Martes, 23-08-2011 / Hoy
Cuando el 5 de febrero se inició el año judicial en Venezuela algunos de
los oradores dejaron frases que por estos días podrían ser utilizadas
para comprender qué ocurre en torno a los medios, la libertad de
expresión y la justicia en este país.
Aquel día el magistrado de la Sala Electoral Fernando Vegas Torrealba
dijo que el Poder Judicial "debe aplicar severamente las leyes para
sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la
construcción del Socialismo Bolivariano y Democrático".
Las leyes –aseguró Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal
Supremo– "responden a un fin ideológico, claramente establecido".
Lo del "fin ideológico" y la rigidez en la aplicación -argumentan
críticos del gobierno- se hizo patente el domingo cuando se ordenó la
detención de la directora del semanario Sexto Poder, cuyo cierre fue
ordenado por la Justicia.
Desde el gobierno se defiende que en Venezuela se respeta la libertad de
expresión, contrariamente a lo que aseguran los críticos de Hugo Chávez,
pero que no se puede tolerar que exista libertad de difamación.
Dinorah Girón fue arrestada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia
apenas horas después de que Morales asegurara que tomaría medidas contra
la publicación.
Este martes le fue otorgada la libertad condicional, con régimen de
presentación cada 15 días. Sobre el editor Leocenis García pesa una
orden de captura.
Se los acusa de "instigación al odio".
La portada de la polémica
Todo se originó cuando en su edición dominical Sexto Poder publicó un
fotomontaje donde aparecían algunas funcionarias de alto rango del
gobierno de Hugo Chávez vestidas como integrantes de un cabaret.
El título del artículo era "Las poderosas de la revolución bonita".
"Cada una de las representantes de los Poderes Públicos cumple un rol
específico dentro del cabaret dirigido por míster Chávez", señaló la
publicación.
En la portada aparecen la propia Morales, así como las titulares de la
Fiscalía General (Luisa Ortega Díaz), de la Defensoría del Pueblo
(Gabriela Ramírez), de la Contraloría General (Adelina González), del
Consejo Nacional Electoral (Tibisay Lucena) y la vicepresidenta de la
Asamblea Nacional (Blanca Eekhout).
Desde el medio se aseguró que el montaje tenía un interés "humorístico".
Para la directora del Observatorio Global de Medios de Venezuela,
Maryclen Stelling, se trató de un "irrespeto hacia las mujeres".
Pero considera que "en estos casos es preferible no realizar acciones
desde instancias legales ni gubernamentales. Hubiera sido más sano si
esto hubiera quedado en manos de los colectivos femeninos".
"La detención –le dice a BBC Mundo– pone en tela de juicio la libertad
de expresión en Venezuela".
El director de la ONG especializada en medios Espacio Público, Carlos
Correa, asegura que "se está censurando, cerrando un medio por algo que
tiene que ver con la sátira, con un artículo de opinión muy crítico".
"Lo que se pierde cuando se cierra un medio es mucho mayor que lo que se
hace con un abuso a la libertad de expresión", dice.
Reacción
El domingo el chavismo organizó una marcha en defensa de la integridad
de las mujeres de Venezuela.
Y el lunes Eekhout denunció que la acción del medio "forma parte de una
campaña contra el gobierno y el presidente Hugo Chávez, para intentar
desestabilizar la patria de Bolívar y justificar la invasión de países
extranjeros".
"Usan lo femenino como elemento de descalificación, de degradación, de
humillación. De tal manera que todo esto es parte de una campaña, cuyo
único objetivo es una agenda extranjera", dijo.
En tanto, la mayoría de la Asamblea Nacional "condenó la agresión contra
instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines
desestabilizadores".
El mismo día la Justicia venezolana prohibió la "edición y distribución"
del semanario.
Un montaje fotográfico como el de Sexto Poder podría pasar casi
desapercibido en varios países, admite Correa quien reconoce que en
Venezuela se llegó a una situación en la que "una cosa como esta se
transforma en una 'herramienta del imperio' y en un 'plan de
desestabilización'".
¿Doble rasero?
Para el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) "el cierre" de la
publicación y la detención de Girón constituyen una "clara demostración
de abuso de poder" y "evidencia una sistemática criminalización y
persecución a los medios que mantienen una línea crítica al gobierno".
La organización cuestionó la "celeridad con la que se procedió" y
recuerda el caso de los 12 periodistas agredidos en 2009 por presuntos
simpatizantes del gobierno, una situación por la que la Fiscalía no se
ha pronunciado.
Otros hablan de Mario Silva, polémico conductor del programa "La
hojilla" que se emite por el canal estatal VTV.
"Si se investiga a Sexto Poder –aseguró el lunes el diputado opositor
José Antonio España– también debe investigarse el programa La Hojilla
que se transmite por el canal del Estado y el cual constituye un espacio
donde se vilipendia y se denigra a muchos venezolanos".
Críticos del gobierno hacen referencia, por ejemplo, al incidente
protagonizado el mes pasado por Silva y el director del diario El
Nacional, Miguel Henrique Otero.
El cruce se produjo tras el homicidio de uno de los guardaespaldas de
Silva, que habría ocurrido cuando transportaba a una cocinera que
trabaja para una cooperativa de la cual es parte Silva y no directamente
para el conductor, como informó El Nacional.
Tras ello, Silva calificó a Otero de "hijo de la grandísima puta".
Otero lo denunció ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y
pidió que se tomen medidas "ante la cantidad de vulgaridades,
obscenidades, insultos, atropellos verbales y todo tipo de violaciones a
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que se ejecutan
en ese programa".
Más de un mes ha pasado y no se han tenido novedades del caso.
Un tribunal de Caracas, en tanto, admitió la denuncia por los "delitos
de difamación e injurias", pero no se ha expedido.
"Hay un doble estándar. En medios estatales se usan expresiones muy
duras, equivalentes o peores que lo de Sexto Poder. No hay protección
para los que se dicen afectados por los medios públicos y en caso
contrario se procede de forma expedita", opina Correa.
Stelling reconoce que en este caso se "reaccionó más rápido", pero
asegura que el gobierno "cayó en la provocación".
"Creo que aquí hay una provocación de laboratorio para conseguir esta
respuesta legal del gobierno. Siento que se están desarrollando
estrategias para generar un clima político enrarecido, poner en el
tapete la libertad de expresión, lo del doble rasero, si se actuó con
suavidad ante las denuncias de Miguel Henrique Otero", señala.
BBC Mundo
http://www.el-informe.com/periodicodigital/noticia.php?Id=14142
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