Carlos Presencia Jurado/AIPOP
Martes, 25 de octubre de 2011
Muchos funcionarios públicos en Venezuela, se consideran hoy en día una
casta protegida, que tienen patente de "corzo", para hacer cuanto se les
pueda antojar, creyendo que están libres de responsabilidad, tanto
civil, como penal por sus actos en el desempeño de sus cargos, tanto por
excesos como por omisión
Sin la menor duda, cuando el estado de derecho regrese y nos
configuremos nuevamente en una democracia real, respetuosa de las leyes
y de sus reglamentos, se volverán muchos ojos hacia el funcionario
público que haya perjudicado a sus conciudadanos administrados y
consumidores, y será investigado, en atención no sólo a la
responsabilidad económica, sino también social. Ese funcionario incurso
en estas malas actuaciones, deberá sufrir las consecuencias por los
daños que haya generado, pues no hay nada peor para una democracia que
la impunidad de los agentes públicos. Esto constituye un elemento
fundamental para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las
autoridades, o de quienes ejercen funciones administrativas públicas.
¿Acaso pretendemos creer que las tremendas pérdidas económicas, traumas
generales en la población y otros graves efectos provocados por la
negligencia en el mantenimiento de la red eléctrica de Venezuela, es
algo que debe quedar impune? Y en estas acciones, todos los ciudadanos
tenemos el derecho de resistencia y de actuar contra quienes provocaron
estos hechos.
Hay quienes creen que se trata sólo de perseguir o hacer pagar a quienes
se han enriquecido corruptamente, pero lo cierto es, que también deberán
ser sometidos a la justicia, los daños que se le hayan causado a los
particulares o a la colectividad como un todo, por ignorancia,
ineptitud, negligencia o complejo.
No es fácil sancionar, ni siquiera civilmente los hechos del pasado y
tampoco debemos olvidarnos de los graves hechos del presente. Un delito
muy usual y cobarde, es el fácil y permanente "insulto" emitido por un
funcionario. Es un hecho ilícito y generador de responsabilidad ante el
grave daño moral causado.
Debe advertirse que el lavado de dinero es a veces la exteriorización
del enriquecimiento ilícito y la corrupción. A su vez, el lavado de
dinero también suscita la jurisdicción extranjera. Todo ello puede
importar probables responsabilidades del Estado y juzgamientos en el
exterior de sus funcionarios y ex funcionarios. La investigación de
estos fenómenos por jurisdicciones extranjeras, puede arrojar mucha luz
sobre hechos más cercanos
Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas, tendrán su respuesta, en
su momento.
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