Afirmó que inhabilitaciones de la Contraloría atentan contra DDHH
La fundación presidida por Jimmy Carter solicitó a que López se le
permita postularse a las elecciones
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 1 de octubre de 2011 12:00 AM
Antes de emitir su pronunciamiento en relación a la inhabilitación que
la Contraloría General de la República le impuso al exalcalde de Chacao,
Leopoldo López, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó la
opinión de seis organizaciones y personalidades de la región; entre
ellas la del Centro Carter, agrupación que criticó la sanción al
dirigente opositor.
La fundación creada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter
envió al tribunal regional un documento, de tres páginas (amicus
curiae), al que tuvo acceso El Universal y en el cual respaldó la
posición del coordinador del partido Voluntad Popular, quien denunció
que la medida en su contra violaba sus derechos a elegir y ser electo,
previstos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La norma antes citada contempla que todos los ciudadanos tienen derecho
a votar y presentarse como candidatos a las elecciones y que esos
derechos solo pueden ser limitados o restringidos por "razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental,
o condena, por un juez competente, en proceso penal".
Sin embargo, López fue inhabilitado por el fallecido contralor
Clodosbaldo Russián, quien no era juez, en uso de la potestad que le
confiere el artículo 105 de la Ley que regula al organismo que vela por
el buen uso de los fondos públicos.
"Se pudiera entender que el artículo 105 de la Ley de la Contraloría es
contrario al artículo 23 de la Convención Americana, pues permite al
contralor, de manera discrecional y hasta arbitraria, establecer una
sanción restrictiva de derechos la cual deriva en la inhabilitación de
un ciudadano por vía administrativa, sin las garantías del debido
proceso y sin requerimientos procedimentales adicionales, permitiendo
entonces la restricción y hasta la posible eliminación de los derechos
políticos garantizados por el artículo 23 convencional", argumentó el
Centro Carter en el escrito que le envió al juzgado y que firma su
director general, John Hardman.
La organización le advirtió a la Corte que tenía "una oportunidad única,
a través de la decisión del caso López, de establecer una clara y
apropiada conexión entre los Derechos Humanos previstos en la Convención
y el derecho a la democracia como se encuentra garantizado en la Carta
Democrática Interamericana".
El Centro Carter recordó que la Carta, la cual suscribió Venezuela en
2001, establece que uno de los elementos esenciales de la democracia es
el respeto a los Derechos Humanos.
El tribunal regional, en su fallo, terminó dándole la razón tanto a
López como al Centro Carter y a las otras cinco organizaciones y
personalidades, entre las cuales destaca el excanciller mexicano Jorge
Castañeda, que fijaron su posición sobre este caso.
La Corte dictaminó que las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría
violaban la Convención Americana, pues no las imponía un juez, luego de
un juicio con las debidas garantías, sino un funcionario administrativo;
y por ello exigió al Estado que le permita a López postularse y que
modifique la Ley de la Contraloría.
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