Prestaciones, el mito
Prestaciones sociales crean incertidumbre. Expertos consideran que el
proyecto es económicamente inviable. Si el Gobierno decide honrar la
antigüedad, se crearía serios problemas a la hora de pagar y mejorar
sueldos. Fedecámaras insiste en debatir la propuesta entre el Ejecutivo,
empresarios y trabajadores.
EDUARDO LUGO
La retroactividad de las prestaciones sociales es el primer motivo para
reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), por lo que es importante
saber cuál es la diferencia entre el modelo de prestaciones manejado
desde 1974 hasta 1997 y el vigente desde 1998, porque hay incertidumbre
tanto en el sector privado como en el público.
Fernando Barrientos, asesor laboral de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela explica que la diferencia es que anteriormente existía un
sistema de recálculo que duró más de 60 años en el país el cual tomaba
como base el último salario. Informa que en 1997 al mecanismo se le
agregó un abono de cinco días mensuales, donde la empresa ya no tiene
éste pasivo sino la obligación de depositarlo en una cuenta individual
al trabajador.
"Aquél sistema era un salario hacia atrás y éste lo va abonando en un
fideicomiso o lo tiene la contabilidad de la empresa. Ir al viejo
sistema con un 80% de salario es bastante significativo. Antes el 17.5%
del ingreso del trabajador era salario, el resto bonos que no impactaban
en las prestaciones y ahorita el 80% de lo que recibe repercute en las
prestaciones".
Barrientos aseguró que la Asamblea Nacional está en mora con el país al
no legislar sobre la materia y destacó que las agrupaciones oficialistas
la han frenado por el alto costo que representa.
ANÁLISIS PREVIO
Para el abogado laboral y asesor sindical, León Arismendi, antes de una
reforma de la LOT el Ejecutivo debe saber primero cuál es la antigüedad
promedio de los trabajadores que están en el sector público y en el
privado, lo que se precisó en la reforma de 1997, ya que es
indispensable para medir los costos.
Resaltó que el gran enemigo de cualquier modelo de prestaciones es la
inflación porque los mecanismos de pago no están programados para lidiar
con ella.
Con respecto a la antigüedad, Arismendi estima que los trabajadores que
tienen una relación laboral más prolongada están están en el sector
público, mientras que en el privadola antiguedad promedio es de cinco
años debido a que existe una alta rotación de empleados, por lo que los
costos del nuevo sistema serían menores para el sector privado.
"Los chavistas quieren llegar a un recálculo porque ya se hizo un
cálculo de un primer abono, que está sometido a revisión. No pueden
volver al régimen de 30 días por año porque implicaría desmejorar a la
mayoría de los trabajadores", dijo el asesor.
Añadió que "un trabajador que comenzó a laborar en el año 2.000 estaría
devengando 88 días de prestaciones. Pero si se le hace el recálculo a 88
días por toda la antigüedad hay que verla la cara en términos económicos".
Según Arismendi, las prestaciones significan que hay un crédito que el
trabajador tiene con su patrono, que ese trabajador puede solicitar
anticipos de hasta un 75% y que el patrono tiene la obligación de
entregarlos. No obstante, destacó que en el sector público no sucede eso
porque no se aplica y no se discuten contratos colectivos.
"Si en mayo de 2012 anuncian que hay un recálculo de las prestaciones,
entre enero y mayo de ese mismo año no habrá ajustes de salario. Si el
patrono pensaba que daría un aumento de 20%, ya no lo hará por la
incertidumbre en el nuevo cálculo", acotó.
PAGOS POSITIVOS
Los adeptos al presidente Chávez están deseosos de que se cancele de una
vez por toda las prestaciones sociales porque éstas representan una gran
deuda acumulada desde hace más de 10 años.
Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector
Público (Fetrasep) ymiembro de la Central Socialista Bolivariana de
Trabajadores, apoya completamente la retroactividad porque "la cuarta
república nos arrebató las prestaciones".
Dijo que apoya la iniciativa porque los integrantes de la nómina estatal
no han podido obtener los recursos que se les adeudan.
"Sentimos que el Gobierno hizo justicia por nosotros, los trabajadores.
En el pasado no existían ningunos de estos beneficios. Ahora los
empleados cobrarán las prestaciones con el último sueldo porque con el
viejo modelo de la cuarta república era imposible", expresó.
De igual manera, aseguró que el Gobierno pretende cancelar los pasivos
mediante la emisión de bonos petroleros que el Estado negociará con los
asalariados, lo cual el beneficiario decidirá invertirlos o convertirlos
en fideicomiso. Según Rondón, la iniciativa del Ejecutivo es positiva
porque los trabajadores pueden recibir los recursos para la inicial de
un apartamento o juntarse con un grupo de personas para formar una
empresa mixta.
PRODUCCIÓN EN INCERTIDUMBRE
Si el Gobierno pisa el acelerador para que se cancelen todas las
prestaciones sociales, que presuntamente alcanza la cifra de 18 mil
millones de dólares, la economía en todo el territorio nacional estaría
en riesgo, lo cual ocasionaría desempleo, alta inflación y contracción,
así lo afirmó el economista Alexander Guerrero.
A juicio del experto, el aparato productivo del país estaría en peligro
porque prácticamente el Estado se endeudaría. Además, señalo que el
sector privado se vería en aprietos porque volver al doblete del En
alusión a los asalariados de las fábricas e industrias, explicó que hay
compañías que entrenan a empleados por más de 10 años y si el Gobierno
decide honrar la antigüedad, se crearía serios problema en los entes
privados a la hora de pagar y mejorar sueldos. el pago de prestaciones
provocaría que diversas empresas cierren a consecuencia de la
incapacidad de pago que tendrían.
En referencia al salario mínimo, aseguró que la reforma de la LOT hacia
las ayudas sociales implicaría que el Gobierno no proceda a hacer nuevos
aumentos de sueldos porque el presupuesto estaría destinado únicamente a
la cancelación de los pasivos laborales aspecto con el que tienen más de
10 años de mora.
Por su parte, Jorge Roig, primer vicepresidente de Fedecámaras, expresó
que antes de que el Ejecutivo apruebe una nueva norma jurídica éste se
tiene que sentar con las organizaciones privadas y de trabajadores- como
una especie de tripartita- para evaluar cómo será la cancelación de las
deudas laborales.
"Aún no conocemos el texto de lo que se quiere reformar pero hemos
escuchado que uno de los cambios es la retroactividad de las
prestaciones sociales. En 1997 se tocó este tema en el Parlamento pero
fue rechazado porque causaba daño al país", expresó.
El integrante de la cúpula empresarial aseguró que la implementación de
un nuevo régimen de prestaciones atentaría contra la estabilidad laboral
por el costo que asumirían las empresas hacia los trabajadores.
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