Fernando Ochoa Antich
Lunes, 7 de noviembre de 2011
Eso es lo que busca la apertura del juicio a los generales Ítalo del
Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona, José Rafael
León Orsoni y Luis Guillermo Fuentes Serra, por los sucesos del 27 de
febrero de 1989
Uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido
destruir a las fuerzas armadas institucionales que existían en Venezuela
en 1998. La ambición de poder de Hugo Chávez así lo ha impuesto. El
régimen chavista estableció dos líneas fundamentales de acción:
modificar sus valores democráticos y debilitar su prestigio social.
Ninguna de estas dos líneas de acción ha logrado alcanzar el éxito
totalmente. Las tradiciones militares de más de un siglo lo han
impedido. De allí que hayan decidido la creación de los oficiales de
milicias, para permitir que jóvenes del PSUV, sin formación militar,
puedan formar parte de los cuadros militares e iniciar una fuerte
campaña para desacreditar a los jefes militares que ejercieron funciones
antes del chavismo.
Eso es lo que busca la apertura del juicio a los generales Ítalo del
Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona, José Rafael
León Orsoni y Luis Guillermo Fuentes Serra, por los sucesos del 27 de
febrero de 1989. A todos, excelentes oficiales, mi solidaridad de amigo
y compañero de armas. Ese juicio, después de 22 años, sólo trata de
justificar ante la historia las razones de los golpes de Estado del 4 de
febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hugo Chávez conoce que no es
fácil olvidar su complicidad en los asesinatos de los oficiales y
soldados que murieron esos días. Es la misma estrategia aplicada al
sentenciar a los comisarios Simonovis, Forero y Vivas para disminuir la
responsabilidad de Hugo Chávez en los sucesos del 11 de abril de 2002.
Los acontecimientos del Caracazo fueron diferentes. Fue un estallido,
inicialmente espontáneo, que tomó caracteres de una rebelión popular por
la lentitud con que actuaron las diferentes autoridades civiles para
tomar las correspondientes medidas de control del orden público y por la
intervención de algunos grupos de izquierda radical. La Policía
Metropolitana, penetrada como estaba por un grupo subversivo dirigido
por Freddy Bernal, actuó con gran debilidad y la Guardia Nacional empezó
a operar demasiado tarde. A las pocas horas, la violencia se había
extendido por toda Caracas, produciendo gran temor en los sectores de
clase media, que al sentirse amenazados por saqueadores empezaron a
constituir grupos armados para defender las urbanizaciones.
Los saqueos fueron transmitidos por los medios de comunicación sin medir
las consecuencias. La violencia empezó a contagiar otras ciudades. Esta
grave situación obligó al gobierno nacional a suspender las garantías
constitucionales, establecer el toque de queda y ordenar a las Fuerzas
Armadas a aplicar el Plan Ávila a nivel nacional. Este plan cumplió
cabalmente su objetivo disuasivo en aquellas guarniciones en que se
pudo desplegar a las Fuerzas Armadas antes de iniciarse los saqueos.
Lamentablemente, esa no fue la situación de Caracas. Los hechos de
violencia, ante la falta de control de las autoridades civiles,
empezaron a tomar fuerza en toda la ciudad surgiendo el riesgo de un
enfrentamiento armado entre los distintos sectores sociales.
En esta compleja situación fue que se inició la intervención de las
Fuerzas Armadas. El desbordamiento social había tomado tal magnitud que
era imposible restablecerlo sin aplicar medidas represivas. Los
enfrentamientos se produjeron cuando algunas unidades de las Fuerzas
Armadas fueron atacadas con armas de fuego durante el patrullaje y en el
momento en que tomaron las zonas altas de la ciudad. Las consecuencias
tenían que ser muy graves. Los efectivos del Ejército y la Armada no
están entrenados ni sus armas son apropiadas para operaciones de orden
público. Además, el combate en localidades es de por si muy complejo ya
que el control de las operaciones recae sobre los comandantes de
compañía, pelotón y escuadra.
Justamente, ese es uno de los absurdos que se observa en el
razonamiento que hace el Fiscal del Ministerio Público para acusar al
general Ítalo del Valle Alliegro. Las Fuerzas Armadas es una
organización piramidal: el responsable de un hecho punible es el actor
material y el control de su actuación recae en el comandante de su
unidad. Tampoco tiene lógica alguna que el general Alliegro por haber
sido ministro de la Defensa ese día y responsable del Plan Ávila sea
"cómplice necesario" de los homicidios cometidos por los miembros de las
Fuerzas Armadas o de las Policías, en cualquier lugar de Caracas, por
tener "el deber de supervisar, dirigir y controlar las operaciones". Yo
me pregunto: ¿si no se conocen los autores materiales de esos supuestos
asesinatos puede existir un cómplice necesario? Sin duda, que no.
Sencillamente, una gran injusticia..
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