HUMBERTO VILLASMIL PRIETO | EL UNIVERSAL
jueves 13 de octubre de 2011 04:00 PM
La resolución de la Asamblea General de la ONU 60/251 que creó el
Consejo de Derechos Humanos (CDH) decidió que éste "realizará un Examen
Periódico Universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre
el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en
materia de derechos humanos de una forma que garantice la universalidad
del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados". Al
momento de redactar estas líneas estamos a pocas horas de que se hagan
públicas las conclusiones del Examen Periódico Universal (EPU) al que se
sometió el Estado venezolano.
En sus primeras declaraciones, poco después de llegar a Ginebra, el
canciller de la República declaraba a Telesur, hablando a nombre de la
delegación venezolana, para corregirse enseguida consciente acaso de lo
que se interpretaría de sus palabras iniciales, "a nombre de la
delegación del Estado venezolano". Matización nada baladí dado que acaso
las conclusiones del EPU enfaticen en definitiva lo tan sabido: que en
Venezuela no hay independencia de los poderes públicos y que por ello no
puede extrañar que la delegación venezolana la encabece, al lado del
ministro de Relaciones Exteriores, la presidenta del TSJ o la fiscal
general de la República.
El pasado viernes el jefe del Estado felicitaba la actuación "de la
delegación que representó al país en Ginebra", durante el EPU sobre
Derechos Humanos. Pero apenas anoche mismo moderaba su exultante alegría
al declarar que había recibido "de manos del canciller Maduro un informe
sobre las recomendaciones en materia de Derechos Humanos que se van a
aprobar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU" y que "Venezuela
recibió gran cantidad de reconocimientos por los trabajos adelantados en
esta materia". No obstante, tronaba, "hay una serie de recomendaciones
que el Estado no va acatar por considerarlas irrespetuosas e
injerencistas", reportó la AVN. Como aquel bolero que suena bien,
dependiendo del verso, el CDH hará justicia al mencionar los logros del
proceso y será irrespetuoso e injerencista cuando se muestre crítico. No
hay que ser muy intuitivo para deducir y esperar que las conclusiones
destaquen, de manera muy particular y entre otros tantos tópicos, que en
Venezuela no hay independencia de los poderes públicos y que el Poder
Judicial, específicamente, se halla manifiestamente mediatizado por el
Ejecutivo, lo que se dirá acaso con términos más al uso pero no menos
explícitos.
Pero ello no es distinto a lo declarado en su día por la presidenta del
TSJ como se recogió en este mismo diario: "No podemos seguir pensando en
una división de poderes porque eso es un principio que debilita al
Estado", con lo que nadie podría ruborizarse si el jefe del Estado
felicita a la delegación venezolana ante el EPU, misma que preside el
Poder Ejecutivo que se supone sujeto y objeto de control de ese mismo
tribunal y de los demás poderes públicos supuestamente fiscalizadores de
su actuación. En la lógica de esa revolucionaria doctrina se obvia, lo
apuntaba magistralmente el profesor Alexis Márquez Rodríguez en la
edición de Tal Cual del 15-01-2010, "que no es precisamente al Estado al
que limita el principio de separación de los poderes, sino a quien
ejerce su jefatura, en nuestro caso al presidente de la República. Y en
último término a la práctica del presidencialismo. De tal suerte que esa
separación, autonomía o independencia de los poderes es consustancial
con la institución misma de los poderes" y, por eso mismo, "la
institución del Poder Público es, en esencia, la separación de los
poderes. Sin ésta los poderes del Estado de hecho no existirían".
Tampoco es diferente a lo sostenido por la fiscal general de la
República en la ocasión de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso López Mendoza vs. Venezuela, del 01-09-2011.
En declaraciones a un programa de la TV oficial afirmaba "que la
decisión de la Corte IDH a favor de Leopoldo López incentiva la
corrupción en la región «y por supuesto que contribuye al desprestigio
de estos organismos internacionales»". Prosiguió afirmando "que la
posición oficial del Ministerio Público era sumarse al comunicado que la
Cancillería hizo público", con lo que se alineaba claramente con la
postura del Poder Ejecutivo dirigida a justificar la inejecución de un
fallo a lo que el Estado venezolano se obligaba desde el mismo momento
en que le reconoció jurisdicción a la Corte IDH, ante la cual litigó con
todas las garantías y debidamente asistido a todo lo largo del proceso.
Lo dicho nada tiene de innovador y es historia leída una y otra vez: el
argumento de la soberanía nacional, de la no intervención y de la no
injerencia a propósito de la tutela internacional de los derechos
humanos, fue el último valladar de defensa de los autoritarismos de
cualquier signo y de cualquier tiempo. Tratándose de derechos humanos,
no surgen de la ciudadanía y por ello el Estado no puede desconocerlos
alegando el ejercicio de un poder no compartido dentro del límite de sus
fronteras. Hace mucho ya es verdad sabida que "los derechos humanos no
son un asunto que pueda considerarse estrictamente de la jurisdicción
interna de los Estados, sino por el contrario, un tema, un objeto,
regulado y cubierto jurídicamente, de manera simultánea, por el derecho
interno y por el derecho de gentes" (Gross Espiel). El régimen no lo
sabe o no quiere saberlo y trona cada vez que en el bolero que escucha
suena la estrofa que no quiere oír.
http://www.eluniversal.com/opinion/111013/trono-el-comandante
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