¡Déjame hablar!
Desde Ginebra, Provea recomienda al Estado venezolano que elimine
disposiciones que criminalizan las protestas
PATTY FUENTES GIMÓN
o Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), de América Latina y
el Caribe, recomiendan a los Estados miembros del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas sugerir a Venezuela que, a partir de 2012
(año electoral), garantice el derecho a la libertad de expresión.
A la espera del Examen Periódico Universal, al que se someterá Venezuela
este viernes ante las Naciones Unidas, IFEX se reunió esta semana en
Ginebra con Provea, ONG que informó acerca del aumento de
manifestaciones pacíficas vinculadas a las reivindicaciones de derechos
económicos, sociales y culturales en el país.
Entre otras cosas, IFEX pide que se exija al Estado venezolano que
mantenga una "posición pública gubernamental permanente que promueva el
derecho a la libertad de expresión y condene los ataques físicos contra
medios y periodistas"; que el Gobierno coordine la implementación de
medidas de protección por parte de instancias internacionales para los
trabajadores de medios; y que investigue las agresiones contra
reporteros y medios de comunicación.
Además, la red que defiende la libertad de expresión solicita que el
Estado venezolano modifique o derogue las leyes que favorecen la censura
previa, penalicen el desacato o vilipendio y establezcan "excepciones
imprecisas o ambiguas para la libertad de expresión y el acceso a la
información"; que invite al país a los relatores especiales de libertad
de expresión para que constaten la situación de este derecho; que
promueva una ley sobre el acceso a la información y que "garantice la
pluralidad y diversidad en los medios de comunicación audiovisual".
PROTESTAS REPRIMIDAS
Provea, en cuanto a las manifestaciones pacíficas, presentó también en
Ginebra recomendaciones al Estado venezolano. Entre ellas, destacó la
importancia de que se privilegien en el país las vías de diálogo
atendiendo las demandas de quienes participan en protestas; que se
investiguen las responsabilidades penales y administrativas de los
agentes del Estado que "hayan incurrido en violaciones de los Derechos
Humanos durante las actividades de control del orden público".
Además, sugirió que se elimine la aplicación de disposiciones penales
que criminalizan los procesos de exigibilidad de DDHH y que implemente,
de manera efectiva, los estándares internacionales para el "uso
progresivo y proporcionado de la fuerza al momento de controlar las
manifestaciones públicas".
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