ELMERCURIODIGITAL 20.10.11
El gobierno de Chávez parece estar decidido a sacar a sus críticos
del aire. Aplicar una multa de más de dos millones de dólares a un canal
por difundir noticias desfavorables es tan sólo la herramienta más
reciente empleada para atacar a medios de radio y televisión
críticos.José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights
Watch
La multa draconiana impuesta al canal de televisión venezolano
Globovisión por su cobertura informativa de un motín penitenciario
atenta contra la libertad de expresión en el país, señaló hoy Human
Rights Watch. Esta medida administrativa aplicada contra el único canal
de aire que aún mantiene una postura crítica frente al gobierno del
Presidente Hugo Chávez podría socavar la posibilidad de los venezolanos
de tener acceso a información diversa, manifestó Human Rights Watch.
El 18 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) aplicó una multa de 9.300.000 bolívares (aproximadamente, US$
2,1 millones) a Globovisión, supuestamente por haber violado la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y Televisión durante su cobertura de un
motín que tuvo lugar en dos prisiones venezolanas en junio pasado.
"El gobierno de Chávez parece estar decidido a sacar a sus críticos del
aire", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch. "Aplicar una multa de más de dos millones de dólares
a un canal por difundir noticias desfavorables es tan sólo la
herramienta más reciente empleada para atacar a medios de radio y
televisión críticos".
CONATEL inició una investigación luego de que Globovisión transmitiera
en varias oportunidades los testimonios de familiares de presos que
habían participado en un motín y en enfrentamientos entre internos y
miembros de la Guardia Nacional en las cárceles de El Rodeo en junio de
este año. Los enfrentamientos tuvieron un saldo de varios muertos y
heridos en ambos bandos.
Según los familiares, miembros de la Guardia Nacional estaban
"masacrando", "matando", "quemando" y "golpeando" a los internos.
CONATEL indicó que también investigaría a Globovisión por transmitir
imágenes en las cuales se mostraba a miembros de la Guardia Nacional
"realizando acercamientos" a bombas lacrimógenas, un vehículo "ballena"
de las fuerzas de seguridad mientras lanzaba chorros de agua para
dispersar a los manifestantes, un helicóptero sobrevolando la zona, y
personas que se ocultaban para resguardarse de los gases lacrimógenos,
"con una musicalización de fondo similar a las usadas en los
documentales de guerra".
CONATEL resolvió que Globovisión había violado la Ley de Responsabilidad
Social de Radio y Televisión al promover el delito e incitar "el
incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", "alter[ar] el orden
público" y "foment[ar] zozobra en la ciudadanía... [e] incitar o
promover el odio y la intolerancia por razones políticas".
Pedro Maldonado, director general de CONATEL, afirmó que la cobertura
ofrecida por Globovisión era "inaceptable", ya que que el canal había
repetido 269 veces las 18 declaraciones "más sentidas" y "desesperadas",
pero no había difundido todas las declaraciones de los oficiales.
También indicó que el canal había añadido el sonido de ametralladoras
que no formaban parte de la grabación de audio original. Un abogado de
Globovisión rechazó esta afirmación.
La multa aplicada equivale al 7,5 por ciento de la facturación de
Globovisión correspondiente a 2010, y debe hacerse efectiva antes del 31
de diciembre de 2011. Un abogado de Globovisión comentó a Human Rights
Watch que el canal deberá realizar un esfuerzo "considerable" para
afrontar la multa, y que esto "trastorna la estabilidad financiera del
canal y complica seriamente su viabilidad operativa y financiera".
Existen otras seis investigaciones administrativas contra Globovisión
pendientes ante CONATEL, que podrían tener como resultado la suspensión
o la pérdida de la licencia del canal. Dos de los principales
periodistas de Globovisión comentaron a Human Rights Watch que estas
investigaciones habían provocado autocensura en el canal.
Anteriormente, CONATEL logró quitar del aire a RCTV, el canal de
televisión de postura crítica frente al gobierno con mayor audiencia de
Venezuela. En 2007, mediante una determinación arbitraria y que
respondió a motivaciones políticas, el organismo denegó a RCTV la
renovación de su licencia para transmitir a través de la señal de aire
pública. La señal de RCTV Internacional, el canal de cable que se creó
en su reemplazo, fue cancelada en 2010 luego de que CONATEL ordenara a
los proveedores de cable que suspendieran la transmisión de canales que
no cumplían con la reglamentación sobre radio y televisión hasta que
solicitaran, y se les reconociera, la condición de canales
"internacionales" (a los cuales la ley no se aplica). CONATEL ha
rechazado los pedidos de RCTV para operar, según comentaron abogados del
canal. RCTV Internacional aún no puede transmitir su señal en Venezuela.
CONATEL es el organismo adscripto al Ministerio del Poder Popular para
la Comunicación y la Información facultado para iniciar investigaciones
y aplicar sanciones por infracciones a la Ley de Responsabilidad Social
de Radio y Televisión. Si bien legalmente se trata de un órgano
autónomo, los cuatro directores del Consejo Directivo y el director
general de CONATEL son designados por el presidente de Venezuela, quien
goza de plena discrecionalidad para destituirlos.
http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/hrw-venezuela-debe-poner-fin-la.html
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