Puerto Cabello es un cementerio de alimentos descompuestos

"Puerto Cabello es un cementerio de alimentos descompuestos"

Neidy Rosal y Aura Montero, diputadas de la fracción de Proyecto
Venezuela ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo (Clec),
presentaron este martes documentos y fotos donde "demuestran" la
existencia de al menos 160 mil toneladas de comida descompuesta de
Pdval, que estaría siendo incinerada y enterrada en terrenos militares
en Puerto Cabello. Se trata de 30 mil toneladas más de las denunciadas
en 2010.Minutos después de introducir la denuncia en la Fiscalía en
Carabobo −donde quedó registrada con el número 6989− Rosal y Montero, en
compañía de la legisladora Karelly Lizarraga, jefe de fracción de Prove
y la diputada a la Asamblea Nacional, Deyalitza Aray, ofrecieron la
rueda de prensa donde explicaron que se trataría de nueva comida dañada,
ya que en la última denuncia sobre los contenedores en Puerto Cabello,
hecha hace más de un año, se trataba solo de 130 mil toneladas, y en
esta oportunidad son 160 mil. "Sabemos además que buena parte de la del
año pasado ya fue incinerada en otros lugares", agregaron.Leche, aceite,
carne, pollo, caraotas y arroz, habrían sufrido las consecuencias de las
deficientes condiciones del puerto de Puerto Cabello, el cual, según la
legisladora Aura Montero, no tiene plantas eléctricas y por ende, no
existen condiciones de refrigeración cuando ocurren los constantes
apagones en esta zona del estado.Rosal detalló que se trata de 109
millones 340 mil kilos de leche y unos 50 millones 568 mil 100 litros de
aceite, los cuales junto a caraotas y arroz están siendo enterrados sin
las condiciones mínimas requeridas en los terrenos de la División de
Almacenamiento para el Control de Químicos y Explosivos Región Central
(Diacoquerce), ubicada a un lado de la urbanización Los Lanceros en
Puerto Cabello.Tras recordar que "de cada pote de leche salen 8 teteros,
imagínense ustedes cuántos habrían salido de aquí", comentó que la leche
se encontraba en 3.905 contenedores mientras que el aceite fue hallado
en mil 806 contenedores.Entre tanto, en el mismo lugar, de acuerdo a la
legisladora, quien aseguró haber recibido constantes denuncias de
habitantes del sector, por las noches estarían incinerando el pollo y la
carne, lo cual según Montero, está ocasionando severos problemas de
salud."Son más de 160 millones de kilos de comida, el año pasado eran
130 millones, pudiera haber del año pasado y de este año", precisó
Rosal, quien sostuvo que "bajo ningún concepto permitiremos que
conviertan a Puerto Cabello en un cementerio de comida podrida".En la
rueda de prensa, Rosal presentó la documentación en la que se evidencia
que la instrucción viene del ministro de Alimentación, Carlos Osorio,
tras una reunión entre autoridades de Diacoquerce, Pdval, y una empresa
de construcción.En uno de los documentos consignados en Fiscalía,
identificado y sellado por el Despacho del Viceministro de Servicios del
Ministerio del Poder Popular Para la Defensa, identificado como "minuta
002−11−10" se hace el resumen de una reunión convocada por el General de
Brigada Julio César Morales Prieto, director general de Armas y
Explosivos, donde se acordó la recepción de contenedores de alimentos,
almacenamiento de los mismos, despacho para la destrucción del material
de productos no conformes, operación de destrucción del material,
recepción de contenedores vacíos en el patio número uno, el lavado de
los mismos y almacenamiento y entrega de los contenedores lavados.Este
documento fechado el 3 de noviembre de 2010, contempla una duración de
90 días continuos, no obstante, desde entonces han transcurrido más de 9
meses y el procedimiento se continuaría realizando.El documento lo
suscriben el Director General de Armas y Explosivos, mencionado
anteriormente; el jefe de Diacoquerce, Teniente Coronel José Abigail
Jaspe Castellanos; el administrador representante de Pdval, Gustavo
Silva y el gerente general de Fiherre Construcción −quien habría
ejecutado el trabajo−, Abraham Vidal.Rosal explicó que de acuerdo a la
documentación, la mencionada empresa privada solicita al ministro Carlos
Osorio la cancelación de una factura correspondiente a los trabajos de
construcción de una carretera dentro de Diacoquerce y "la misión
encomendada" (según el papel).El costo, según lo anunciado y demostrado
por las legisladoras, fue de 9 mil 437 millones de bolívares fuertes que
habría pagado el Ejecutivo Nacional por toda esta destrucción ejecutada
por una constructora, y que en efecto, de acuerdo a las gráficas
mostradas por las parlamentarias, se hizo en buena parte con el apoyo de
grúas y retroexcavadoras, con las que los alimentos eran extraídos de
los containers.Rosal continuó la explicación mencionando que "para esto
usan instalaciones militares con el agravante que está al lado de
centros poblados sin tomar previsiones. ¿Por qué no estaban allí los
fiscales sanitarios? ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente? ¡Queremos
que responda! ¿Dónde está el Alcalde de Puerto Cabello? ¿Está en
conocimiento de esta situación? Si no lo está, entérese de lo que ahí
pasa y no permita que esto siga ocurriendo".Recordó que existe 50% de
desabastecimiento en Mercal y Pdval, y un 25% de aumento en los
productos de la cesta básica, "tres salarios mínimos para comprar un
mercadito decente y aquí se pierden más de 160 millones de kilos de
comida de la cesta básica".Entre tanto, Montero se enfocó en el tema
ambiental y precisó que el daño que se genera es grave, tras sostener
que entre las consecuencias está que "un litro de aceite contamina hasta
un millón de litros de agua y todos los lixiviados de este aceite
enterrado van a parar al mar porque es una zona costera".Sostuvo además
que las poblaciones aledañas sufren por la proliferación de plagas,
cucarachas y moscas, y que la inadecuada manera de dar disposición final
a los alimentos dañados "traerá como consecuencia un daño probablemente
irreversible y muchos años costará para que pueda eliminarse de nuestro
ambiente".Recordó que "veníamos denunciando que hacían quemas
indiscriminadas y que no se había hecho el acondicionamiento de una zona
adecuada para la disposición final de los alimentos, ahora vemos cómo no
se ha hecho la construcción de instalaciones ni mejoras del puerto para
impedir que se siga perdiendo la comida".El caso será llevado a la
comisión de ambiente de la ANLas pruebas fueron consignadas a la
diputada Deyalitza Aray, miembro de la comisión de ambiente de la AN,
quien indicó que en este caso convergen varios delitos, como daño
ecológico, ambiental y de salud pública. "Aquí se habla de
desestabilización y factores externos cuando vemos que son las propias
estructuras del Estado las que cometen los más aberrantes delitos contra
la población y exigiremos que el Ministro de Alimentación nos dé las
explicaciones, porque esa es la lucha que debemos emprender por este país".

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