucrada en la construcción de
plantas procesadoras de maíz y leche que ya están operativas.
Abdolhossein Mohammadzadeh, presidente de la empresa iraní, firmó un
acuerdo el 22 de septiembre con Johan Hernández Lárez, su homólogo en la
compañía pública Venezolana de Alimentos La Casa. El objetivo es
profundizar los lazos de cooperación entre Irán y Venezuela. La fábrica
de fábricas, sin embargo, sigue pendiente.
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